El 15 de agosto de 2021 Kabul quedó en manos de los talibanes. Fecha simbólica que puso fin a 20 de años de ocupación militar por parte de EEUU y de sus aliados. Tal ocupación inicialmente fue llevada a cabo en legítima defensa en respuesta a los atentados del 11-S, en tanto que el régimen talibán se encontraba dando cobijo a Al Qaeda. Paradoja –o más bien desencadenante– de la realpolitik, en 2001 dicho régimen estaba conformado precisamente por líderes e hijos de líderes que EEUU había reclutado y favorecido para luchar contra la Unión Soviética. En este contexto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas procedió a la autorización de la intervención armada una vez esta fue iniciada. Sin embargo, no con una duración sine die ni con la extensión ni la profundidad con la que se pretendió acometer.

«… Una derrota para la hegemonía de la primera potencia mundial en la región y un repunte de las esferas de influencia geopolítica de China y de Rusia.»

En todo caso, los talibanes, dueños y conocedores de sus montañas, desarrollaron una defensiva irreductible desde donde divulgaron su proyecto de liberación nacional frente a la ocupación occidental y frente a un gobierno establecido bajo sus auspicios carente de legitimidad, y plagado de corrupción y clientelismo. Y, si bien, ya en el año 2009 Barack Obama anunció su intención de poner fin en 2014 a la ocupación militar afgana, dicha fecha se pospuso ante el avance del Daesh y de la amenaza terrorista. De manera que un país en guerra durante 20 años, 2.000 millones de dólares, y miles de víctimas, desembocó en la referida fecha de 15 de agosto de 2021. Una derrota para la hegemonía de la primera potencia mundial en la región y un repunte de las esferas de influencia geopolítica de China y de Rusia.

A pesar de que durante los primeros meses tras la caída de Kabul era incesante la información relativa a Afganistán, en la actualidad la misma nos llega a cuenta gotas, más aún tras la invasión rusa de Ucrania. No obstante, los augurios más pesimistas se han impuesto y se están dando pasos alarmantes hacia el sistema fundamentalista de décadas anteriores, donde las mujeres y niñas son sus principales víctimas. Un Estado teocrático en el que la mujer queda sometida a una tutela masculina que subyuga a la voluntad de su marido, padre o hermano, desde decisiones clave en su vida, como casarse o decidir estudiar una carrera, hasta las rutinarias, como la más mínima gestión burocrática. Asimismo, si bien durante las negociaciones con la comunidad internacional los talibanes se comprometieron a que, de llegar al poder, iban a respetar los derechos de las mujeres en el plano social, educativo y laboral, en los últimos meses han prohibido a las niñas acudir a la escuela secundaria, las maestras han sido despedidas, se ha separado por sexos a los estudiantes universitarios, y, como última medida, se ha impuesto la obligación de no mostrar ninguna parte de su cuerpo en lugares públicos –preferiblemente mediante la utilización del burka–; rememorando así las épocas más oscuras del gobierno talibán de 1996 a 2001.

Ante tales hechos, hemos de tener en cuenta que Afganistán ha ratificado los principales tratados de derechos humanos del sistema universal, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (1979), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Por ende, desde el plano del Derecho internacional, el Estado de Afganistán está violando las obligaciones internacionales que se ha obligado a cumplir, y está incurriendo en hechos internacionalmente ilícitos que generan responsabilidad.

«La comunidad internacional no debe permanecer impasible ante tales medidas, ni tampoco debe dejarse embaucar por una retórica disfrazada, que, de facto, no hace sino ahondar en el sometimiento de las mujeres y niñas»

La comunidad internacional no debe permanecer impasible ante tales medidas, ni tampoco debe dejarse embaucar por una retórica disfrazada, que, de facto, no hace sino ahondar en la invisibilización, el sometimiento, y la subyugación de las mujeres y niñas. Este mayo será la primera vez desde 2001 que se impone el uso de la referida vestimenta a las mujeres afganas, una decisión que no ha de pasar desapercibida. En todo caso, los derechos de las mujeres en países como Arabia Saudita o Qatar –con los que occidente mantiene excelentes relaciones económicas– no son mucho mejores. Tampoco lo olvidemos.