Gobernanza rural sin voz ni recursos en la política local
Hay democracias que se celebran en los grandes salones y otras que sostienen el territorio desde la cocina de una casa, una sala vecinal o una plaza pequeña. En Navarra, esa democracia cercana tiene nombre: concejo. Y, sin embargo, demasiadas veces queda fuera de la conversación pública, fuera de la agenda política y fuera de los recursos.
Un concejo es una entidad local de ámbito inframunicipal, con personalidad jurídica propia, reconocida por el Derecho Foral. En Navarra, no es una figura simbólica: gestiona bienes comunales, caminos y espacios públicos, pequeñas infraestructuras y, en buena medida, la convivencia cotidiana de numerosos núcleos rurales. Navarra cuenta con centenares de concejos, integrados en ayuntamientos mayores, que sostienen una parte esencial del territorio.
Muchos concejos funcionan en régimen de concejo abierto: un modelo de gobernanza directa en el que la vecindad del pueblo puede debatir y decidir en asamblea. Es, sobre el papel, una de las expresiones más completas de la democracia local: cercana, participativa y basada en el conocimiento directo de los problemas.
Pero esa cercanía convive hoy con una paradoja difícil de sostener. Las presidencias de concejo asumen obligaciones legales y responsabilidades muy similares a las de una alcaldía en su ámbito competencial: representación institucional, gestión económica, rendición de cuentas, administración del patrimonio y de los comunales, mantenimiento de caminos y equipamientos, mediación en conflictos vecinales y apoyo a la convivencia. Y, sin embargo, carecen de derechos equivalentes, de estructura administrativa y de recursos técnicos estables.
Se trata, en la práctica, de un puesto altruista: sin sueldo en la mayoría de los casos, sin personal propio y con una carga administrativa creciente. La gobernanza puede ser abierta para decidir, pero la responsabilidad jurídica es concreta para responder si algo falla. El resultado es una tensión permanente entre la obligación y la capacidad real de actuar.
A esta desigualdad estructural se suma una evidencia incómoda: un concejo con cuatro, seis o diez casas no es políticamente llamativo. En campaña se visita la capital municipal, el núcleo que concentra el censo y decide resultados. La escucha, las promesas y las inversiones se orientan a los grandes municipios o a las cabeceras. En los concejos pequeños, si hay presencia, suele ser indirecta: cartelería, mensajes generales o la mera inercia del calendario electoral.
No es extraño, por tanto, que sea difícil encontrar rastros claros de campañas electorales pensadas para concejos. No porque no existan necesidades, sino porque no se consideran prioritarias. Así, los concejos permanecen en la parte más oculta del armario político: existen, pero no se ven; participan, pero no deciden; sostienen territorio, pero rara vez condicionan políticas.
Y aquí aparece una segunda reflexión: dentro de las entidades rurales representadas por ayuntamientos se ha impuesto, de facto, una lógica que tensiona el principio democrático de igualdad política. Quien concentra más población acumula más capacidad de decisión. El núcleo grande decide; el pequeño asume. No por acuerdo, sino por aritmética.
Formalmente, el sistema garantiza representación municipal. Pero, en la práctica, muchos ayuntamientos no habilitan mecanismos efectivos para que los concejos puedan opinar, votar o decidir sobre cuestiones que afectan de manera directa a su vida cotidiana. La voz existe, pero no pesa. Y cuando la voz no pesa, la democracia se debilita.
El símil es claro. En el mismo sistema conviven el armario de roble, sólido y visible, y el armario funcional de un pequeño comercio de pueblo, útil pero secundario. Mientras tanto, una parte muy significativa de la población navarra —en torno a un tercio— vive en concejos o núcleos inframunicipales: existe, pero no se ve; cuenta, pero no decide.
Cada vez es más difícil que alguien dé el paso para asumir la presidencia. Y cuando nadie lo da, la estructura se apaga. No por falta de comunidad, sino por desgaste institucional. Si se pretende combatir la despoblación, no basta con enunciarla como preocupación: hay que ejecutar medidas que reconozcan, apoyen y refuercen la gobernanza de proximidad.
Quizá haya llegado el momento de abrir ese armario, mirar de frente a los concejos y preguntarnos qué modelo de democracia local se desea: una democracia más cómoda o una democracia más justa.
