La agitación política escaló en Francia la semana pasada. El miércoles ochenta diputados firmaron una propuesta para destituir al Presidente de la República, en Asamblea Nacional. El mismo día, la militancia socialista votó «no» a participar o apoyar un gobierno en que se excluyera a la Francia Insumisa de Mélenchon. El jueves, Macron nombraba primer ministro al derechista Michel Barnier, ministro de exteriores (2004-2005) bajo la presidencia de Chirac, pero más conocido por haber dirigido las negociaciones del Brexit, a este lado del Canal de la Mancha. ¿Vivirá mucho el gobierno Barnier? ¿Destituirán a Macron?
“El miércoles ochenta diputados de la Asamblea Nacional francesa firmaron una propuesta para destituir al Presidente de la República”
Un gran experto en derecho constitucional, el profesor Lowenstein vaticinó que la constitución de la V República francesa (1958) sobreviviría poco a Charles De Gaulle. Por supuesto, se equivocó, pero su predicción no era ninguna locura.
Redactada no por una Asamblea Constituyente, un parlamento votado a tal efecto, sino por en la opacidad de un grupo de trabajo del gobierno, la constitución de 1958 instaura una especie de «dictadura comisaria» electiva. El adjetivo «comisario» suele emplearse en la academia jurídica para distinguir entre auténticos regímenes autoritarios, de aquellas situaciones excepcionales en que una democracia concentra poder en un individuo, normalmente para un periodo transitorio. Durante esta etapa, si bien no desaparecen por completo, minimizan su eficacia los famosos checks and balances, controles y contrapoderes propios del Estado democrático.
“El jueves, Macron nombraba primer ministro al derechista Michel Barnier”
El problema en Francia es que esta es la cotidianidad. Pese a algunas tibias reformas, a principios de siglo, por ejemplo, acortar su mando de siete a cuatro años, poco se ha aminorado la todopoderosa maiestas presidencial. Y esta se ha manifestado ahora con toda su intensidad en la formación del gabinete.
Después de las últimas elecciones legislativas anticipadas, la Asamblea Nacional francesa ha quedado dividida en tres bloques. Un tercio, lo ocupa el Frente Popular, una heterogenia amalgama de izquierdas que acoge a fuerzas moderadas, como el Partido Socialista o los Ecologistas, junto a la más radical Francia Insumisa, líder numérico de la coalición. Resulta importante señalar que, pese a disfrutar el Frente Popular de la mayoría de escaños, la mayoría de votos los ganó Agrupación Nacional, nuevas siglas del antiguo Frente Nacional. Otro tercio de los escaños, precisamente, están en manos de esta derecha radical.
“Después de las últimas elecciones anticipadas, la Asamblea Nacional francesa ha quedado dividida en tres bloques”
En lo que se refiere al tercio restante, este lo comparten los diputados de centro liberal del partido del Presidente y los antiguos restos de los Republicanos o centro derecha tradicional francés. En estas últimas coordenadas ideológicas se ubicaría Barnier.
Las protestas no se han hecho esperar. Las izquierdas francesas y europeas acusan a Macron de despreciar al Parlamento y la voluntad popular. Poco menos, dicen que se comporta como un dictador. No ahondaré en la herida de que, en lo que a la voluntad popular se refiere, Macron debería a mirado más a Agrupación Nacional que al Frente Popular. Pero la izquierda radical de repente se ha vuelto muy institucional. Vaya…, mejor dicho, “un poco” institucional, ya que, aunque defienden a ultranza la composición del parlamento fruto de una ley electoral que cuestionaban hace dos días, no se han institucionalizado lo suficiente para leerse entera su constitución.
“pese a disfrutar el Frente Popular de la mayoría de escaños, la mayoría de votos los ganó Agrupación Nacional”
La carta magna gala es clara. El Presidente francés nombra –y cesa– a placer a su primer ministro y a petición de este, al resto de integrantes del gobierno. Nada le obliga a respetar la composición del parlamento. Bien es verdad que le resulta conveniente hacerlo, porque la Asamblea Nacional puede aprobar una moción de censura contra el gobierno.
A diferencia de lo que ocurre en Alemania o España, en Francia, la moción de censura no es constructiva. La oposición no necesita consensuar un candidato alternativo que reemplazará al jefe de gobierno si la moción prospera. Basta con que les una su deseo de defenestrar al gabinete.
“El Presidente francés nombra –y cesa– a placer a su primer ministro y a petición de este, al resto de integrantes del gobierno”
Con sólo un tercio de votos asegurados, la pregunta es evidente: ¿cuánto podrá aguantar el gabinete de Barnier? Pues hasta que el Frente Popular y Agrupación Nacional se pongan de acuerdo.
Para ser justos con Macron, también hay que decir que un gobierno íntegramente izquierdista se habría visto con el mismo problema. Los derechistas moderados y radicales, así como los liberales amenazarían desde el primer momento con hacer caer al ejecutivo. Aunque tampoco pecaremos de ingenuos. Macron aspira a mantener un dominio absoluto de la agenda gubernamental. Por eso no quiere a las izquierdas en el gobierno.
Bien es verdad que la moción de censura o la dimisión del primer ministro rara vez da lugar en Francia a un cambio inmediato de gobierno. El gobierno caído suele seguir en funciones semanas o hasta meses, mientras el Presidente da vueltas acerca de quién se desempeñará mejor como primer ministro. ¡Ojo! Podría volver a nombrar primer ministro a la misma persona. Nada se lo impide. No obstante, claro, la Asamblea Nacional, previsiblemente volvería a echarlo.
“Con sólo un tercio de votos asegurados, la pregunta es evidente: ¿cuánto podrá aguantar el gabinete de Barnier?”
¿Y Macron? ¿Corre el riesgo de abandonar El Eliseo antes de finalizar su mandato? Ideológicamente, todos los diputados que han puesto encima de la mesa su procedimiento de destitución pertenecen al Frente Popular. Setenta y tres engrosan las filas de la Francia Insumisa de Mélenchon. Cinco son Ecologistas o verdes. Los tres restantes representan a la isla índica de Reunión en la Asamblea Nacional. Estos últimos están bastante molestos, después de que el Presidente rechazará la propuesta de la Francia Insumisa para nombrar como primera ministra a Huguette Bello, Presidenta del Consejo de Reunión, mujer negra de 73 años y miembro del Partido Comunista insular.
¿Cambiar al Presidente facilitaría las cosas? Depende de quien lo sustituya claro. Empecemos por aclarar que, a diferencia del primer ministro y su gobierno, el Parlamento no puede cesar al Jefe de Estado por meras desavenencias políticas. La constitución gala prescribe que el Presidente únicamente “puede ser destituido en caso de incumplimiento de sus deberes, manifiestamente incompatibles con el ejercicio de su mandato” (art 68).
“a diferencia del primer ministro y su gobierno, el Parlamento no puede cesar al Jefe de Estado por meras desavenencias políticas”
El problema es que la constitución no define cuáles son esos incumplimientos de deberes que justificarían un impeachment presidencial. De hecho, este procedimiento sigue inédito, desde 1958, cuando De Gaulle proclamó la V República. Ergo, Francia se adentraría en territorio constitucional desconocido.
La primera y mejor baza de Macron pasaría por cuestionar la legalidad de la Asamblea Nacional para destituirle. En Francia, no existe un Tribunal Constitucional, el control de la constitucionalidad y conflictos institucionales los resuelve el Consejo Constitucional, un organismo mucho más político que jurisdiccional. Lo integran nueve vocales, tres nombrados por el propio Presidente, tres por el Presidente de la Asamblea Nacional y tres por el Presidente del Senado. También son miembros vitalicios los ex Presidentes de la República.
“La constitución gala prescribe que el Presidente únicamente puede ser destituido en caso de incumplimiento de sus deberes”
El Consejo de la República podría valorar que Macron se limita al ejercicio legítimo de su poder presidencial buscando un primer ministro con quien coexistir con un mínimo de comodidad. Por tanto, no ha lugar al procedimiento de destitución. Semejante escenario reforzaría mucho al Presidente en las negociaciones gubernamentales, de ahí que muchos cuestiones el acierto de la Francia Insumisa al quemar este cartucho con tanta precipitación.
No obstante, imaginemos que el Consejo Constitucional decide dar luz verde. La Asamblea Nacional votaría, entonces, si aprueba la apertura de la destitución de Macron. Si la mayoría de sus diputados no la aprueba, fin de la historia. En caso de que votasen a favor, el Presidente de la Asamblea Nacional remite al Senado la propuesta.
“El Consejo de la República podría valorar que Macron se limita al ejercicio legítimo de su poder presidencial […] no ha lugar al procedimiento de destitución”
En la cámara alta se repite la jugada. Los senadores deben decidir si tiran para adelante con la destitución presidencial. Si la propuesta no se aprueba o el Senado guarda silencio por más de quince días, el procedimiento precluye sin más. En caso de un voto favorable, el Presidente del Senado informará al de la Asamblea Nacional para convocar al Tribunal Superior de la República.
Pese a su denominación, el Tribunal Superior no es otra cosa que una asamblea política donde se reúnen todos los diputados y todos los senadores. Este organismo votaría la destitución de Macron que únicamente prosperaría si 2/3 de los legisladores votan a favor.
“el Tribunal Superior no es otra cosa que una asamblea política donde se reúnen todos los diputados y todos los senadores”
¿Entonces qué pasaría? Macron quedaría cesado con efecto inmediato y el Presidente del Senado asumiría interinamente la Presidencia de la República. Actualmente, ocupa este cargo Gérard Larcher, centro derechista que ejerció una cartera ministerial durante la presidencia de Sarkozy. En apariencia, tendría pocos atractivos para la izquierda llevar a El Eliseo a un derechista conservador, en reemplazo de un liberal como Macron. Sin embargo, el sistema francés difiere del estadounidense y de los modelos presidencialistas en general. Larcher no agotaría el mandato de Macron.
La dimisión de De Gaulle (1969) y la prematura muerte de Pompidou (1974) ya llevaron a un Presidente del Senado a ejercer interinamente la Jefatura del Estado. En ambas ocasiones, le tocó a Alian Poher, que presidía entonces la cámara alta. El único cometido del Presidente interino es convocar elecciones presidenciales entre 20 o 35 días después de la vacancia anticipada.
“el Presidente del Senado asumiría interinamente la Presidencia de la República”
Poco importará, pues, a las izquierdas el ascenso transitorio de Larcher. Ahora bien, no ocurre lo mismo con las derechas.
Macron apenas tiene garantizados 166, sobre 577 diputados, en la Asamblea Nacional. Más precaria es su posición en el Senado, con sólo 22 escaños de 348. En un hipotético Tribunal Superior (925 miembros), su partido sólo dispondría de 188 votos, muy lejos del tercio, 308, que tendrían que superar, al menos por un voto para ganar la votación final de la destitución.
Sin embargo, parece previsible que, en caso de llegar tan lejos, las fuerzas de centro derecha apoyarían a Macron. Incluso si la ultraderecha apoyara a la izquierda para impulsar la destitución en la Asamblea, el centro derecha y los macronistas bloquearían la convocatoria del Tribunal Superior en el Senado, donde gozan de una amplia mayoría. ¿Motivo? Muy sencillo, el centroderecha tiene poco apetito electoral.
“Unas elecciones presidenciales en el corto plazo probablemente acabarían en una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon”
Unas elecciones presidenciales en el corto plazo probablemente acabarían en una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon, escenario con que las derechas moderadas y los liberales no quieren ni soñar. Tanto en la vía jurídica, como en la política, Macron mantiene una posición de fuerza frente la Asamblea Nacional. Ahora bien, fuerza y omnipotencia no son lo mismo. Antes o después, tendrá que hacer concesiones para gobernar.
