Una madre mata a sus tres hijos. Después, intenta suicidarse. Diversos expertos valoran que obró bajo una psicosis aguda. El caso de la estadounidense Lindsay Clancy parecía incapaz de volverse más escabroso. Pero, el populismo de distintas ideologías se ha superado. Han conseguido añadir sufrimiento adicional a esta tragedia.
Conforme avanzaba el proceso, se multiplicaron los comentarios vomitivos en las redes y los medios. Ciertos grupos feministas sentenciaron que la señora Clancy era inocente. Había obrado, privada de voluntad, bajo los efectos de la psicosis y… ¿de las hormonas? Algunas voces llegaban tan lejos, como para acusar al marido de ser el verdadero asesino, por descuidar a su esposa.
En frente, una amalgama de conservadurismo extremo, machismo y misoginia instrumentalizaba a los niños. Cualquier decisión judicial que no fuera prisión de por vida para Lindsay Clancy era una afrenta contra esas víctimas inocentes. Hasta se ha buscado una retorcida relación entre la defensa de la acusada y la defensa del aborto, a todas luces inexistente.
Poco a poco, la discusión social de un caso tan atroz quedó engullida por una vulgar pelea de chicos contra chicas, propia de patios de colegios. El problema es que aquí los contendientes eran adultos… No apoyar incondicionalmente la inocencia de la acusada te convertía en un machista insensible. Cuestionar si su sitio es la cárcel hacía de ti poco menos que un simpatizante del infanticidio.
Mucha gente carece de cualquier sentido del ridículo. La ausencia de conocimientos jurídicos y psiquiátricos no les impide pontificar con rotundidad sobre las complejas cuestiones que rodean el diagnóstico de psicosis postparto. Ahora, al menos podrían haberse molestado en familiarizarse con los hechos. Muchos de estos opinadores agresivos claramente no lo han hecho.
Quizás no debamos sorprendernos… El radicalismo siempre precisa de grandes dosis de ignorancia, a nivel cultural y empático. Si conoces demasiado las circunstancias personales de alguien, es más difícil desenfrenarte en la crueldad.
Vamos, pues, a tratar de resumir los hechos. Después del parto de su tercer hijo, Lindsy Clancy, sin antecedentes psicopatológicos hasta entonces, empezó a cursar síntomas de insomnio, ansiedad y depresión. Casi medio año después, no viendo una recuperación, ingresó de forma voluntaria unos días en el Hospital McLean de Massachusetts, un centro con fama de prestigioso. Salió apenas un par de semanas antes de la tragedia.
La defensa ha cuestionado el tratamiento farmacológico administrado, por cambiar bruscamente en varias ocasiones e incluir demasiados medicamentos. En concreto la paciente tomaba más de 12 fármacos entre antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos.
Consciente del delicado estado de su esposa, Patrick Clancy procuraba que nunca se quedara sola, demasiado tiempo. El 23 de enero, sin embargo, tuvo que abandonar el domicilio durante 25-50 minutos. Acudió a una farmacia a recoger un laxante infantil para uno de sus hijos y paró a comprar comida para llevar. Su propia esposa había insistido en que hiciera estos recados; lo que, a ojos de la acusación, demostraría su premeditación.
Cuando volvió a casa, Patrick encontró muertos a sus tres hijos, Cora de 5 años, Dawson de 3 y el bebé, Callan, de 8 meses. Su madre los había estrangulado en el sótano con unas cintas elásticas de deporte. Después se había cortado las venas y se había arrojado desde una ventana del segundo piso. Como resultado, ha quedado paralítica de cintura para abajo.
La tragedia destruyó aquel matrimonio. Después de divorciarse, Patrick se volvió a casar, pero, en todas sus declaraciones públicas y judiciales, ha mantenido su apoyo a su ex mujer. En un mensaje a la comunidad y al país, imploró:
«Quiero pedirles a todos ustedes que encuentren en lo más profundo de sus corazones la capacidad de perdonar a Lindsay, como yo lo he hecho. La verdadera Lindsay era una persona generosa, amorosa y atenta con todos […]. Las fibras de su alma son puras. Lo único que deseo para ella ahora es que de alguna manera pueda encontrar paz.»
Ahora entremos en el aspecto médico y judicial. Viendo muchos titulares en las noticias, cualquiera pensaría que estamos ante un caso adánico. Por desgracia, no es la primera vez que la justicia penal de un país examina un infanticidio, en apariencia, desencadenado por un trastorno psicológico grave.
Los detractores de Lindsay Clansy –y algunos de sus defensores– parecen convencidos de que un veredicto de «no culpabilidad» se traducirá en su inmediata puesta en libertad. Nada más lejos de la realidad. A la acusada le esperan muchos años de reclusión, la duda es si será en un presidio o en un hospital psiquiátrico.
De momento, habrá que repetir el juicio, ya que el jurado fue incapaz de alcanzar un veredicto unánime. Uno de sus miembros rechazó secundar el veredicto de no culpabilidad. En una maniobra bastante torticera, la defensa solicitó su exclusión del jurado –como cabía esperar– sin éxito.
El nuevo jurado decidirá. Pero insistamos en que no hay un horizonte a la vista donde Lindsay Clansy pase a disfrutar de su libertad.
Cuando una persona actúa con violencia bajo el influjo de una dolencia psíquica grave, la justicia entiende que esta no obraba voluntariamente. Aclaremos que no es un capricho legal. Las evidencias científicas que la psiquiatría son abrumadoras. Quien se encuentra en un trance psicótico no es dueño de sus pensamientos ni de su voluntad, hasta que este estado no se disipa.
Aclaremos que es un grave error pensar que psicosis y violencia van de la mano. Comparando estadísticas de distintos países, en los primeros brotes no tratados, las conductas violentas no superan el 30%. La posibilidad de que el sujeto recaiga en tales conductas, una vez se le pone en tratamiento, apenas supera el 15%. Además, cerca del 50% de conductas violentas psicóticas son de tipo autolesivo o suicida.
Cuando alguien comete en delito bajo síntomas psicóticos graves, en lugar de una condena, se le declara no culpable, pero no queda libre, se le impone una medida de seguridad. Según la gravedad de los hechos, se evalúa la peligrosidad de esta persona. A partir de ahí se adoptan medidas en proporcionalidad al riesgo que supone para los demás.
Para entender este proceder, hemos de comprender el propósito que la mayoría de los países dan al derecho penal. No se trata tanto de castigar conductas objetivamente horribles, como de disuadir para cometer estas conductas en el futuro, tanto al propio autor, como de otros miembros de la sociedad. Bajo esta lógica ¿qué sentido tiene enviar a la cárcel a quien no pudo controlar sus acciones? Si vuelve a encontrarse en la misma situación, tampoco podrá evitarlo. Mejor tratarle en una instalación médica.
Conviene aclarar que, para evitar la pena, no basta con un diagnóstico. Su defensa debe demostrar ante el tribunal que, en el momento de los hechos, su enfermedad actuó con tal intensidad que anuló su voluntad y/o la comprensión del sentido real de sus actos. Este es el punto más delicado de valorar y nunca escapa a una cierta controversia.
Una vez impuesta, el funcionamiento de una medida de seguridad varía sensiblemente entre países. En España, se limita la duración de la medida de seguridad atendiendo a criterios terapéuticos. Con matices, se levanta cuando el sujeto mejora y deja de ser un peligroso. Hasta ahí todo lógico. Nuestro problema es que limitamos la medida al máximo de pena que hubiese cumplido el sujeto. Es decir, si por ese delito le hubiesen caído cinco años, no se prolonga la medida de seguridad más allá de ese tiempo, aunque el sujeto siga siendo peligroso, según la valoración médica…
Los Estados Unidos son más severos. Aunque teóricamente siguen unas reglas de juego parecidas, lo normal es que el internamiento involuntario no baje de la década.
La clave del caso como el de Lindsay Clancy no son nuestras ideas preconcebidas ni las de aquellas personas que nos desagradan. El tribunal debe valorar qué grado de autocontrol tuvo la acusada sobre sus actos. Si se demuestra que actuó privada de su voluntad, habría que lamentarse más por la tragedia. Pues entonces, además de los niños asesinados, su padre y otros familiares directos, tendríamos que contar a la madre como víctima.
