En las investigaciones judiciales alrededor del procés catalán, estas semanas, han aflorado nuevas acusaciones. Concretamente, el juez García Castellón aprecia indicios de actividades terroristas y un posible delito de traición.

Dentro de la arena política, la polvareda levantada ha terminado con la tramitación de la ley de amnistía paralizada en el Congreso. Muchos políticos independentistas acusan a los tribunales de maniobrar para sabotear la amnistía, llevados por consideraciones ideológicas. Ya veremos en qué acaba todo esto.

“En las investigaciones judiciales alrededor del procés catalán […] el juez García Castellón aprecia indicios de actividades terroristas y un posible delito de traición”

Hoy, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, me apetecía hablar un poco del delito de traición. Tan inédito es este crimen, que, a menudo, los manuales de derecho penal lo omiten. Incluso cuando lo mencionan suelen hacerlo de pasada.

No es para menos. He estado revisando la jurisprudencia y apenas existen casos donde se haya abordado este delito. Digo abordado, porque si ya ha sido difícil encontrar sentencias donde se acusara a alguien de traición, imposible me ha resultado dar con condenas.

“He estado revisando la jurisprudencia y apenas existen casos donde se haya abordado este delito”

El delito de traición básico se recoge en el art. 581 Código Penal, que lo define así:

“El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años.”

Apenas hay cambios en la vigente redacción del delito y la que escribió para el art. 140 del Código Penal de 1848. Bueno, entonces, el castigo era la pena de muerte.

El derecho internacional ha variado bastante. Las declaraciones formales de guerra han caído en desuso. No obstante, si un español indujera a una potencia extranjera a invadir nuestro país le podríamos acusar de este delito. No hay que leer, pues, el art. 581 CP en clave formalista.

“El delito de traición básico se recoge en el art. 581 Código Penal”

Por otro lado, junto a esta modalidad básica, los siguientes artículos del Código Penal recogen otros delitos de traición: espionaje, financiar tropas enemigas de España, alistarse para luchar contra el propio país… Detengámonos un momento en el art. 592.1 CP:

“Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.”

Tal vez, esta sería la modalidad de traición que más debería preocupar a las autoridades políticas del procés.

“junto a esta modalidad básica, los siguientes artículos del Código Penal recogen otros delitos de traición: espionaje, financiar tropas enemigas…”

Hasta donde sabemos, Puigdemont, a través de su entorno mantuvo contactos con ciertos individuos que se decían agentes del Kremlin, cuando el ex alcalde de Girona aún ocupaba la Presidencia de la Generalitat. Tales individuos prometieron apoyo ruso para la independencia de Catalunya, en unos términos, un tanto fantasiosos, por así decirlo.

Por una parte, se ofrecieron a convertir Cataluña en una economía de criptomonedas, para compensar la hipotética pérdida del euro. También hubo ofertas más o menos firmes de reconocimiento y se dejó caer la posibilidad de enviar expertos en adiestramiento militar, armamento o incluso tropas.

“Puigdemont, a través de su entorno mantuvo contactos con ciertos individuos que se decían agentes del Kremlin”

A falta de las pruebas que revelen las investigaciones en curso, nos tenemos que conformar con el relato periodístico. Según parece Puigdemont exploró estos contactos, pero, en el momento decisivo, desistió de usarlos.

Sólo podemos especular acerca de sus motivos, claro. Sin embargo, todo apunta a que el President no los tomaba muy en serio. Después de todo, una búsqueda en Google revelará que Rusia no suele arriesgar a reconocer a Estados independientes. Pese a controlar de facto Transnistria, en Moldavia, nunca la ha reconocido como país. ¿Iba Cataluña a correr mejor suerte?

“todo apunta a que el President no los tomaba muy en serio”

Desde luego parece poco verosímil que tropas o material bélico ruso llegaran al Principado. ¿Iban a cruzar el cielo europeo? ¿O el Mediterráneo cuya entrada y costa norte le cierra la OTAN? En cuanto a las criptomonedas. Vaya, la cosa se comenta sola.

Visto en perspectiva, parecía inviable que una hipotética autoridad catalana se hiciera con el control. A partir de ahí, cualquier invasión extranjera sonaba todavía aún más desquiciante.

“la primera incógnita jurídica: ¿cómo de serios eran estos contactos?”

Aquí se abre la primera incógnita jurídica: ¿cómo de serios eran estos contactos? El delito de traición –tanto el básico como el de 592– no exigen de un resultado: una declaración de guerra, un descrédito para España, una aminoración de su soberanía. Se trata de delitos de mera conducta.

Por tanto, bastaría para condenar la simple existencia de contactos con autoridades del Kremlin para tramar, qué sé yo, una invasión de España, cualquier apoyo económico o político a un movimiento desestabilizador del Estado, como una secesión unilateral, aunque estos sucesos nunca se acabaran produciendo. Ahora bien, para condenar es mínimamente necesario que los contactos entrañaran un mínimo de peligro, o lo que es lo mismo, un mínimo de credibilidad.

“Habrá que demostrar, por ejemplo, que […]que los agentes del gobierno ruso realmente eran tales”

Habrá que demostrar, por ejemplo, que Puigdemont conocía el contenido de esas reuniones. Más importante aún, que los agentes del gobierno ruso realmente eran tales. O, como mínimo, personas de confianza de Putin. Si, por ejemplo, se tratar de estafadores que se atribuían dicha condición (cosas más raras se han visto), nos encontraríamos ante una tentativa irreal o delito imposible. En otras palabras, existe voluntad de cometer un delito (conspirar con un país extranjero), pero los medios elegidos son tan absolutamente inidóneos (te la han colado unos actores sin relación con el gobierno ruso) que ni siquiera podemos condenarte.

Ahora bien, este razonamiento vale a la inversa. Si se prueba que esos contactos tenían una relación sólida con el gobierno ruso, incluso aunque sus promesas no resultaran cien por cien creíbles, la intencionalidad de los sondeos llevados a cabo por la cabeza del gobierno catalán bastaría para condenar por art. 592.1 CP.