Las elecciones celebradas en Perú, este 2026, pasarán a la historia por el regreso del fujimorismo al poder. Al cuarto intento, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, se ha hecho con una victoria más que ajustada. Pero hay otra novedad que ha pasado inadvertida entre los titulares de la prensa internacional: Perú estrenará un nuevo marco institucional. Por primera vez desde 1992, el país contará con un senado. ¡Y qué senado!
A propósito, fue el golpe de Estado que Alberto Fujimori perpetró desde la presidencia el que abolió el senado, implantando la unicameralidad. La restauración del senado no está, precisamente, exenta de polémica. En 2018, se preguntó a los peruanos en referéndum si querían recuperar una cámara alta en su parlamento. Casi el 90% votó en contra del retorno la bicameralidad.
«Las elecciones celebradas en Perú, este 2026, pasarán a la historia por el regreso del fujimorismo al poder»
En circunstancias normales, un resultado tan rotundo habría herido de muerte cualquier iniciativa política. Sin embargo, en 2024, apenas seis años después, el Congreso aprobó una reforma constitucional para reimplantar un senado, a partir de las elecciones legislativas de 2026 –que allí coinciden con las presidenciales.
Aunque es perfectamente legal que el parlamento modifique la carta magna contra la voluntad popular, expresada en referéndum, resulta bastante perjudicial para la salud democrática de un país. Los argumentos que se esgrimieron para dar este paso no resultan demasiado convincentes. Estos se pueden agrupar en dos bloques: mejorar la calidad del procedimiento legislativo y frenar la inestabilidad política.
«hay otra novedad que ha pasado inadvertida: Perú estrenará un senado»
En la última década, el Congreso peruano ha aprobado muchas leyes con excesiva celeridad. Dejándose llevar por las pasiones del momento, los diputados han implantado muchas normas sin analizar sus consecuencias jurídico-sociales a largo plazo. Del senado se espera que, al ralentizar el procedimiento legislativo, contribuya a enfriar un poco esa efervescencia, convirtiéndose en una cámara de reflexión que preste más atención a los aspectos técnicos.
En paralelo, Perú ha atravesado una década marcada por la inestabilidad política: ochos presidentes en diez años. Se dice pronto…
Uno de los grandes detonantes de esta crisis institucional, quizás el principal, ha sido la relativa facilidad del Congreso para destituir al Presidente, ya que este procedimiento no exige de una mayoría cualificada, como en otras democracias presidencialistas. Además, aunque teóricamente la destitución debe fundamentarse en acusaciones concretas, no en meras discrepancias políticas, la posibilidad constitucional de cesarle por «incapacidad moral» admite una fundamentación prácticamente abstracta. Dividiendo el parlamento en dos cuerpos, se divide el poder de descabezar al poder ejecutivo.
«Los argumentos que se esgrimieron para dar este paso se pueden agrupar en dos bloques: mejorar la calidad del procedimiento legislativo y frenar la inestabilidad política»
Ahora bien, la bicameralidad que empieza en 2026 no es un modelo de bicameralidad perfecto. La cámara de diputados tendrá unas funciones y el senado otras.
A modo de resumen, la cámara baja (130 miembros) dispone de la iniciativa legislativa. Dicho de otro modo, realiza una primera valoración de los proyectos de ley que le presente el gobierno, o bien, realiza sus propias propuestas de ley. También fiscaliza al gobierno en su conjunto y a los ministros, mediante preguntas, interpelaciones y un voto de censura.
En lo que se refiere, específicamente, a la destitución del Presidente y otros altos cargos institucionales, los diputados se limitan, a partir de ahora, a votar los cargos criminales. Plantean la acusación. Pero la última palabra sobre la destitución queda en manos del senado.
«En 2018, se preguntó a los peruanos en referéndum si querían recuperar una cámara alta. Casi el 90% votó en contra del retorno la bicameralidad»
La cámara alta (60 miembros) no podrá proponer leyes, pero sí tendrá que dar su aprobación definitiva a las propuestas de los diputados. Además, podrá modificarlas, sin necesidad de que la cámara baja comparta sus enmiendas. En pocas palabras, tendrá la última palabra en el debate legislativo.
También ostentará el senado la competencia exclusiva para la elección del Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal constitucional, el Contralor General del Perú –máximo supervisor del gasto público en el país– y los directores del Banco Central de Reserva. Además, únicamente los senadores evaluarán y, en su caso, ratificarán los tratados internacionales negociados por el gobierno, así como los decretos de urgencia dictados por el gobierno en circunstancias extraordinarias.
«no es osado decir que el nuevo senado peruano será la cámara alta más poderosa de todo el continente americano»
En su conjunto, no es osado decir que el nuevo senado peruano será la cámara alta más poderosa de todo el continente americano, desde la isla de Ellesmere en Canadá, a Tierra de Fuego en Chile y Argentina. Su única debilidad es que no puede proponer leyes. En lo demás su poder es absoluto sobre la cámara de diputados.
Otra decisión adoptada por la reforma constitucional contra el referéndum de 2018 es el retorno a la reelección inmediata de los integrantes del parlamento. En 2018 se aprobó que nadie pudiera ser diputado más de una legislatura consecutiva. Si alguien quería servir un segundo mandato, debía esperar cinco años, fuera de parlamento –no necesariamente de la política– para regresar.
«Otra decisión adoptada por la reforma constitucional contra el referéndum de 2018 es el retorno a la reelección inmediata de los integrantes del parlamento»
¿Los motivos de la reforma constitucional de 2024 para abolir esta prohibición? Aseguran que, limitando la reelección, se echan a perder muchos legisladores con experiencia política cuyas aportaciones pueden ser valiosas.
En su conjunto, el nuevo sistema institucional de Perú surge de espaldas a la voluntad popular. Lo peor del caso es que el nuevo senado busca atajar una problemática que, en realidad, no deriva de su ausencia.
«En las elecciones de 2016 y 2021 se repite un patrón: para derrotar a Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las presidenciales, se fraguaba una coalición inverosímil»
En las elecciones de 2016 y 2021 se repite un patrón: para derrotar a Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las presidenciales, se fraguaba una coalición inverosímil de apoyos que iba de la extrema izquierda a la derecha conservadora y neoliberal. Una vez se ganaban los comicios, el Presidente elegido –Kuczynski y, después, Castillo– descubría que no tenía apoyos parlamentarios.
Únicamente el deseo de impedir la llegada de Keiko Fujimori al Palacio de Gobierno había llevado a partidos tan distintos a cooperar para imponer a un candidato. Logrado este objetivo, las diferencias ideológicas abismales entre los integrantes de la alianza transitoria, imposibilitaban la conciliación de un programa de gobierno.
«Las tensiones entre Presidente y diputados no tardaban en aparecer, a menudo, agravadas por escándalos de corrupción o abusos de autoridad presidencial»
Las tensiones entre Presidente y diputados no tardaban en aparecer, a menudo, agravadas por escándalos de corrupción o abusos de autoridad presidencial. ¿Resultado? La destitución llegaba antes o después. Como no es posible anticipar las elecciones presidenciales, se activaba entonces el sistema de sucesión constitucional: los vicepresidentes y después, presidentes designados por el Parlamento accedían a la Jefatura del Estado.
Ahora Keiko Fujimori gobernará con un parlamento a su favor. Su partido no disfruta de mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, pero le resultará más fácil coaligarse con los partidos de derechas. De ahí que, una vez se restablece una presidencia con apoyo parlamentario sólido desde 2016, se resuelve por sí misma la crisis institucional peruana, convirtiendo la aportación del senado en algo superfluo en el escenario político.
