Desde que estallaron los escándalos de corrupción del caso Ávalos-Cerdán, muchas voces proponen que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El rumor es que al propio presidente se le ha cruzado esa posibilidad por la cabeza. Pero la habría desechado, al saber que Podemos le negaría el apoyo y tampoco estaría garantizado ni el de Junts ni el PNV. En pocas palabras, que existía un gran riesgo de perderla. Sin embargo, con independencia del resultado, en España, la cuestión de confianza es una mala solución para resolver esta crisis política.
Si el gobierno supera la cuestión de confianza, todo sigue igual. Poco familiarizada con este ritual parlamentario, a la opinión pública, le sabrá a poco. ¿Y si la pierde? Pues entonces Pedro Sánchez no podrá convocar elecciones.
«Desde que estallaron los escándalos de corrupción del caso Ávalos-Cerdán, muchas voces proponen que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.»
Perder una cuestión de confianza, para el gobierno, tiene el mismo efecto que presentar su dimisión al Rey. Desde ese momento, se convierte en un gobierno interino, ya no puede proponer leyes ni presupuestos. Tampoco podrá convocar elecciones.
A grandes rasgos, es como si el parlamento volviera a la casilla de salida después de las elecciones. El Rey debe proponer un candidato para presidir el gobierno, quien se someterá al debate de investidura. Si no logra la confianza del parlamento –por mayoría absoluta en la primera votación o simple en la segunda– se activa el cronómetro de los dos meses.
«Si el gobierno supera la cuestión de confianza, todo sigue igual […], a la opinión pública, le sabrá a poco»
Según le aconsejen los partidos políticos, durante ese periodo, el Rey puede proponer otros candidatos o, simplemente, esperar al día en que el presidente del Congreso le lleve el decreto de disolución. Lo indeseable de este escenario es que, como se entenderá, las elecciones no se pueden convocar de hoy para mañana.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que deben pasar al menos 38 días entre la convocatoria de elecciones y el inicio de la campaña electoral. En ese mes largo, hay mucho por hacer. Se comprueba el censo electoral, los partidos presentan sus candidaturas, se sortean los puestos de las mesas electorales y se convocan las Juntas Electorales, encargadas de supervisar el proceso. Seguidamente, habrá quince días para la campaña electoral.
«¿Y si la pierde? Pues entonces Pedro Sánchez no podrá convocar elecciones»
En resumen, desde que Pedro Sánchez perdiera la hipotética cuestión de confianza, hasta que los españoles, por fin, pudiéramos meter nuestro voto en una urna pasarían casi cuatro meses. ¡Cuatro meses en un estado de perpetua ansiedad electoralista! Con los partidos machacándonos 24/7 con eslóganes…
Dudo mucho que alguien desee verse en ese escenario. Por eso, cualquier que sea su desenlace, la cuestión de confianza me parece una pésima solución.
A todo esto, la cuestión de confianza ¿qué es? Se trata de una figura mucho menos conocida que, por ejemplo, la moción de censura. Permite al presidente del gobierno pedir una especie de nueva investidura.
«desde que Pedro Sánchez perdiera la hipotética cuestión de confianza, hasta que los españoles, por fin, pudiéramos meter nuestro voto en una urna pasarían casi cuatro meses»
Los motivos que le pueden llevar a esto son muy diversos. Como norma general, diríamos que se aplica cuando que el gobierno ve su posición muy débil y se anticipa a una moción de censura. Le lanza un órdago al parlamento: ¡Si te atreves, destitúyeme!
Para ganar la cuestión de confianza, el gobierno necesita sólo mayoría simple –más síes que noes. Esto la diferencia de la moción de censura, que sólo prospera por mayoría absoluta –la mitad más uno de los votos. Se trata de un enfoque coherente. La moción de censura cambia a un presidente del gobierno por otro. La cuestión de confianza, simplemente, autoriza a continuar al titular de turno.
«la cuestión de confianza […] permite al presidente del gobierno pedir una especie de nueva investidura»
Después de todo, un presidente puede superar su debate de investidura por mayoría simple en la segunda votación. Así ocurrió con Zapatero en 2008, Rajoy en 2016 o el propio Pedro Sánchez en 2020. Por tanto, resultaría irracional exigirle la mayoría absoluta para seguir.
La decisión de celebrar una cuestión de confianza depende exclusivamente del presidente del gobierno. La constitución le exige que primero consulte a sus ministros, pero, aunque el consejo de ministros se le manifestara en contra, el presidente puede seguir adelante.
«Para ganar la cuestión de confianza, el gobierno necesita sólo mayoría simple»
En el debate subsiguiente, se parece mucho al de investidura. El presidente del gobierno disfruta de tiempo ilimitado para explicar por qué ha decidido someterse a una cuestión de confianza y por supuesto defender la continuidad de su programa de gobierno. Antes de la votación, los grupos parlamentarios le darán la réplica.
Desde 1978, la constitución define España como una monarquía parlamentaria. Esto significaría que el parlamento se encuentra en el centro de nuestra vida política. Por eso, elige al gobierno y este depende de su confianza para continuar. Según esta lógica, el colapso de un gobierno no debería dar lugar a la finalización anticipada de una legislatura. El Congreso podría elegir uno nuevo. Con la excepción de Calvo Sotelo, que sucedió a Suárez, tras su dimisión en 1981, esto nunca se ha producido.
«Según esta lógica, el colapso de un gobierno no debería dar lugar a la finalización anticipada de una legislatura»
Por desgracia, la excesiva disciplina de partidos ha desvirtuado al parlamento. No es superior al gobierno, ni siquiera un coprotagonista. Actúa como su subordinado.
Esta situación se ha traducido en que el ceremonial parlamentario despierta un interés más que limitado entre la población. Por eso, la cuestión de confianza, si bien no inédita, apenas ha contado con aplicaciones. Sólo dos veces se ha utilizado a nivel estatal y únicamente otras dos ¡en todas nuestras 17 autonomías!
«Por desgracia, la excesiva disciplina de partidos, ha desvirtuado al parlamento»
Adolfo Suárez convocó la primera cuestión de confianza de nuestra historia constitucional en 1980. Entonces, el resultado le reforzó al Gobierno. Si bien, en su investidura en 1979, Suárez había conseguido 183 votos a favor frente a 149 en contra, en 1980, muchos dudaban incluso de que pudiera superar la cuestión de confianza, aunque al final lo logró por apenas tres votos menos que su investidura:
- A favor 180: UCD (167), Convergència i Unió (8) y el Partido Andalucista (5).
- En contra 164: PSOE (121), PCE (22), Coalición Democrática (9), PNV (7), Unión Nacional (1), Euskadiko Ezkerra (1), Unión del Pueblo Canario (1), Partido Aragonés (1) y Unión Pueblo Navarro (1).
- Abstenciones 2: UCD (1) y ERC (1)
- Ausentes 4: Herri Batasuna (3) y PCE (1)
La segunda y última cuestión de confianza, la convocó Felipe González y respondió a un contexto más que sui generis. En 1989, se impugnaron los resultados de las elecciones en Pontevedra, Murcia y Melilla. Esto paralizó la elección de esos diputados, mientras se resolvían los recursos y apelaciones judiciales.
«dos veces se ha utilizado a nivel estatal y únicamente otras dos ¡en todas nuestras 17 autonomías!»
Pese a ello, la Junta Electoral Central autorizó la constitución del Congreso y la celebración de la investidura. Al estar vacíos varios escaños, Felipe González logró su investidura con una atípica mayoría absoluta de 167 síes –166 de su partido y 1 de Agrupaciones Independientes de Canarias– en lugar de los 176 habituales.
En 1990, los tribunales confirmaron los resultados de Murcia y Pontevedra. Sin embargo, obligaron a repetir las elecciones en Melilla, donde el diputado de la ciudad autónoma cambió del PSOE al PP. Esto dejó al partido con 175 escaños, uno menos de la mayoría absoluta.
«Adolfo Suárez convocó la primera cuestión de confianza de nuestra historia constitucional en 1980»
Aunque se le pueden afear muchas cosas, en esta ocasión, Felipe González se mostró indiscutiblemente elegante. Ninguna norma legal ponía en tela de juicio su investidura. Además, disfrutaba de una mayoría parlamentaria más que sólida. Pero, en deferencia a la nueva composición del Congreso, en especial a los diputados que no pudieron participar en su votación de investidura, decidió someterse a una cuestión de confianza que superó por mayoría absoluta:
- A favor 176: PSOE (175) y Agrupaciones Independientes de Canarias (1).
- En contra 130: PP (105), Izquierda Unida (16), Partido Andalucista (2), Unión Valenciana (2), Eusko Alkartasuna (2), Euskadiko Ezkerra (2) y Partido Aragonés (1).
- Abstenciones 37: Convergència i Unió (18), Centro Democrático y Social (14), PNV (5) y Partido Aragonés (1).
- Ausentes 7: Partido Popular (2), Izquierda Unida (1) y Herri Batasuna (4)
Las peculiaridades de cuestión de confianza de 1990 hacen que su función original quede desvirtuada. En la práctica, podemos decir que, a nivel estatal únicamente hemos tenido una auténtica cuestión de confianza. A nivel autonómico, constan otras dos cuestiones de confianza: Canarias (1989) y Cataluña (2016).
«La segunda y última cuestión de confianza, la convocó Felipe González y respondió a un contexto más que sui generis»
A finales de los ochenta, se encontraba al frente de archipiélago atlántico, Fernando Fernández. Juno a su sucesor, el único presidente autonómico del partido Centro Democrático y Social (CDS), fundado por Suárez, después de su salida de La Moncloa.
La propuesta de una cuestión de confianza obedeció a las discrepancias entre los diversos partidos –el CDS, Reagrupamientos Independientes de canarias (AIC) y Alianza Popular (hoy PP), así como, ocasionalmente, Grupo Independiente de Hierro– que sustentaban al gobierno de Fernández, en especial, en torno a la reforma universitaria en las islas. Aunque fue derrotado, algunos le propusieron que tratara de rehacer puentes con los socios, postulándose de nuevo como presidente, hasta acabar la legislatura. Fernández declinó. Después de su retirada, su sucesor, Lorenzo Olarte rearmó la inestable coalición hasta las siguientes elecciones.
«A nivel autonómico, constan otras dos cuestiones de confianza: Canarias (1989) y Cataluña (2016)»
En cuanto al caso catalán, en 2016, el govern de Puigdemont vio rechazados sus presupuestos, ante la negativa de la CUP a darles apoyo. El president se sometió entonces a una cuestión de confianza que ganó con 72 votos –62 de Junts pel Sí, su partido, y los 10 de la CUP. El resto del hemiciclo votó en conta. Paradójicamente la CUP avisó a Puigdemont de que su voto a favor la continuidad de su gobierno, en nada garantizaba su apoyo a unos presupuestos. Por su parte el president se comprometió a convocar un referéndum por la independencia en 2017, con o sin la aprobación del Estado.
La cuestión de confianza catalana pasó dramáticamente desapercibida. Hoy apenas un puñado de catalanes sabemos que se produjo. Esto demuestra lo que antes mencionábamos: el monumental desinterés público por el parlamento.
«la cuestión de confianza ha degenerado un instrumento ineficaz, si se trata de restaurar la confianza de la población en el gobierno»
La apatía general hacia la actividad parlamentaria se manifiesta en muchos ámbitos, por ejemplo, en la cada vez mayor indiferencia a que el gobierno no pueda apoyar leyes ni presupuestos, a que nadie espere nada del debate parlamentario, más que un rosario de eslóganes y a veces mala educación; asimismo, a que se resienta el aspecto simbólico de la cuestión de confianza, que, por otra parte, constituye su dimensión el principal –sobre todo en caso de resultado favorable.
Por eso, la cuestión de confianza ha degenerado un instrumento ineficaz, si se trata de restaurar la confianza de la población en el gobierno.
