Una vez apaciguado el conflicto de los taxis y las VTC en Madrid y Barcelona por fin se puede empezar a hacer análisis sin caer en la inmediatez y la inexactitud a la que parece que la sociedad se ve abocada irremisiblemente.

Durante las últimas semanas los colectivos del taxi han convocado, secundado y finalmente cancelado las jornadas de huelga más mediáticas de los últimos tiempos debido a la irrupción de aplicaciones de transporte mediante licencias VTC, como Uber y Cabify. En concreto por Uber y Cabify. Para alejarse de la subjetividad como mantra -la peor herencia de la posmodernidad- merece la pena hacer un esfuerzo y ceñirse a los hechos y hacerse preguntas: ¿por qué ha sucedido este conflicto entre taxis y VTC?, ¿qué reivindican los dos colectivos? y, la más importante ¿qué pinta (o debería pintar) la Administración en todo esto?

Los taxis han montado una huelga brutal con cortes en las principales vías de las dos ciudades más importantes de España siguiendo unas reivindicaciones iniciales que en el fragor de la batalla por convencer a la opinión pública -con sus portavoces apareciendo en los medios de comunicación todo el día durante todos los días que duró la protesta- han acabado diluyéndose.

Si dejamos a un lado nuestra opinión (cada vez pienso más que no hay nada tan sobrevalorado), las molestias que las protestas nos hayan podido causar en nuestros quehaceres diarios o las formas de los manifestantes, manifiestamente muy mejorables -para la historia quedará el personaje de Peseto Loco. ¿En serio? ¿Peseto Loco?-  no es complicado llegar a la conclusión de que las reivindicaciones del colectivo de taxistas tienen sentido.

No estamos hablando de cuestiones ideológicas o de visiones diferentes sobre el funcionamiento de la economía. Con la ley en la mano, los taxistas tienen razón. Hay una normativa aceptada que dice que por cada 30 licencias de taxi debe haber 1 licencia VTC. Recordemos: 30 taxis, 1 VTC. Y los taxistas tienen razón porque el día del inicio de la huelga la proporción era de 3 VTC por cada taxi, y en Barcelona de 5 a 1.

“No estamos hablando de cuestiones ideológicas o de visiones diferentes sobre el funcionamiento de la economía. Con la ley en la mano, los taxistas tienen razón”

No estamos ante una directriz de hace décadas, se aprobó en el año 2015. Y muchos de los que piden que se cambie ahora mismo porque la situación y la sociedad han cambiado se echan las manos a la cabeza porque se sugiera cambiar un par de comas de la Constitución Española, que se aprobó hace 40 años pero no ha podido quedarse desfasada.

Volviendo al problema taxi-VTC, habría que tener un respeto nulo por las leyes establecidas para no estar de acuerdo con que las VTC se han excedido, y mucho, de lo que deberían en cuanto a número de licencias. Se puede querer cambiar la normativa de forma legítima pero negar la mayor en cuanto a la mirada a otro lado que han hecho las empresas de VTC no tiene sentido ninguno. Además de esta reivindicación, los taxistas esgrimen que se encuentran en una situación de competencia desleal. Los turnos/horas de trabajo al día y a la semana, precios y obligaciones contractuales y con el fisco son muy diferentes en ambos casos y perjudican al taxi.

En el otro lado, otras quejas, como las relativas al precio de la licencia carecen de fundamento. Si hay quien ha recurrido a la reventa para hacerse con una licencia de 100000 euros cuando su precio es muy inferior no debe ser un problema. Quejarse de tus propias opciones debería estar, como mínimo, muy mal visto. Pero los taxis olvidan con sus peticiones un axioma que se repite en voz baja de forma natural en todas las sociedades: “El hecho va antes que el derecho”, esto es que los legisladores suelen ir a rebufo de la sociedad, que es una fuerza viva, mientras que la legislación requiere de unos consensos institucionales que hacen mucho más gravosa su adaptación.

En muchas otras cuestiones relevantes, que a día de hoy se toman como evidentes, como el matrimonio homosexual, las reclamaciones de las preferentes o ciertos derechos de los trabajadores, las movilizaciones y la concienciación social llegaron mucho antes que la legislación pertinente que lo regulaba y le daba amparo legal. Así, si la vida de los ciudadanos ha cambiado, la tecnología ha facilitado la contratación de chóferes desde el teléfono móvil y parece ser que la ley de oferta y demanda, de momento, está sirviendo para ofrecer mejores servicios cabe en cualquiera medianamente razonable que se tomen medidas para normalizar la situación.

“Si la vida de los ciudadanos ha cambiado, la tecnología ha facilitado la contratación de chóferes desde el teléfono móvil y parece ser que la ley de oferta y demanda, de momento, está sirviendo para ofrecer mejores servicios cabe en cualquiera medianamente razonable que se tomen medidas para normalizar la situación”

En todo caso -y ahora lo estamos viviendo quizá más que nunca en democracia- cualquier tema de debate público sirve para polarizar a la opinión pública. Nuestros políticos, sean del signo que sean, parecen más ocupados en generar opinión y arrastrar a la ciudadanía en una u otra dirección ideológica que en resolver problemas para el bien de la ciudadanía. Un signo, esta apropiación partidista de los debates que se generan de forma natural entre los ciudadanos, que es, cuanto menos, una señal de preocupación democrática.

 

La motivación ideológica del conflicto

Esta reacción política al conflicto entre taxis y VTC, se ve aquí de manera algo más entendible, ya que se ha planteado, desde el principio, y por los mismos interesados, como un choque entre las dos corrientes más opuestas a día de hoy a nivel político-económico en el demos español y occidental.

Por un lado tenemos el neoliberalismo más crudo y puro defendiendo las VTC y su implementación. Según lo que apuntaba en el Salvados del 10 de Febrero Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Catalunya, Uber y Cabify son comparables a las regulaciones sobre los vientres de alquiler. Desde el punto de vista neolib ambas cuestiones se ven emparentadas con la idea del progreso, de un neopositivismo del Siglo XXI que se fundamenta no en la ciencia sino en la tecnología y en la capacidad de esta de igualarnos a todos definitivamente y ante la aparente incapacidad de la mano invisible analógica de hacerlo.

Para aquellos que defienden el libre mercado sin apenas regulación, el taxi es uno de esos escollos regulados por la Administración que intentan impedir el progreso de la sociedad. Además, mirando con una idea más filosófica, el taxi y los taxistas, gracias al apoyo de la legislación que los regula pueden incumplir una de las grandes máximas del capitalismo: renovarse o morir. Que haya un servicio protegido que funciona desde hace muchas, muchas décadas, donde no se han implementado apenas cambios desde sus comienzos, rechina y mucho a los que creen en el darwinismo económico y ven, por lo tanto, a los taxistas, como una especie protegida por la Administración en una suerte de reserva natural legislativa.

Por otro lado la izquierda española defiende con una cierta obstinación a los taxistas. Para ellos, y quizá sea por lo que han perdido a los puntos en la resolución de este conflicto, se expresa todo como una cuestión contra este neoliberalismo imperante. Las fuerzas de izquierda -principalmente Podemos y sus alter-egos autonómicos- se constituyeron como una respuesta a la ideología mercantilista que amenazaba con romper los lazos de consenso sobre el trabajo y la economía propios del Estado del Bienestar, y fue a posteriori cuando tuvieron que articular propuestas propias en temas puntuales.

En un momento tan acelerado como el actual, la posibilidad de proponer ideas para resolver el conflicto taxis-VTC era fundamental, y los partidos de izquierda no han sabido o no han podido estructurar una respuesta propia, más allá de agarrarse a una ley que en otras ocasiones sí piden cambiar. Lo que no quita que las propuestas de los sectores VTC sean también simplistas y se limiten al lassiez faire. Aunque más allá de ideologías, al vivir en un Estado social y democrático de Derecho, los máximos responsables de la situación no son las ideologías reguladoras o capitalistas, sino la Administración pública.

 

La pasividad de los Poderes Públicos

No debe pasarse por alto la pasividad de la Administración, ya sea estatal, autonómica o municipal a la hora de tratar el tema del taxi. Sin entrar a valorar quién debería haber hecho qué o de quién es la responsabilidad “natural” de manejar la situación, nada de lo que ha sucedido habría sido así si se hubieran tomado las medidas necesarias para hacer cumplir la ley.

Regular las licencias VTC mientras subía su número de manera ilegal respecto a la legislación vigente, prohibiendo su proliferación cuando no era un problema que ha llevado a las dos grandes ciudades de España a una suerte de colapso hubiera solucionado el conflicto a la primera. Esto deja la feísima impresión de que hay según qué empresas que hacen que el Estado y las Autonomías se plieguen a sus deseos en vez de que sea al revés. Mientras las pequeñas y medianas empresas no tienen ventajas fiscales o no pueden saltarse la regulación queda evidenciado que las grandes empresas sí.

Bajo el ya mencionado paraguas de la tecnología y el progreso, las nuevas empresas de internet o Startups, hacen que la justicia actúe echando hacia atrás modelos de negocio que atacan los derechos de los trabajadores: Glovo o Deliveroo son un ejemplo claro.

Como se apuntaba durante los días de la huelga de taxis desde algunas corrientes, la tecnología no debe ser la justificación para cualquier actividad económica. ¿Nos imaginamos las drogas legalizadas porque los traficantes utilizaran una app? ¿O la inacción ante la venta de falsificaciones con la excusa de la economía colaborativa?

Legislar, como se ha hecho en otros casos, sobre la marcha a favor de las VTC también habría resuelto el conflicto en su vertiente legal. En cambio nos hemos encontrado con una propuesta de regularización del número de licencias VTC a varios años vista o la vaga promesa de un fondo de ayuda al taxi por los sobrecostes en licencias y demás que corre el riesgo de no materializarse, como tantas otras promesas.

La huelga de dieciséis días del conflicto del taxi en Madrid se ha revelado como una de las más estériles que se recuerdan. En Barcelona, en cambio, las VTC se han retirado del negocio por el momento, sí, pero el taxi se ha granjeado muchas opiniones desfavorables. La Generalitat decidió apoyarles durante la primera semana de huelga y los taxis han mantenido su estatus. La opinión pública despolitizada se ha puesto de lado de las VTC -o por lo menos no han apoyado al gremio del taxi- a pesar de actuar en el límite e incluso fuera de la ley porque han valorado su servicio, y al final esta es la clave de todo. Los políticos, por mucha opinión que creen en los últimos tiempos siguen debiéndose a la ciudadanía. Una buena noticia entre tanta crispación.

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