El pasado 25 de febrero, el pleno del congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley para facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los saharauis. Conviene remarcar que, en lenguaje parlamentario, «tomar en consideración» significa dar luz verde al debate de la propuesta, a su tramitación. Aún nos aguardan múltiples obstáculos, antes de que esta iniciativa se publique, como ley, en el BOE.
A la relevancia legal de la propuesta casi la eclipsa el guirigay político que la rodea. Aunque proviene del grupo parlamentario de Sumar, se evidencia que los de Yolanda Díaz no la han acordado con los del PSOE. De hecho, sólo el partido socialista votó en contra. Vox se abstuvo. El resto de partidos votaron a favor.
En pocas palabras, si Feijóo no hubiese apadrinado la propuesta, esta habría muerto antes de empezar su tramitación parlamentaria. ¿Por qué ocurrió esto? Poco me gusta ahondar en las interpretaciones políticas, ya que no son mi especialidad, pero vaya… Se pueden hacer dos interpretaciones: o el PP va en serio, o va de farol.
«El pasado 25 de febrero, el pleno del congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley para facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los saharauis»
El PP está muy disgustado por el giro copernicano que dio Pedro Sánchez en plena pandemia reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. No sólo no comparte la decisión, sino que la formación entiende que se rompió una regla no escrita de lealtad institucional. Hasta ese momento, decisiones de tal relevancia en política exterior, siempre se habían consensuado entre el gobierno y el líder de la oposición.
Por tanto, abriendo la veda para que se debata la proposición de Sumar, Feijóo pone al PSOE en evidencias. De paso, agita un poco las rencillas internas de la coalición gubernamental. Si realmente comparte el fondo de la propuesta, sus votos pueden hacer posible la reforma del Código Civil que plantea Yolanda Díaz.
Si va de farol, si sólo busca desgastar un poco al PSOE, le van a sobrar oportunidades para evitar que la proposición de ley llegue al BOE. Ahora mismo, esa proposición tiene que ir a una comisión del congreso, donde se propondrán enmiendas. Después debe volver al pleno que puede aprobar la propuesta original, aprobarla con enmiendas o rechazarla.
«sólo el partido socialista votó en contra. Vox se abstuvo. El resto de partidos votaron a favor»
En cualquiera de los dos primeros supuestos, la proposición se remite al senado. Allí, se repite el proceso. Debe enviarse a una comisión, donde se valorarán posibles enmiendas al proyecto. Finalmente debe volver al pleno. Si se aprueba la propuesta del congreso, la norma ya puede ir a Zarzuela. Si se modifica o se rechaza, tocará enviarla de nuevo al congreso, cuyo pleno tendrá la última palabra.
A lo largo de estas sucesivas votaciones, el PP podría pasar del «sí» a la «abstención». Lo que bastaría matar la proposición. Aunque también dispone de otras opciones más ladinas. Sobre todo, en el senado, gracias a su mayoría absoluta, podría ralentizar muchísimo su tramitación. Quizás lo suficiente para que convoquen las elecciones. Cuando se disuelve el parlamento, todas las iniciativas legislativas decaen y deberían volver a iniciarse de cero en la siguiente legislatura.
Sólo el tiempo nos dirá cuán en serio se toma el PP la dignidad del pueblo saharaui. Entrando en el fondo de la cuestión, esta entronca con una las facetas más oscuras del colonialismo: la nacionalidad como privilegio de la metrópoli.
Como es bien conocido, España tuvo pocas colonias el África. Apenas el Rif marroquí, las plazas de Sidi Ifni en la costa meridional de Marruecos –que era un protectorado francés– el Sahara Occidental y la Guinea Ecuatorial.
«Sólo el tiempo nos dirá cuán en serio se toma el PP la dignidad del pueblo saharaui.»
Cuando en 1956, Marruecos se independiza de Francia, el gobierno franquista acuerda la entrega del Rif, con la excepción de Ceuta y Melilla. Un año más tarde, Rabat intentará tomar por las armas la plaza del Sidi Ifni, sin éxito. Aunque esta se le acabará cediendo su soberanía dos años después, siguiendo la agenda pactada en 1956 que el rey marroquí había intentado adelantar, por así decirlo.
Guinea Ecuatorial se independiza en 1968, dejando el Sahara y su descolonización como gran asunto pendiente para España. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y la resolución 1514 (XV) de su Asamblea General, los pueblos colonizados debían autodeterminarse como unidad.
Aprovechando la sinuosidad del lenguaje jurídico-diplomático, Marruecos apeló a que los señores beduinos del Sahara habían sido vasallos del sultán de marruecos antes de la colonización franco-española. Si tales argumentos se daban por válidos, significaría que Marruecos y el Sahara conformaban una unidad. Ergo, en 1956, Francia y España habrían mutilado su derecho a la autodeterminación como pueblo, imponiendo un ejercicio fragmentado.
A propuesta de la ONU, la cuestión se trasladó al Tribunal Internacional de Justicia que el 16 de octubre de 1975 emite un dictamen contrario a Marruecos. La soberanía histórica del sultanato sobre los beduinos del Sahara era en el mejor de los casos un fenómeno intermitente, limitado a pactos de lealtad, licencias comerciales y similares. Nada suficientemente sólido para opacar las profundas diferencias étnicas, lingüísticas y, en definitiva, identitarias entre marroquíes –árabes y bereberes– respecto a los saharauis.
«el Tribunal Internacional de Justicia que el 16 de octubre de 1975 emite un dictamen contrario a Marruecos»
Poco o nada le importó a Hassan II el dictamen. Apoyado por Estados Unidos, inició la Marcha Verde, mientras Franco agonizaba en Madrid. Tras un tira y afloja, la sangre no llegó al río. El Acuerdo Tripartito entre España, Mauritania y Marruecos, del 14 de noviembre, estableció una autoridad conjunta entre los tres países para gestionar la descolonización saharaui.
El desinterés de Mauritania y, sobre todo, de España, volcada en la transición a la democracia, facilitó que de facto Marruecos se adueñara del Sahara Occidental. Desde entonces, miles de saharauis han quedado atrapados en campos de refugiados, en el Tinduf argelino.
La mayoría de saharauis hablan castellano. Poco extrañará que muchos hayan intentado migrar a España. La década pasada, varios saharauis intentaron apelar a su antigua condición de españoles, para recuperar su nacionalidad o beneficiarse de alguna de las facilidades de haber nacido en territorio español para obtener nuestro pasaporte.
«El desinterés de Mauritania y, sobre todo, de España, volcada en la transición a la democracia, facilitó que de facto Marruecos se adueñara del Sahara Occidental»
En su sentencia del 29 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo dio un portazo a esta posibilidad. El fallo judicial tiene un voto particular de tres magistrados que disienten de la mayoría en favor de los intereses saharauis. Simpatizo bastante con esas intenciones, pero con la ley estatal e internacional en la mano, parece muy difícil discrepar de la mayoría.
Las colonias no eran parte del territorio de un país. Según la –hipócrita– versión oficial, eran espacios cuya gestión o protección se confiaba a una gran potencia para facilitar su desarrollo y civilización. Sus habitantes no eran ciudadanos. Sí, disponían un documento de identidad otorgado por la potencia colonial, pero este no les otorgaba derechos de ciudadanía. No se podían mover libremente por el imperio colonial, a diferencia de los ciudadanos de la metrópolis. Desde luego, no podía votar ni tampoco optar a la mayoría de empleos públicos.
A propósito, este estatus jurídico permite distinguir las colonias de los llamados territorios periféricos o de ultramar. En España, por ejemplo, ceutíes, melillenses y canarios siempre gozaron de plenos derechos de ciudadanía, respecto a un ecuatoguineano o a un saharaui.
Ahora bien, las leyes pueden cambiarse. Y cuando una situación se percibe como injusta, suele ser un buen momento de hacerlo.
Esto ya se hizo con los sefardíes. Esta etnia judía desciende de los hebreros expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492. A pesar de que migraron a distintos lugares de Europa y de El Magreb, nunca perdieron sus vínculos emocionales con nuestro país, lo que se expresa en el sefard, su idioma, un castellano antiguo, pero perfectamente comprensible para un hispanohablante, que han preservado durante más cinco siglos.
Desde la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), se han aprobado varias normas para facilitar que los sefardíes pudieran recuperar su nacionalidad. Gracias a estas, distintos diplomáticos españoles salvaron a judíos de El Holocausto, otorgándoles la nacionalidad de un país neutral.
«Las colonias no eran parte del territorio de un país. Sus habitantes no eran ciudadanos.»
Ya en democracia, se aprobó una primera reforma del Código Civil para que los sefardíes pudieran obtener la nacionalidad española con solo un año de residencia legal en España. Más lejos se fue en 2015, cuando el gobierno de Mariano Rajoy les facilitó el acceso automático a la nacionalidad española a los sefardíes que residieran legalmente dentro de nuestras fronteras o bien, probasen “una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país”.
La propuesta de Sumar para los saharauis calca esta fórmula de la ley 12/2015. Se trata de un lenguaje bastante ambiguo para no permitir que, de golpe, se nacionalice el casi medio millón de saharauis que suman los campos de refugiados de Argelia y la población que habita en el Sahara Occidental. A pesar de ello, sí les permitiría a muchos alcanzar nuestra nacionalidad haciendo valer sus vínculos históricos con un país, su potencia colonial, que hace cincuenta años no estuvo a la altura de las circunstancias.
