Hace unas semanas, Juan Milián, uno de los activos más valiosos del Partit Popular de Catalunya, me sugirió participar en un experimento. La Asociación Catalana de Comunicación y Estrategia Políticas (ACCIEP), entidad independiente que promueve la comunicación como fórmula para superar la brecha entre política y ciudadanía, iba a reunir durante cuatro horas, a puerta cerrada, a un grupo de personas para debatir bajo el epígrafe Y después del 155… ¿qué? “Cuantos más constitucionalistas seamos, mejor”, me había dicho Milián. Una vez allí, debíamos ser, entre unos y otros, cuarenta individuos. Políticos, científicos sociales, periodistas, personas sin perfil público reconocible. Como me temí desde el inicio, estábamos en minoría. También tuve la sensación, algo melancólica, de que me sobraban dedos de una mano para contar, entre la concurrencia, a los constitucionalistas encuadrables en lo que llamamos izquierda.

“La distribución inicial en mesas mixtas de discusión, con independentistas, no independentistas y terceristas mezclados”

La sesión, por lo demás, tuvo su gracia y se resume en una secuencia de pasos bien orquestados. La distribución inicial en mesas mixtas de discusión, con independentistas, no independentistas y terceristas mezclados. La decantación progresiva, dentro de cada grupo, de propuestas de mínimos consensuadas y su presentación pública. La posibilidad individual de aplicar un veto automático y sin dar ninguna explicación a cualquier propuesta que se viera como inaceptable o inoportuna –hubo algunas más que extravagantes por parte de secesionistas exprés seniors, el grupo más proclive a exigencias extemporáneas y a ideaciones poco realistas. Al final, cada mesa eligió un tema concreto y lo desarrolló como su aportación: la suma de esas contribuciones conjuntas es el modesto legado que el experimento deja como sugerencias a explorar de cara a mejorar el ambiente social en Cataluña. Sin embargo, lo más significativo de la tarde fue lo que impregnó toda esa mecánica y saltó a la vista como evidencia difícil de obviar para quienes estábamos en el lado de la minoría: más allá de la cortesía un tanto forzada que nos dispensamos unos a otros, que nos hizo sentir algo hipócritas –no debí ser el único-, la actitud de los independentistas fue mucho más impositiva, airada y segura de sí misma a la hora de exponer sus planteamientos. Sus parlamentos demostraron que ya ha cristalizado un nuevo mito, un poderoso relato interiorizado por todos y cada uno de ellos: la dignidad de un pueblo aplastada el 1 de octubre. Un nuevo 1714. Esa inyección moral administrada desde las alturas les permite jugar al ataque, y a los no independentistas, al contrario, nos lleva a decir todo de un modo discreto, con un tenue hilo de voz, casi pidiendo perdón. Ellos salen a liquidar pronto el partido, y nosotros, en campo contrario y con el público en contra, ocupamos nuestra mitad del terreno de la manera más eficaz posible, tapamos espacios, aguantamos el chaparrón.

“Ellos salen a liquidar pronto el partido, y nosotros, en campo contrario y con el público en contra, ocupamos nuestra mitad del terreno de la manera más eficaz posible, tapamos espacios, aguantamos el chaparrón”

Debido a este trasfondo fue perturbador para muchos catalanes leer el 30 de junio en El País las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña. A la pregunta del periodista Pere Ríos sobre una actuación policial el 1 de octubre “que costará olvidar”, Teresa Cunillera sobrevive a base de desplegar el ejercicio de funambulismo característico de la línea oficial del PSC: lamenta humanamente lo sucedido aquel día, dibuja una tangente de escape para no tener que señalar a las fuerzas de seguridad, reparte culpas políticas entre independentistas y “Gobierno del PP” y subraya que el origen del 1 de octubre está en las sesiones del Parlament del 6 y 7 de septiembre, cuando se desafió Constitución y Estatut y hubo una “marginación política brutal de la oposición”. El mensaje de esa marginación de los partidos constitucionales, indiscutible, nunca ha ido acompañada, en el mensaje que pretende fijar el PSC, por la complementaria y vital denuncia a la marginación a la que se sometió –por vía de maniatar a sus representantes políticos, pero no sólo, ni fundamentalmente, por ello- a la ciudadanía no nacionalista. Ciudadanía que se vio obligada en aquellas fechas a padecer un referéndum ilegal e ilegítimo que nunca aceptó, que vio su voluntad política sacrificada en el altar del bien supremo del derecho a decidir de quienes se habían elegido a sí mismos para ello. Cunillera rubrica su respuesta, en una coda que retoma el tono doliente del arranque, sosteniendo que “los sucesos de aquel día y la confrontación nunca debieron producirse”. Y con esto último es con lo que el periodista decide titular su pieza en un ejercicio de sutileza en la activación de los sesgos cognitivos del lector: en un medio ambiente comunicativo tan castigado por la propaganda como es el catalán, la simple adscripción a un político de un titular con la frase “Los sucesos del 1 de octubre nunca debieron producirse”, lo desplaza en nuestra percepción desde la trabajosa equidistancia hasta una legitimación, aunque sea leve, del intento de referéndum. Todo parece alinearse en este momento -dinámica política, sesgos periodísticos- para tejer el relato independentista sobre la idea de la agresión intolerable sufrida el 1-O, y la consiguiente necesidad de aceptar la transferencia de la culpa hacia un Estado bajo sospecha.

“Todo parece alinearse en este momento -dinámica política, sesgos periodísticos- para tejer el relato independentista sobre la idea de la agresión intolerable sufrida el 1-O, y la consiguiente necesidad de aceptar la transferencia de la culpa hacia un Estado bajo sospecha”

A reconocer esta especie de culpa original contribuyó el propio Pedro Sánchez en la sesión parlamentaria del 27 de junio: su réplica al diputado Rufián constituye su mayor error político como presidente. Más allá de señalar al Gobierno del PP como responsable concreto del problema –lo que situó su discurso en un plano de equidistancia menos equidistante que el de Cunillera días más tarde-, Sánchez recuperó y validó el discurso de la armonía rota debido a la sentencia del TC en 2010 sobre el Estatuto catalán. Su llamativa respuesta, en un tono más que apaciguador ante la actitud despreciativa y retadora de Rufián, provocó una oleada de indignación inmediata en las redes sociales. La intuición de tantos aquella tarde fue correcta: nunca se podrá insistir demasiado en la necesidad de pelear por el relato que habrá de imponerse sobre lo sucedido en Cataluña. De ello depende la legitimidad de nuestra democracia a ojos de una parte de la ciudadanía. Porque si se baja la cabeza y se acepta que el funcionamiento de las instituciones ha sido dañino para Cataluña -ya por la sentencia del TC, ya por la acción policial el 1-O-, nuestros argumentos de legitimidad pierden todo su vigor: se entra de lleno en el terreno minado y falaz propio del secesionismo, el de la ruptura implícita del pacto constitucional del 78, el del maltrato deliberado a Cataluña. No se puede jugar ese juego, siendo como son estrictamente falsos los dos puntos de apoyo empleados: ni el TC fue, con su sentencia, ningún detonante temporal e identificable de un espontáneo y general malestar ciudadano, ni la actuación policial, más allá de su torpeza o pertinencia, fue el aquelarre totalitario que el secesionismo ha pregonado –echando mano sin pudor a todo tipo de informaciones falsas-, y al que pretende agarrarse ahora como a clavo ardiendo para una mejor posición negociadora en el futuro.

El plan del nuevo Gobierno ante el problema de Cataluña es del todo legítimo, como lo fue también, en una coyuntura distinta, la acción del Gobierno anterior. La apuesta, junto con el resto de acciones que se lleven a cabo los próximos dos años, será evaluada cuando llegue la hora de las urnas: algunos esperarán a ver resultados obtenidos, otros sólo necesitarán juzgar la naturaleza de las iniciativas llevadas a cabo, con independencia de lo que se pueda conseguir. Ambos enfoques son perfectamente defendibles. En cualquier caso, lo verdaderamente inquietante en el desempeño de ambos gobiernos, aquí bien igualados, parece residir, no en el cansino debate sobre la necesidad de actuar sólo con la ley o con la ley más la política, sino en el sorprendente desprecio que manifiestan hacia la necesidad de triunfar sobre el secesionismo en la lucha por los argumentos, en la batalla por la legitimidad social que da el ser capaz de imponer tu relato de los hechos. Aquí, como en otras cosas, el nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell, aparece como free rider dentro de su propio equipo, y despliega la lucidez que no parece abundar en las luces cortas de la mayoría.

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