Esta semana, en Barcelona, los dos sindicatos de clase, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, han salido a la calle en manifestación, no para luchar por los derechos de los trabajadores maltratados por la Reforma Laboral, no para reivindicar la subida de las pensiones con el IPC, no para defender nuestro menguante Estado del Bienestar, no, han salido a las calles para pedir la libertad de “los presos políticos” del independentismo catalán.

En ambas organizaciones se ha desatado un feroz debate interno acerca de lo inadecuado que es posicionar sindicatos nacionales, cuya misión debería estar al servicio de la igualdad de derechos y oportunidades, al servicio de la causa del “Procés”. Numerosos regionales y secciones sindicales se han desvinculado de la posición de CCOO y UGT en Cataluña y se están produciendo bajas de afiliados en alarmante número.

En un país como España, donde la sindicación no es obligatoria, como en otros países europeos y donde los Convenios Colectivos no son de eficacia limitada a los afiliados sino de aplicación general, por lo que no militar en un sindicato no te impide disfrutar de los logros que ese sindicato consiga en la negociación colectiva, el porcentaje de afiliación es muy bajo, en torno únicamente al 15% de los trabajadores. Y aunque la hegemonía de UGT y CCOO es indiscutible hoy, no está garantizada.

Las organizaciones de izquierdas, tanto los sindicatos (Comisiones y UGT), como los partidos políticos (PSOE/PSC, Podemos y los Comunes), están sufriendo en España entera por la deriva soberanista de sus territoriales catalanas, pero estas territoriales también sufren en Cataluña porque parte de sus afiliados no consideran que son lo suficientemente catalanista y otra parte huyen espantados por el independentismo reinante.

Yo misma, afiliada a la UGT desde el año 98, solicité la baja de la organización después del apoyo del sindicato al independentismo tras el 1 de octubre y su asistencia a manifestaciones en contra de la “brutalidad policial” o el “Estado opresor”, algo que, como demócrata, como progresista, como activista política y sindical, me pareció completamente fuera de lugar. España no es una república bananera, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actúan bajo parámetros legales y constitucionales y a las órdenes, en este caso del máximo Tribunal español. Tratar desde las centrales sindicales de cuestionar el Estado de Derecho español es una falta intolerable para mí.

Para muchos trabajadores y trabajadores españoles, afiliados a uno y otro sindicato desde hace décadas, delegados sindicales en sus empresas, de los que dan la cara por las siglas, de los que conocen el nombre y los problemas concretos de sus compañeros, de los que hacen huelga y sufren el descuento en nómina, de los que se quitan tiempo de familiar o de ocio para que el sindicato siga funcionando aún con medios precarios, para ellos, ver prostituirse las siglas en unos fines políticos sectarios, como son los independentistas, está siendo un calvario difícilmente soportable.

El dilema es si quedarse en la organización pese a no compartir las decisiones que toma la dirección federal en la esperanza de que un día cambien los dirigentes y se retome el buen rumbo de un sindicato de clase que ha escrito grandes líneas en la historia reciente de España o, asumir que no puedes ser cómplice de comportamientos profundamente sectarios y poco democráticos y abandonar la que ha sido tu casa, parte fundamental de tu vida laboral, un compromiso ético adquirido en conciencia.

Mi solución fue salir corriendo espantada, pero comprendo, respeto y admiro a los que deciden quedarse a pelear por su organización. ¡Buena suerte, compañeros y compañeras, de corazón os deseo que triunféis y los que nos hemos ido podamos un día volver a casa!

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