La violencia digital no ha dejado de crecer desde que las redes sociales se han popularizado. Las alarmas llevan años sonando. No es casualidad que la última reforma de nuestro Código Penal incluyese como delitos el acoso y la difusión sin autorización de imágenes íntimas a través de internet, con penas agravadas en casos de violencia de género.

Los cambios se aprobaron en 2015, pero no fue hasta septiembre 2016 cuando todos nos dimos cuenta de la auténtica dimensión del problema.

En esa fecha se ahorcó Tiziana. Esta joven de 33 años se suicidó en Italia tras el escarnio público al que fue sometida cuando su pareja difundió varios vídeos íntimos con contenido sexual de ella, que acabaron en páginas pornográficas y otras plataformas. Ella ganó el juicio, ganó el “derecho a ser olvidada”, pero el tribunal le obligó a pagar 20.000 euros en costas al dar por hecho que consintió la difusión de las imágenes.

Tiziana pasó un infierno en vida. Los videos se hicieron virales, los programas de televisión hablaban de ello y se mofaban. Fue víctima de memes ilimitados, se imprimieron camisetas y carcasas para móviles con una de las frases que ella decía en el video.

Sufrió una humillación y vejación pública intolerable, pero nunca logró eliminar los vídeos de la red. Vio destrozada su vida y no pudo más. Cuando se quitó la vida, su madre proclamó: “Han destruido a mi hija (…) Tienen que devolverle la dignidad”.

Nuestras leyes ya contemplan estos delitos, incluida la ‘sextorsión’ o chantaje mediante el uso de contenidos íntimos, ¿pero cuántas mujeres los conocen? ¿Cuántas, aún sabiéndolo, se atreverían a denunciarlo? ¿Cuántas se han quitado la vida por algo así?

La culpabilización de las víctimas es un mal habitual. “Es tu responsabilidad”. “¿Cómo se te ocurre enviar eso?” “Si no te grabas, no te pasa”. Pues no: la práctica del sexting no es un delito. El intercambio libre de contenido sexual entre dos personas no puede demonizarse. Pero el delito, que se produce cuando se envían esas imágenes sin el consentimiento de la afectada, sí hay que combatirlo.

No hablamos de ciberbullying escolar, sino de ciberdelitos. El 100% de las denuncias, según los especialistas, son de mujeres, convertidas en un blanco fácil para los cobardes que se esconden tras un dispositivo digital.

Nuestra Policía Nacional y la Guardia Civil son pioneras en la lucha contra estas prácticas, pero la realidad les está arrollando.

En Ciudadanos queremos actuar desde la raíz. La iniciativa que hemos presentado en la Asamblea de Madrid propone enseñar a los futuros adultos en los colegios, institutos y universidades que la ‘sextorsión’ y el acoso existen, que se pueden evitar y que se deben denunciar, formando para ello a los profesores y a los padres de la mano de los expertos en cibercrimen.

Es tal la dimensión del problema, que sólo de la mano de estos expertos podremos combatir la aparición y el crecimiento de estos delitos.

Este nuevo tipo de violencia sexual no hiere a nivel físico, pero sí puede arruinar una vida a nivel psicológico y social para siempre. En el caso de Tiziana, acabó con su autoestima y con su reputación digital. Dejó un rastro en la red imposible de borrar y la empujó al suicidio. Tiziana, como todas las víctimas de violencia de género, debería estar viva. Educar a las nuevas generaciones es la mejor manera de evitarlo.

¿Y si ella fuese tu hija, tu hermana o tu madre? Reflexionemos sobre ello.

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