Los detractores de la Administración Pública están de enhorabuena esta semana, tras encontrar en una entrevista de La Voz de Galicia un regalo inesperado. Un joven, de nombre Pepe Bescos, después de aprobar su oposición a la primera con 23 años, se desquita con unas declaraciones explosivas: «Lo mejor es que nunca voy a estar un mes sin cobrar salvo que quiebre España». Ni el más optimista de los ultraliberales habría podido diseñar un titular más comprometedor para el prestigio de los funcionarios. Lo tiene todo.
A simple vista, Pepe Bescos no tiene excusa. No nos vende el sueldo garantizado como un motivo más entre los que justifican el interés por ser empleado público, sino como “lo mejor”. Ni que decir tiene que, tras ese arranque de honestidad, los prejuicios contra el funcionariado español han quedado justificados a perpetuidad. ¡Por fin uno de ellos se ha atrevido a dejar reflejado que lo que quiere es vivir del cuento! La teoría de la conspiración de que el señor o señora que te atiende al otro lado de la mesa es poco menos que una sanguijuela se ve confirmada al fin. Jaque mate, chupópteros.
“la condición vitalicia del funcionario de carrera no debería existir con el propósito de proteger a la persona que ocupa cada puesto, sino al puesto en sí”
Como funcionario que soy, creo que lo peor que uno puede hacer es buscar subterfugios para no afrontar la triste realidad: mucha gente (por no decir casi toda España, especialmente cada vez que tienen que ir a una oficina) cree que el hecho de que no nos puedan despedir (salvo excepciones contadísimas) es un privilegio que “no nos hemos ganado”. Y lo peor es que tienen razón, aunque en la forma de decirlo se haga un giro argumental injusto. El diablo está en los detalles: la condición vitalicia del funcionario de carrera no debería existir con el propósito de proteger a la persona que ocupa cada puesto, sino al puesto en sí. Por tanto, no tengo que “ganármela”, sino que va intrínseca en mi condición. En mi caso, ser Inspector de Hacienda.
Sé que no estoy convenciendo a nadie. Tampoco me extraña. ¿Y por qué debería haber más de un millón de personas en España a las que no se puede echar ni con agua hirviendo? De nuevo, no hay excusas: bajo mi punto de vista, no debería haberlas. Si la condición de funcionario de carrera no es un privilegio, sino una protección, solamente debería darse en aquellos puestos que requieran esa protección. Ninguna lógica tiene que, por el hecho de aprobar una oposición, se te conceda un estatus laboral diferenciado, porque eso implicaría que por haber aprobado “te lo has ganado”, cosa que me parece ridícula en sí misma. ¿El CEO que lleva 20 años cumpliendo en una compañía de máxima exigencia es menos que cualquier chaval que apruebe 3 exámenes? Nadie en su sano juicio operaría de esta forma si su propio dinero estuviese en juego.
“Los funcionarios debemos reconocer que es indefendible la situación actual”
Los funcionarios debemos reconocer que es indefendible la situación actual, en la que millones de españoles tienen que pagarle un sueldo de por vida a otros ciudadanos por haber aprobado unos exámenes. De hecho, el problema ni siquiera es que esta prebenda que tenemos no les aporte ningún beneficio a ellos; la verdadera tragedia es que es eminentemente dañina para España. Los españoles se merecen que los servidores públicos sean óptimos para el puesto que van a desempeñar, y esa excelencia no se puede conseguir atornillando de forma perenne a millones de personas a sillas que no les corresponden.
El funcionario público solo debe tener una condición vitalicia en aquellos puestos en los que la propia naturaleza de su función la haga susceptible de ser parasitada por intereses espurios. ¿A qué me refiero? A que tiene sentido que un juez no pueda ser expulsado (eso implicaría que cierta presión política podría poner en la calle a cualquiera que investigase la corrupción gubernamental), pero no que un profesor lo sea para siempre. La lógica dicta que sean funcionarios de carrera quienes ocupen puestos relacionados con el manejo de información sensible, con la seguridad pública, la defensa nacional, la administración de la justicia y la toma de decisiones de extraordinaria trascendencia.
“El funcionario público solo debe tener una condición vitalicia en aquellos puestos susceptibles de ser parasitada por intereses espurios”
Por supuesto, sé que habrá confusión de términos si este artículo tiene alguna repercusión. Imbuido en el subconsciente patrio está que ser inamovible en tu puesto es algo que has conseguido por aprobar una oposición, de modo que decir que profesores o médicos no deberían serlo equivale, tristemente, a menospreciarlos. Nada más lejos de la realidad: valorar la importancia de esas profesiones me hace adoptar esta postura. Un profesor de instituto difícilmente verá su puesto peligrar por las presiones de un político; sin embargo, un niño que caiga en manos de un mal profesor sí puede sufrir gravísimos daños. Se trata de proteger al más débil, que en unos casos será el funcionario y, en otros, el ciudadano común.
En todo caso, e incluso para quienes estén en desacuerdo con el más mínimo cuestionamiento del carácter vitalicio de nuestra posición, el mensaje es el mismo: la falta de autocrítica, por no decir el orgullo desmedido, va a acabar pasando factura a la Administración Pública. El español medio lo tiene muy difícil para llegar a fin de mes, independizarse es una quimera y ni que decir tiene que las condiciones laborales rozan lo tercermundista en ocasiones. Es inaceptable, en un país de ingenieros e ingenieras que se ven obligados a irse al extranjero, de viudos y viudas con pensiones pírricas, que un servidor público se congratule en una entrevista de que es más fácil que el planeta deje de girar que despojarlo de sus privilegios. El individualismo, para quien ha elegido este camino, no está permitido.
“la falta de autocrítica, por no decir el orgullo desmedido, va a acabar pasando factura a la Administración Pública”
En definitiva, creo que es inevitable a largo plazo un choque de intereses entre el funcionariado y el ciudadano común, especialmente teniendo en cuenta la variable económica. Muchos funcionarios somos unos afortunados cuya única losa (bendita losa, si me preguntáis) es el deber de mantener un respeto absoluto por los conciudadanos, un comportamiento ejemplar y rectitud en el desarrollo de nuestras funciones. Si no llegamos ni siquiera a ese mínimo, entiendo que el pueblo español tome las medidas que considere adecuadas para darnos el escarmiento merecido por la confianza truncada.
