Siempre he pensado que la línea que separa la simple crisis constitucional del golpe de Estado es la posibilidad del ridículo. Aún sin sangre, los riesgos y, si triunfa, las consecuencias de un golpe de Estado anulan cualquier posibilidad de humor. Nadie puede negar la gravedad de una crisis constitucional. Algunas son muy peligrosas. Pero, con frecuencia, dejan cierto margen para la hilaridad grotesca. La crisis constitucional que atraviesa Polonia es un buen ejemplo.
Todo empieza con la renovación del Tribunal Constitucional. El gobierno polaco ha intentado elegir a nuevos magistrados para el Alto Tribunal. La anterior terna de magistrados fueron escogidos por la mayoría parlamentaria anterior, radicalmente conservadora y euroescéptica. Dentro y fuera de Polonia, ya es un clásico que este tipo de foro judiciales, acaban sintonizando ideológicamente con las fuerzas políticas que los nombran.
La politización del Constitucional le ha llevado a confrontar al actual gobierno con argumentos que, en ocasiones, resultaban más políticos que jurídicos. Otro clásico…
El primer ministro Tusk ha aprovechado su nueva mayoría en el Sejm o parlamento para renovar la institución. Según dicta la Constitución Polaca (art. 194), los quince magistrados del TC son elegidos por la Cámara de Diputados por un periodo de nueve años, sin posibilidad de reelección. No se les escoge a todos a la vez, sino que se van haciendo renovaciones parciales.
Hasta aquí todo bien, los diputados votaron y escogieron 6 jueces en marzo, 1 en junio y otro más en septiembre. Entonces empezaron los problemas, el Presidente de la República sólo ha tomado juramento a tres de los ocho, en un intento de bloquear el cambio de mayoría ideológica en el Tribunal.
El régimen constitucional polaco es muy peculiar, se ubica en una frontera confusa entre el parlamentarismo y el semipresidencialismo. El pueblo vota al parlamento y este debe elegir a un gobierno. Sin embargo, se vota por separado al Presidente de la República en una elección directa.
Pese a que no gobierna el país, el Jefe del Estado disfruta de unos poderes considerables. Entre ellos, el más destacado es su derecho de veto sobre las leyes que apruebe el Sejm. Únicamente por mayoría cualificada (3/5), pueden los diputados revocarlo, imponiendo la aprobación de la ley.
Con matices, los Presidentes polacos siempre han ejercido sus poderes con una prudencia considerable. De ese modo, se intentaba evitar la parálisis política del país, con un enfrentamiento abierto entre parlamento y presidencia. Desde su elección el año pasado, Nawrocki está siendo la excepción a la regla.
En cierto modo, no se le puede culpar. Su principal promesa durante la campaña electoral fue que haría todo lo posible por contrarrestar la agenda política de Tusk y su gobierno. En pocas palabras, algo más de la mitad del país eligió abandonar la tradición de un Presidente moderador, para erigir la Jefatura del Estado en una especie de líder de la oposición.
Precisamente, el origen de esta crisis se encuentra en los límites de hacer todo lo que pueda… ¿Qué puede hacer?
Sí, como hemos dicho, el Presidente está facultado para bloquear al gobierno legislativamente con su veto. Sin embargo, la constitución no prevé que pueda vetar los nombramientos del parlamento, para el caso que nos ocupa, los de los magistrados del Tribunal Constitucional. En ese trámite, la constitución prescribe que actúe como una especie de notario. Se limita a dar fe de la decisión de los legisladores y dignifica la toma de posesión, con su intervención simbólica como la más alta magistratura de la Nación.
El Presidente tampoco está solo. Encontró apoyo en los partidos opositores del Sejm, o sea, las fuerzas políticas que apoyaron su candidatura, pero también dentro del propio presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional. Junto a otros magistrados, estos últimos cuestionaban, con una argumentación un tanto discutible, que algunos nombramientos del parlamento se habían hecho fuera de plazo, o sea, anticipadamente. También aseguraban –por primera vez en la historia– que el Presidente sí disponía de un poder de control sobre la elección de magistrados del constitucional. Hemos de aclarar que esto último se plasmó en declaraciones y comunicados, más que en resoluciones judiciales.
Hartos de la espera, una magistrada del Constitucional, Anna Korwin-Piotrowska, declaró que los magistrados presidente y vicepresidente estaban incumpliendo la ley y se proclamó a sí misma presidenta interina del Tribunal, para admitir en la institución a los nuevos jueces. Aclaremos que no fue por libre, una parte del tribunal la respaldó.
El momento álgido de la crisis se produjo poco después. Los ya ex presidente y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional trataron de volver a entrar al edificio. Por orden de la nueva presidenta interina se formó un cordón policial para impedirles el acceso. Para entendernos, sería algo así como si en España Conde-Pumpido se negar a aceptar la expiración de su mandato y quisiera entrar a la fuerza en la sede del Constitucional, mientras su sustituta pro tempore echa mano de la policía para barrarle el paso.
Aunque lo peor ya ha pasado, la crisis no se cierra. El Presidente de la República se niega a reconocer a los nuevos magistrados y una parte de los magistrados depuestos, no admiten la legalidad de su cese. Polonia asiste incrédula a como una de sus más importantes instituciones se ve lastrada en un limbo de legitimidad.
¿Cómo de lejos queda esta crisis de España? No tanto como pueda parecer… Ya hemos visto que la preocupación por controlar el senado después del 29-N, mediante listas coaligadas. Todos sabemos que la Cámara Alta de nuestras Cortes, poder, lo que se dice poder, tiene más bien poco. Sin embargo, elige a 4 magistrados del Constitucional y 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial…
En un momento de tanta polarización, los partidos políticos se han obsesionado con colonizar ideológicamente todas las instituciones. Ya no es que busquen candidatos afines para magistrados del Tribunal Constitucional o cargos similares, es que buscan lealtad incondicional, hasta el extremo de la sumisión.
No parece que a la clase política le preocupe mucho este ambiente. Imponerse al otro es lo único que importa. Las instituciones de control, especialmente el Tribunal Constitucional, nunca deberían subordinar sus razonamientos a lógicas partitocráticas. Hoy quizás esto sonará utópico, pero eso ocurre sólo porque, cuando logra imponerse, la decadencia moral consigue que la sociedad confunda el cinismo con pragmatismo.
Si nuestra clase política no enmienda el rumbo, antes o después veremos a un cordón policial vedando el paso a un ex magistrado a la sede de la institución que no hace tanto presidía… ¿Nos reiremos? Pues la escena no escapará al ridículo, pero será la antesala de algo más aterrador y mucho más trágico.
