Desde que el gobierno de Nicolás Maduro desconoció la soberanía popular ejercida el 6 de diciembre de 2015 cuando se eligió un Parlamento Nacional con mayoría absoluta opositora, el régimen inició un golpe de estado continuado a la Constitución aprobada en 1999 y que, por cierto, fue hecha a la medida de su antecesor Hugo Chávez Frías.

El país venía presentando una escasez -sin precedentes- de alimentos y medicinas, por lo que el triunfo de la Asamblea Nacional constituyó para el país una gran victoria, ya que se abría la posibilidad real de que el chavismo comenzara a salir de las instituciones por la vía democrática, a pesar del evidente ventajismo electoral que siempre promueve. No obstante, a los pocos días de haber obtenido ese mandato popular, el Tribunal Supremo de Justicia, como brazo judicial del régimen, suspendió los efectos de la elección de tres diputados por Amazonas y el representante indígena del sur, lo que supuso que la Unidad Democrática se quedara sin la mayoría absoluta necesaria para legislar sin cortapisas.

Debido a esto, el Poder Judicial declaró en desacato a la Asamblea Nacional recién designada, vulnerando así la organización interna de la AN y usurpando sus funciones como Poder Legislativo, ya que en Venezuela no existe una norma jurídica que establezca que si el Parlamento no obedece una sentencia queda inhabilitada para ejercer sus funciones. A dos años y medio, bajo una continua incorporación y desincorporación, éstos legisladores no han podido ocupar sus escaños y el TSJ utiliza la tesis del desacato para desconocer toda acción ejercida por el Congreso.

Prohibido votar en contra del régimen

Otra subida de tensión en la vida política del país fue la suspensión, el 9 de junio de 2016, del Referéndum Revocatorio que había activado la oposición en contra de Nicolás Maduro. Para ello, la Mesa de la Unidad Democrática solicitó (al cumplirse la mitad del periodo presidencial) ante el Consejo Nacional Electoral una consulta electoral que pretendía sacar la herencia del chavismo del Ejecutivo. Mientras la Carta Magna establece un plazo de 90 días para organizar el revocatorio; el CNE tardó ocho meses en tan solo llevar a cabo menos de la mitad del proceso, para después -de forma unilateral- suspender el ejercicio del derecho al voto.

Bajo esta misma premisa se presenta un cronograma electoral a la medida del chavismo sobre las elecciones regionales y municipales que debieron ser en diciembre de 2016 y aún no tienen fecha de realización. Actualmente, están en el tablero de la agenda política, pero con unas condiciones que tienen máxima desventaja para la oposición, como inhabilitaciones individuales a políticos y a partidos además de que las rectoras del órgano electoral no cesan en dejar clara su marcada opacidad.

Desde las elecciones del 6D todas las encuestas reflejan que el oficialismo perdería cualquier consulta -siempre y cuando se den las garantías para ello- con más del 80% de los votos.

Nicolás Maduro: responsable absoluto de la crisis venezolana

La grave crisis humanitaria que vive Venezuela con una escasez de medicamentos de más del 90%, una inflación acumulada -en el primer semestre del 2017- del 128% y con la necesidad de obtener 20,9 salarios mínimos para comprar la canasta básica familiar; el 9 de enero la Asamblea Nacional decidió declarar la responsabilidad política y el abandono del cargo a Nicolás Maduro. Esto representa haber dejado claro que el presidente de la República no ha cumplido con las funciones constitucionales inherentes al cargo que representa y por lo tanto debía haber una convocatoria a elecciones para reemplazarlo.

Aunque dicha figura está contemplada en la Constitución el brazo jurídico del régimen madurista declaró nula la sesión y a toda la junta directiva parlamentaria, por ende, no tuvo ningún efecto operativo, pero sí agravó la crisis institucional venezolana y desató el llamado interno, de la gran mayoría de la sociedad, a unas elecciones generales inmediatas.

Estocada final a la democracia

El 1 de mayo, el régimen de Maduro jugó una carta que le ha costado sostener el desgastado hilo democrático que le quedaba a su gobierno; convocó una Asamblea Nacional Constituyente en nombre del poder originario (el pueblo) pero sin hacer un referéndum consultivo, lo que desató la indignación de toda la población generando una ola de protestas continuadas durante más de 4 meses. Durante ese tiempo la violación de los Derechos Humanos fue sistemática, a día de hoy se contabilizan más de 5.300 detenidos (casi 1.000 siguen detrás de las rejas), más de 100 detenidos con orden bajo fianza y 645 presos políticos, según cifras oficiales del Foro Penal.

A ello, hay que añadir la gran cantidad de exiliados como la fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida de su cargo por la nueva ANC de una forma totalmente arbitraria y anticonstitucional, una fiel aliada del ex presidente Hugo Chávez y ahora perseguida por la dupla Cabello-Maduro. Igualmente, el alcalde del Chacao (elegido por más del 84% de los votos), Ramón Muchacho, quien fue sentenciado a 15 meses de cárcel e inhabilitación política haciéndolo responsable de las múltiples protestas realizadas en su municipio.

Por todo el tinte autoritario y anti democrático que ha demostrado tener el gobierno de Nicolás Maduro, la comunidad internacional desconoce de forma tajante la Asamblea Nacional Constituyente y gobiernos, como el norteamericano, han impuesto severas sanciones económicas a los altos jerarcas del régimen; así mismo la Unión Europea se ha pronunciado y exhortó al gobierno a restablecer el orden constitucional en Venezuela; no obstante, la respuesta del mismo es mayor agravamiento de la crisis y mayor represión para el pueblo, sometiéndolo a vejaciones de toda índole, como cárcel, desapariciones forzadas o la dependencia hacia una bolsa de comida a cambio de votos y fidelidad al Comandante Eterno.

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