El principio de igualdad implica que la ley, en su contenido y aplicación, ha de dar un tratamiento igualitario a todos los ciudadanos. La discriminación, por su parte, es un tipo específico de diferencia en el trato que se produce por la pertenencia de la persona a una categoría social o a un colectivo específico.

Que una ley sea igualitaria no implica que evite discriminaciones. Es más, en ocasiones las agrava, como sucede con el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones de maternidad y paternidad por parte de la Seguridad Social.

Como es sabido, desde el 1 de enero de 2021 los permisos de paternidad y maternidad pasan a llamarse permisos por nacimiento y se igualan en 16 semanas para la madre biológica y para el otro progenitor, sea cual sea su sexo. Se busca así «avanzar en la corresponsabilidad y en la reducción de brechas laborales» y por eso se definen como igualitarios amén de intransferibles. Hasta aquí todo muy bonito. Pero la normativa acentúa conocidas diferencias entre los menores que, según tengan uno o dos progenitores, tendrán distinto cuidado y protección. Un hecho que, no por habitual, debe tolerarse. Al contrario, hay que denunciarlo y exigir su corrección.

Así lo ha hecho una magistrada, madre biológica y progenitora única, solicitando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el derecho a disfrutar de las semanas de permiso que le habrían correspondido al otro progenitor si hubiese sido una familia biparental.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aceptado su petición y ha acordado permitir a jueces y juezas, que sean progenitores legales únicos en familias monoparentales, disfrutar de forma acumulada de los permisos de maternidad y paternidad «para proteger el interés superior de los menores de familias monoparentales».

La Comisión aclara que lo contrario vulneraría el derecho de no discriminación del menor al impedir que se beneficie del mismo tiempo de atención y cuidados que habría tenido de nacer en una familia con dos progenitores.

Impecable pronunciamiento que entraña preguntas obvias. ¿Solo jueces y juezas? Los menores que no tienen por madre una jueza ¿tienen menos derechos?, ¿pueden ser discriminados? La hija de una doctora, de un taxista, de una cajera ¿es de segunda clase?

No es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces reconoce derechos similares a miembros de la carrera judicial. Ya sucedió el pasado verano, cuando concedió 16 semanas de permiso (maternidad), en lugar de las 12 previstas por paternidad, a un juez de Canarias, único progenitor de un niño nacido por gestación por sustitución.

El CGPJ consideró que, en el caso de menores nacidos tras gestación subrogada, debe protegerse el vínculo familiar entre estos y sus padres, tal y como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, procede la ampliación del permiso.

Lógicamente, surgen las mismas cuestiones. ¿Sólo jueces? La hija de un carpintero, nacida por gestación subrogada, ¿no necesita lo mismo que cualquier otra niña?

No son los únicos pronunciamientos. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoció el derecho de una madre sola a disfrutar de 24 semanas de permiso al sumar, a las antiguas dieciséis semanas de baja maternal, las ocho que habrían correspondido al padre. Pero la sentencia no modificó la ley.

Como tampoco lo hizo la reciente recomendación del Justicia de Aragón a la Consejería de Educación para que realizase las modificaciones pertinentes para «asegurar al menor un periodo de cuidado igual que si formara parte de una familia biparental».

Los políticos son expertos en hacer oídos sordos, pero frente a su universo del «unos sí, otros no», la igualdad de trato debe ser un objetivo social, más aún tratándose de menores. Esa es la meta que persigue la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) al presentar una queja, ante el Defensor del Pueblo, por «vulneración de los derechos de las familias monoparentales y de sus hijos e hijas» tras la reforma de los permisos por nacimiento.

Los argumentos que esgrimen son de peso. Las diferencias en el trato del menor son tales que una familia biparental disfrutará de un permiso de 32 semanas, 2 horas de lactancia -repartidas entre ambas personas progenitoras- y de una prestación para compensar la reducción de jornada laboral. Del otro lado, una familia monoparental tendrá un permiso de 16 semanas, 1 hora de lactancia y ninguna prestación para facilitar una reducción de jornada.

Es decir, si hay dos progenitores, y pueden repartir mejor las cargas, se les presta más apoyo que si se trata de una madre sola y todo depende, en exclusiva, de ella.

Las cosas no cambian si no las cambiamos nosotros. Madres y padres tenemos dos opciones. Resignarnos y aceptar que nuestros hijos sean clasificados por categorías o enfrentarnos a lo injusto.

No caigas en el peor de los errores: el silencio, dijo Walt Whitman, el insumiso padre del verso libre. No erremos. El ejercicio de los derechos no puede conducir a la existencia de menores de primera y de segunda clase. Cualquiera que sea su origen, su familia o la forma en que llegan al mundo, todos deben contar con las mismas oportunidades. Si se discrimina a un niño, el problema no está en el niño ni en su familia. Está en la legislación que tolera esa discriminación.

La familia monomarental y monoparental también existen. El Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, tiene un defecto congénito que hay que remediar. El poder legislativo debe modificarlo para que, incluyendo todos los modelos familiares, ofrezca la misma consideración a todos los menores.

Es cuestión de igualdad real. Es cuestión de no discriminación.

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