Los incendios de este verano han abierto, de nuevo, el debate competencial en España. «¿Quién es el responsable de las carencias en la prevención de los incendios?» es una pregunta sencilla, que sólo admite respuestas complejas.
Empecemos señalando que, aunque España es un Estado altamente descentralizado, las distintas Administraciones no se conciben como compartimentos estancos. Con unas pocas salvedades, como defensa y política exterior interestatal, la práctica totalidad de competencias son compartidas. Si leemos la letra pequeña, incluso las competencias que se etiquetan como «exclusivas» del Estado o de las Comunidades Autónomas acaban por no serlo tanto.
«aunque España es un Estado altamente descentralizado, las distintas Administraciones no se conciben como compartimentos estancos»
La educación, por ejemplo, se supone que es una competencia autonómica ¿verdad? En gran medida lo es, pero, salvo los trienios, el sueldo de los profesores lo paga el Estado. También el Estado diseña el currículum general de los estudios. En algunos niveles educativos, como guarderías e infantil, ya no solo las CC.AA., sino también los ayuntamientos participan de la gestión.
¿Sanidad es una competencia autonómica? Pues sí, incluso más que educación, pero el número de plazas de MIR las decide el Ministerio. Cosas parecidas ocurren con agricultura, consumo y otras tantas.
«la práctica totalidad de competencias son compartidas»
Aclaremos que esto no es una particularidad del modelo de descentralización español. Ocurre lo mismo, hasta en los países con mayor descentralización del mundo, como Brasil, México o Estados Unidos, donde hay códigos penales diferentes según el territorio. Por otra parte, parece lógico ¿no? Después de todo, el deber de las Administraciones es trabajar para el ciudadano. O debería serlo…
La Ley 43/2003, de Montes es bastante taxativa en este sentido:
«La Administración General del Estado y las comunidades autónomas organizarán coordinadamente programas específicos de prevención de incendios forestales basados en investigaciones sobre su causalidad y, en particular, sobre las motivaciones que puedan ocasionar intencionalidad en su origen» (art. 44.1)
Aun dice más:
«Las Comunidades Autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. […]. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará, con la participación de las comunidades autónomas y previo informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes, que se aprobarán mediante real decreto.» (art. 48.1 i 2)
Sobre estas bases, toca husmear qué han hecho las distintas Administraciones.
«La Ley 43/2003, de Montes es bastante taxativa»
Si el lector googlea “Directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales” descubrirá que el Gobierno central aprobó su última versión en el Real Decreto 716/2025… ¡el pasado 26 de agosto!
No es que el texto sea una gran cosa. En quince artículos despachan todas las directrices en un tono tan abstracto que no llega ni a generalista. La mayoría de las directrices remiten a otros documentos que habrán de elaborarse. La pinta que tiene es la de un trabajo hecho a toda prisa, para cubrir el expediente.
«el Gobierno central aprobó su última versión… ¡el pasado 26 de agosto!»
He intentado buscar las directrices anteriores a 2025. El documento jurídico como tal no lo he encontrado –no digo que no exista, a veces los reglamentos derogados desaparecen. Sí he dado con algunos materiales en la web que en fin… Ni una medida concreta.
Después de cotillear un rato entre los documentos equivalentes de Castilla y León, Andalucía y Galicia, me llevo una impresión parecida: frases genéricas, escasísima concreción, ausencia total de referencias a la causalidad y carencia mayúscula de dotación presupuestaria para la prevención de incendios. Ya se sabe que, sin recursos económicos, la mejor de las leyes se queda en papel mojado.
«poco o nada sorprende, que haya material antiincendios que varíe de una autonomía a otra»
Ante semejante panorama, poco o nada sorprende, que haya material antiincendios que varíe de una autonomía a otra. En consecuencia, la Unidad Militar de Emergencias debe transportar, por ejemplo, diferentes llaves de paso, para homologarse a los distintos medios autonómicos. Tampoco sorprenderá que la inversión en bomberos y guardas forestales haya decaído en la última década, empeorándose sus condiciones laborales.
¿Conclusión? Como decía mi padrastro, las Administraciones de este país deben hasta de callar. Ninguna está para echarle las culpas a la otra. Más bien, deberían ofrecer una disculpa colectiva por haber prestado tan poca atención a la prevención de incendios.
«Como decía mi padrastro, las Administraciones de este país deben hasta de callar»
Alguien me dirá que soy equidistante. Yo mismo me he preguntado si mi razonamiento no lo es, pero, con sinceridad, no puedo llegar a otras conclusiones. Nadie ha hecho su trabajo. Si la responsabilidad está a 50%-50% o 60%-40% (a favor del Estado o de las CCAA) me parece un matiz irrelevante cuando hay muertos en esta tragedia, amén de gente que lo ha perdido todo.
Ahora mismo toca aprobar ayudas de verdad para los damnificados y hacer planes para prevenir en el futuro, en unos términos suficientemente específicos para que tengan algún impacto. A lo largo de todo este proceso, Estado y CC.AA. deberían coordinarse debidamente.
«Estado y CC.AA. deberían coordinarse debidamente»
Nuestra legislación prevé una figura: la comisión bilateral entre gobierno y autonomía, a la que prácticamente no se le saca partido –últimamente sólo se ha utilizado para Cataluña y no para hablar de cosas prácticas, como se imaginará. Con una agenda del día solvente, estos espacios de encuentro pueden convertirse en la primera piedra de una buena solución.
A propósito, facilitar la coordinación entre autonomías también estaría de maravilla.
Mejorar las condiciones de vida de bomberos y guardas forestales –con independencia de la denominación que reciban en cada autonomía– parece otra cuestión clave. Pero, sobre todo, marcar unos objetivos concretos, con un calendario desplegado a lo largo del año, huyendo de las vaguedades, parece la única vía de aliviar este problema en el futuro.
«¿El Pacto de Estado que ofrece el Presidente es una vía?»
¿El Pacto de Estado que ofrece el Presidente es una vía? Por carácter, recelo bastante de todo lo que suena a grandilocuencia. Malas experiencias personales, supongo. A menudo, las grandes propuestas se agotan en la altisonancia de su título.
El pacto de Estado es un acuerdo entre fuerzas políticas nacionales. Sin duda, puede ser un vehículo para las soluciones, pero también puede no serlo. Al final, el «pacto de Estado» es un formato. Lo que aquí importa es el contenido y, sobre todo, la voluntad de llevarlo a cabo.
