Un buen amigo me pidió si esta semana podía valorar el programa electoral de Vox. Quería saber hasta qué punto era tan terrible como dicen algunos medios. Como norma, evito meterme en temas tan netamente políticos, pero por amistad haremos una excepción.
Mis simpatías por el partido de Abascal son escasas, sino inexistentes. No obstante, su demonización me parece injusta, además de una torpeza. Coloca a Vox en la cómoda posición de víctima. Precisamente, en las críticas hechas en algunos medios al programa electoral del partido se empeora su contenido aprovechando sus ambigüedades.
“¿Qué partido no promete cosas imposibles en campaña electoral?”
Seamos sinceros ¿qué programa electoral no acumula inexactitudes? ¿Qué partido no promete cosas imposibles en campaña electoral? Sin ir más lejos, recientemente se ha prometido a todos los jóvenes, 20.000 euros de subvención.
Intentando ser mínimamente objetivo, limitaré este comentario crítico al texto del programa. Distinguiremos primero, aquellas promesas de Vox que son legalmente realizables mediante la aprobación de una ley. Después identificaremos aquellas que chocan con la constitución o las normas de la Unión Europea. Más brevemente, comentaremos, al final, aquellos aspectos del programa que parecen difícilmente realizables desde un punto vista legal o financiero.
“limitaré este comentario crítico al texto del programa”
Entre sus propuestas más renombradas ¿cuáles podría llevar a cabo Vox mediante reformas legales? Esto es, suponiendo que controlen una mayoría del Congreso, claro.
- Derogar la ley de la eutanasia.
- Reformar la ley de educación para imponer un nuevo programa curricular, según sus propias palabras, con “contenidos sobre la historia de España, […] con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales, así como a los símbolos de la Nación” (punto 23)
- Derogar la reforma laboral del 2013.
- Derogar la llamada “ley trans”.
- Reimplantar el delito de sedición.
- Ampliar los supuestos de prisión permanente revisable.
- Proteger penalmente los ultrajes a los símbolos nacionales, dentro de los límites de la libertad de expresión.
Vamos ahora con las propuestas que Vox no podría sacar adelante, ni aún con mayoría absoluta en el Congreso, porque infligirían la constitución o con el Derecho de la UE.
“No es posible aplicar un 155 inmediato”
No es posible aplicar un 155 inmediato, como promete hacer con autonomías cuyos gobiernos “utilicen recursos e instrumentos […] contra la unidad de España” (punto 20). El propio precepto constitucional, establece que primero ha de hacerse un requerimiento a la autonomía. O sea, hay que pedirle que vuelva a la legalidad. Sólo si se niega o no contesta, puede el senado autorizar su intervención. Así lo expone el propio Tribunal Constitucional en sus sentencias 89 y 90/2019, donde especifica que es imposible que una suspensión indefinida de una autonomía.
Nuestra constitución también impide acabar con el régimen fiscal de las provincias vascas y de Navarra (Disposiciones Adicionales 1ª y 2ª). Por cierto, también protege el régimen fiscal canario (Disposición Adicional 3ª). Aunque es posible operar algunas reformas menores a escala legal, no habría más remedio que reformar la carta magna si el objetivo es abolir esos estatus.
“Nuestra constitución también impide acabar con el régimen fiscal de las provincias vascas y de Navarra”
La bonificación al 100% de las cotizaciones a la seguridad social el primer año y 50% el segundo año para “las empresas que contraten trabajadores españoles de manera indefinida” (punto 31) infringe el art. 14 de la constitución, además de varias normas básicas de derecho comunitario europeo. No es posible privilegiar arbitrariamente a tus ciudadanos nacionales, discriminando a otros ciudadanos de la UE o, sencillamente, a extranjeros que residen legalmente en España.
Tampoco es posible promocionar los productos agrícolas y ganaderos españoles, discriminando a los europeos. La Política Agrícola Común de la UE exige que todos los países compren y vendas productos producidos en países miembros sin distinción. Por eso, Francia debe comprarle leche a España, sin ir más lejos.
“La bonificación al 100% de las cotizaciones a la seguridad social el primer año […] empresas que contraten trabajadores españoles de manera indefinida […] infringe el art. 14 de la constitución”
Después de la sentencia del tribunal constitucional de 9 de mayo (44/2023), la abolición del derecho al aborto en los primeros estadios del embarazo exigiría de una reforma constitucional. Algo parecido puede decirse del matrimonio homosexual (sentencia 198/2012) o, del derecho a los extranjeros a la educación al margen de su estatus legal (sentencias 236 y 259/2007 entre otras). Es cierto, a diferencia de su anterior programa electoral, en esta ocasión, Vox ya no habla expresamente de derogar el matrimonio igualitario u homosexual, pero sí de derogar la legislación LGTBI grosso modo. Asumo que ahí entra el matrimonio ¿no?
En materia de extranjería Vox repite varias veces que va a deportar a todos los ilegales, aprobado una ley. Obviando que la ley para expulsar a extranjeros en situación irregular ya existe, conviene recordar que la constitución garantiza el derecho a solicitar asilo, así como varios convenios internacionales nos obliga a examinar la situación de un extranjero antes de expulsarlo de nuestro territorio, poniendo especial atención a si puede ser un refugiado o un apátrida, como lo son, por ejemplo, muchos saharauis.
“la sentencia del tribunal constitucional de 9 de mayo (44/2023), la abolición del derecho al aborto”
Incluso si Vox se retirara de todos estos convenios internacionales, habría problemas de legalidad internacional. Uno no puede deportar a la gente así sin más. Para empezar, hay que saber a dónde, lo cual no siempre es fácil. Pero, además, el país de destino, como ente soberano, debe consentir. Imaginemos por un momento que Brasil dice, que va a enviar a 2.000 personas a España, porque está convencido de que son españoles, tienen antecedentes penales y nos los deja en Barajas. España solicita comprobar esa información y la respuesta es que los aviones ya van de camino. Pues igual hay que dejarlo aterrizar para que no se estrelle, pero de ese avión no se bajaría nadie. Todos harían el viaje de vuelta.
“Uno no puede deportar a la gente así sin más […] el país de destino, como ente soberano, debe consentir”
Por otro lado, siempre me llama la atención que Vox y otros partidos españoles y europeos hablen de la deportación como si nadie estuviera siendo deportado. En realidad, las expulsiones de territorio nacional son una constante. Solo que no es tan fácil expulsar a la gente de nuestro suelo, por no decir que la inmigración ilegal no es tan numerosa como a veces se cree.
En materia de igualdad de género, si tuviera mayoría absoluta, Vox puede derogar muchas normas, incluso podría retirarse del Convenio de Estambul sobre violencia de Género. No obstante, hay un haz de normas europeas que sí o sí España tendría que cumplir, como la Directiva de igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres (2006/54/EC) y la Directiva de igualdad de cargos directivos (2022/2381) o la Estrategia Europa de Igualdad de Género (2020-2025).
“En materia de igualdad de género, hay un haz de normas europeas que sí o sí España tendría que cumplir”
Por cerrar este bloque, en fin, hay una cuestión que es legalmente inviable, pero que me choca que nadie en Vox lo sepa. Me refiero a los puntos 238 y 349, donde se recoge la intención de paralizar la tramitación de la ley de costas y de la ley de familias.
Una vez se disuelven las Cortes, el Congreso y Senado resultantes de las elecciones no siguen tramitando los proyectos de ley donde se quedaron. O sea, si una ley ya la había aprobado el Congreso, pero faltaba el voto de los senadores o bien, la Cámara Alta modificó el proyecto y este debe volver al hemiciclo de los diputados para que confirme o quite esos cambios, pero se convocan elecciones, en el futuro parlamento el proyecto de ley deberá volver a tramitarse de cero. Por eso decía que es imposible paralizar los proyectos de ley de costas y familias ahora mismo.
“Una vez se disuelven las Cortes, el Congreso y Senado resultantes de las elecciones no siguen tramitando los proyectos de ley donde se quedaron”
En cuanto a las propuestas dudosas legal o económicamente, insisto en que el programa de Vox no es distinto de tantos otros en este aspecto. Junto a una drástica bajada de impuestos, un IRPF del 15% hasta los 70.000 euros de ingresos anuales, promete un montón de becas, ayudas sociales, sin concretar de donde saldrá el dinero. Simplemente afirma que desmantelará el estado de las autonomías. Las autonomías sufragan básicamente los gastos materiales y de personales en educación, sanidad, residencias, bomberos y otros. Asumo que Vox no propone recortar aquí.
Respecto a los gastos políticos superfluos en ayuntamientos, asambleas autonómicas y demás merecen controlarse adecuadamente, pero, aunque todos esos sueldos se eliminaran, junto a subvenciones a ONG, sindicatos, patronales etc., las cuentas no salen para pagar las pensiones, becas, ayudas, subvenciones y demás. Por cierto, la antigua propuesta de una pensión mínima complementada con ahorro privado, que recogía su antiguo programa electoral, también se ha eliminado en este.
“en la recentralización del Estado hay que distinguir entre competencias recogidas en los Estatutos de autonomía y aquellas cedidas por una ley orgánica”
Después está la cuestión de la recentralización del Estado. Aquí es imperativo distinguir entre dos ámbitos: competencias recogidas en los Estatutos de autonomía y aquellas cedidas por una ley orgánica. En principio, las competencias blindadas en el Estatuto sólo podrían revocarse con el consentimiento de la propia autonomía.
Las demás es más complejo decirlo. Si bien, como norma general, podríamos decir que las competencias cedidas unilateralmente por el Estado mediante una ley orgánica, podrían devolverse al Estado mediante una nueva ley orgánica. No obstante, hay algunos tecnicismos que podrían complicar este proceso, como la llamada doctrina de los poderes implícitos, es decir, que ha de reconocerse a toda Administración los instrumentos y medios mínimos para lograr sus competencias. Ergo, aquellas competencias cedidas como instrumento para vehicular competencias estatutarias habrían de retenerse.
“Vox promete un bloqueo naval a las costas de donde salen pateras”
Para ir terminando, me gustaría referirme al punto 209. Vox promete un bloqueo naval a las costas de donde salen pateras. Asumo que la expresión «bloqueo naval» se utiliza como pura retórica. A costas españolas llegan embarcaciones repletas de migrantes desde lugares tan distantes como Senegal, Mauritania, Sahara, el norte de Marruecos u Orán ya en Argelia. Pretender controlar toda esa costa es inviable, por el coste y porque, sencillamente, nos faltan barcos.
Por no mencionar que, como concepto, un bloqueo naval implica impedir la entrada y salida de embarcaciones de determinados puertos. Se trata de una medida propia de contextos bélicos, una acción hostil contra otros países que contraviene el derecho internacional del mar. Aunque, ya os digo, que asumo que es un uso retórico de la expresión, una metáfora.
