¿Qué son considerados actos terroristas en el plano internacional?, ¿está sometida la denominada lucha contra el terrorismo a algún régimen jurídico?, y si así fuese, ¿resulta de aplicación a este respecto el régimen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)? Sin duda, son preguntas que hemos de plantearnos a la hora de considerar la realidad que nos rodea en el orden internacional actual.

Y es que, cada vez con mayor frecuencia, se escuchan voces desde muy distintos estrados –tanto institucionales como no institucionales– que parecen abogar por un régimen de lucha contra el terrorismo sin límite ni cortapisa alguna. Ello sobre la base de la pretendida consecución de uno fines en aras de cuyo logro parece que todo se justifica.

Pues bien, en este sentido hemos de partir afirmando que, en la esfera internacional, la lucha contra el terrorismo no opera en un vacīvus o kenos, sino que queda insertada en un ordenamiento jurídico: el Derecho Internacional Público. Ordenamiento articulado por una serie de principios y de normas que le dan coherencia. Y, precisamente, entre las peculiaridades de dicho ordenamiento se encuentra unas normas que podríamos añadirle el adjetivo de sustanciales; las denominadas normas imperativas o de ius cogens. Normas que no admiten pacto en contrario y que protegen intereses fundamentales y esenciales de la comunidad internacional en su conjunto. No es pacífico su listado completo, pero sin duda entre ellas se incluyen la prohibición del genocidio, la prohibición de la tortura, la prohibición de la discriminación racial y el apartheid, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de los crímenes de lesa humanidad, el respeto de las normas básicas del Derecho internacional humanitario, el derecho a la libre determinación de los pueblos o la prohibición de la agresión, entre otras.

Más aún, debido a su especial naturaleza, la violación por parte de cualquier Estado de cualesquiera de estas importantísimas normas genera una serie de consecuencias cualificadas. En primer lugar, es deber de cada Estado de la comunidad internacional cooperar para poner fin por medios lícitos a toda violación grave de esta categoría de normas; en segundo lugar, ningún Estado reconocerá como lícita la situación originada que se deriva de su violación, ni prestará ayuda o asistencia para mantener dicha situación; y, en tercero, cualquier Estado se encuentra facultado para invocar la responsabilidad internacional del Estado autor de la violación.

Siguiendo con este constructo argumental, y reforzando el mismo, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos –una de las ramas del Derecho Internacional Público– nos encontramos ante un núcleo de derechos que por ningún motivo, ni en tiempos de paz, ni en tiempos de guerra, pueden ser objeto de suspensión por los Estados que son partes en los respectivos tratados. En este sentido, acudiendo a tratados ampliamente ratificados, podemos citar como ejemplo el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Preceptos que bien merecen una lectura, y donde se promulgan, entre otros, la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de las leyes penales de carácter retroactivo, la libertad de pensamiento, conciencia y religión o el derecho a la personalidad jurídica.

Más aún, este núcleo básico, inderogable y medular de derechos humanos presenta una coincidencia más que destacada con el contenido del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, así como con los artículos 75 de su Protocolo adicional I y los artículos 4 a 6 de su Protocolo adicional II. Y es que hemos de recordar que sendas ramas del Derecho Internacional tienen una última ratio común: la protección de la dignidad del ser humano.

En este sentido, la premisa de partida para que rija el Derecho Internacional Humanitario es la existencia de un conflicto armado, ya sea un conflicto armado internacional (CAI) o un conflicto armado no internacional (CANI). De manera que una vez resulte de aplicación el DIH, cualquier acto, con independencia de su naturaleza, se rige por su sistema de normas y principios. Dicho con otras palabras, si nos encontramos ante un grupo armado (o un Estado) que lleva a cabo tácticas terroristas, ello no es óbice para determinar si nos encontramos ante un conflicto armado y que rija el Derecho Internacional Humanitario. A lo que hemos de añadir que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no se evapora cuando estamos ante un conflicto armado, pues, como mínimo, los Estados han de respetar el núcleo de derechos humanos antes referido que no pueden ser objeto de suspensión bajo ninguna circunstancia.

Por ende, sobre la base de lo expuesto nos encontramos en la posición de afirmar que la lucha contra el terrorismo queda supeditada al respecto de las obligaciones, tanto de Derecho Internacional general, como de Derecho Internacional Humanitario y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aceptadas por los distintos Estados. De manera que tales cuerpos normativos no operan de manera autónoma, sino que se articulan entre sí, se complementan mutuamente y actúan como arterias comunicantes; incluso en tiempos de emergencia nacional, guerra o de cualquier otra situación extraordinaria.

Por último, dando ya cierre a estas reflexiones, nos queda por atender a la primera pregunta formulada. Al respecto, el lector ha de ser consciente que en el Derecho Internacional vigente no existe una definición consensuada de “terrorismo”. Ya desde el año 2000 se ha venido negociando en el marco de la Asamblea General de la ONU un proyecto de convención general sobre el terrorismo. Sin embargo, uno de los escollos más acusados a los que se está enfrentando su adopción definitiva es, precisamente, la definición de su objeto.

De tal suerte que, ante la ausencia de un tratado general que regule la lucha contra el terrorismo –y ante la ausencia de un consenso sobre una definición de terrorismo– en el Derecho Internacional vigente contamos con un enfoque convencional –a lo que hemos de añadir el adjetivo de sectorial, no global– estructurado en dos niveles: universal y regional. En otras palabras, los Estados solo se han puesto de acuerdo en adoptar tratados que regulen aspectos concretos del terrorismo. Por ende, para que el nombre de la lucha contra el terrorismo no sea utilizada con fines espurios, la primera tarea pendiente sería llegar al acuerdo de una definición pacífica sobre dicho término. Mientras que la segunda tarea perentoria sería la de articular el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con tales convenios sectoriales universales y regionales, pues tras dedicarles un detenido estudio en los últimos meses – nos remitimos a este respecto a una próxima publicación científica–, se plantean ambigüedades, omisiones y silencios clamorosos..

Por otro lado, manifestamos que, si bien, la libre determinación de los pueblos se erige en una norma de ius cogens, de todo lo expuesto también se deriva que en la consecución de la liberación del yugo colonial o del dominio militar extranjero se debe respetar el resto de normas de ius cogens. Por ello, la exclusión de las luchas de liberación nacional de ciertos tratados regionales contra el terrorismo parece que no hace sino ahondar en la confusión que reina en la materia. Extremo que encontramos en la Convención Árabe para la Supresión del Terrorismo de la Liga de los Estados Árabes de 1998, en la Convención sobre la Lucha Contra el Terrorismo Internacional de la Organización para la Cooperación Islámica de 1999 o en la Convención para la Prevención y la Lucha Contra el Terrorismo de la Unión Africana de 1999. De hecho, como apuntan profesores como Joaquín Alcaide, “si esas luchas deben conducirse «de acuerdo con los principios del DI», como reconocen esos propios tratados regionales, debe admitirse que en caso alguno podrían conllevar la comisión de actos y actividades terroristas” (PUCP, 2009).

Por ende, dando cierre a estas líneas, como ha llegado a poner de manifiesto muy distintos órganos y organismos de las Naciones Unidas, en la pretendida lucha contra el terrorismo –especialmente en las últimas décadas– se están cometiendo significativas violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. De tal suerte que ante tal escenario sostenemos que el respeto y protección del DIDH y del DIH no ha de ser entendido como una cortapisa para la consecución de la seguridad nacional e internacional, sino que, por el contrario, precisamente a través de su salvaguardia se reafirma el Estado de Derecho en el que aspiramos a vivir, se previene radicalismos y se refuerza el círculo virtuoso de paz, lucha contra la impunidad, estabilidad y desarrollo económico, social y cultural.

Sin duda, nuestra actuación y respuesta frente a las deleznables actuaciones terroristas va a determinar cómo se erige la comunidad internacional del presente y del futuro; una comunidad internacional que no se puede permitir traicionar en su recorrido a sus principios fundamentales y a sus valores aspiracionales.