En escrito de fecha 6 de agosto de 2018, la Abogacía del Estado, mostró su conformidad con el Auto por el que concluía el sumario instruido a los líderes del llamado popularmente “procés” por el que se procedía a la Apertura de Juicio Oral por los delitos de Rebelión (artículos 472 y ss del Código Penal), delitos de Desobediencia (artículo 410 CP) y delito de Malversación de Caudales Públicos. Con este avenimiento, lo que estaba claro es que la Abogacía del Estado estaba en consonancia con lo argumentado por la Fiscalía en lo referente a los delitos presuntamente cometidos por los políticos y líderes civiles encausados tras los graves acontecimientos ocurridos en torno al 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Es decir, que veía jurídicamente razonable acusar por rebelión a aquellos que lideraron el asalto a la sede de la Conselleria de Economía de la Generalitat en septiembre de 2017, pocos días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre y a todos los políticos que diseñaron y llevaron a cabo el plan para declarar la independencia de Cataluña después de esa fecha.

“En agosto de 2018 la Abogacía del Estado mostró su conformidad con la Apertura de Juicio Oral por los delitos de Rebelión, Desobediencia y Malversación de Caudales Públicos en consonancia con lo argumentado por la Fiscalía”

Nada ha sucedido desde agosto para que la Abogacía del Estado cambie de opinión, pero, sobre todo, no hay ninguna justificación procesal para que, una vez firme el Auto de Procesamiento por Rebelión, una de las partes se saque de la manga judicial, un delito por el que no se ha instruido causa alguna, la Sedición. Es más, podríamos estar ante un fraude procesal que conllevara la expulsión de la causa de la citada Abogacía del Estado cuyo papel no debería ser otro que recuperar el dinero supuestamente malversado a las arcas públicas por los acusados.

Para los legos en materia procesal penal y simplificándolo mucho, en España, hay un juez que instruye la causa, el que la investiga, busca pruebas, testigos, documentos… y determina si hay pruebas suficientes de la comisión de uno o varios delitos. Y que una vez finalizada la instrucción emite un Auto en el que explica qué delitos cree que se han cometido, que pruebas tiene de ello y por quién supuestamente se han llevado a cabo. A partir de ese momento es otro juez o tribunal el que juzga y dicta sentencia pero, y aquí viene la madre del cordero, solo sobre aquello que se ha instruido por el juez anterior.

“No hay ninguna justificación procesal para que, una vez firme el Auto de Procesamiento por Rebelión, una de las partes se saque de la manga judicial, un delito por el que no se ha instruido causa alguna, la Sedición”

Por ejemplo, si durante la instrucción se decide que ha habido un crimen y se dicta auto de procesamiento contra un señor por asesinato, en el juicio no se le podrá juzgar, también por violación o robo, o cualquier otro delito que pudiera haberse cometido que no haya sido fijado previamente. Insisto, simplificándolo mucho. Si esto sucede, cualquier acusado recurrirá alegando indefensión porque no ha podido presentar pruebas exculpatorias sobre esos delitos en la fase de instrucción.

Si toda la instrucción del “Procés” se ha realizado en base a la Rebelión y en el Auto de Apertura del Juicio Oral se ha determinado que el delito del que se acusa a los procesados, entre otros, es el de Rebelión, en el juicio no se podrá hablar de Sedición, ni mucho menos juzgar por ella y la Abogacía del Estado lo sabe, insisto.

Hoy, la Fiscalía se ha mantenido clara en su tesis de que existió delito de Rebelión y ha pedido pena de 25 años de prisión para Oriol Junqueras como uno de los principales dirigentes de la Rebelión y posterior declaración de independencia en Cataluña, así como 17 años de prisión para los Jordis, Sánchez y Cuixart, o Forcadell, y 16 años para Turull, Rull, Bassa, Romeva y Forn. También ha solicitado 11 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por Rebelión contra Trapero, mayor de los Mossos d’Escuadra.

“Es muy peligroso que la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y su  necesidad de que el independentismo vote favorable a sus Presupuestos Generales  le lleve a devaluar a la Abogacía del Estado hasta el punto de ponerles al límite del fraude procesal”

Es muy peligroso para la credibilidad de las instituciones del Estado que, la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y su imperiosa necesidad de que el independentismo catalán y vasco vote favorable a sus Presupuestos Generales del Estado, le lleve a devaluar a la Abogacía del Estado hasta el punto de ponerles al límite del fraude procesal, solo para contentar a los sustentadores de su ejecutivo. Esperemos no tener que lamentar en un futuro todas estas instrumentalizaciones de lo público al servicio del interés de unos pocos.

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