Hace unos días, el secretario general del PSOE, en su reunión con los representantes de Societat Civil Catalana, manifestó el deseo de “una legislatura autonomista para el 100% de los catalanes”. Quizás sea indicador de lo anómalo de una situación que la propuesta más razonable sea recibida por buena parte de sus destinatarios con desinterés. O peor: con malestar por un lado y escepticismo por el otro. Eso es lo que ha podido ocurrir en este caso, y ello porque cada uno de los dos sintagmas de la frase referida era disonante, respectivamente, para una de las dos Cataluñas en oposición. Por un lado, la correa de transmisión mediática del relato secesionista se afana en que se viva como afrenta todo lo que no sea la inexcusable República. Por el otro, quienes no participan del chute de autoafirmación comunitarista y se han sentido estos meses arrojados a las tinieblas exteriores, difícilmente creen que la raspada mayoría secesionista pueda tener un ataque súbito de consideración y decida gobernar para ese 100%, en el supuesto de que se decida por fin a nombrar a un candidato viable.

Recuerdo que en una conversación reciente en Twitter argumenté a un indepe acerca de la ilegitimidad de su referéndum. Utilicé la razón elemental de que los catalanes no podíamos decidir por nosotros mismos algo tan trascendental como son las fronteras, que afecta a los derechos de ciudadanía del conjunto de los españoles. Su ataque instantáneo fue que, en consecuencia, España era una prisión política, y que si un colectivo humano quería separarse, no podía hacerlo y que eso lo convertía en prisionero del otro. Continuaba atizándome, y eso llamó mi atención, con que mi posición equivalía a negar la personalidad política de Cataluña, es decir, la actitud propia del nacionalismo español. Es interesante constatar cómo una construcción semántica tan alambicada, que he escuchado decenas de veces antes, ha logrado tal penetración en el habla común, como fórmula de réplica rutinaria entre la clientela independentista. Otro indicador, esta vez del excelente trabajo comunicativo de los promotores de la escisión. Y hay que adjuntar a este argumentario de razonable sofisticación las creaciones, más extravagantes pero de igual eficacia, que intelectuales del ala radical del procés –los afines incondicionales y febriles al exiliat president Puigdemont– filtran de continuo en sus artículos y en las redes para el mantenimiento apropiado de una moral alta entre los fieles. Sirva de ejemplo la predicación habitual, que convence sin muchos problemas, de que una autodeterminación fundada en la mayoría en el Parlament -mitad más uno de escaños- es perfectamente legítima y compatible con los valores de la democracia liberal. Con estilo sofisticado o mamporrero, con agenda explícita u oculta, el secesionismo –el establishment, la intelligentsia– estira sin descanso del brazo de la gente con el fin de denigrar cada día un poco más la noción de autogobierno.

Como no era prudente dejar incólume aquella respuesta de laboratorio, decidí recurrir a un inesperado giro de guión, algo que pillara a mi oponente invisible ya sin plantilla con que volver a contraatacar: al fin y al cabo, el manual de réplicas independentistas es como la mente de un jugador básico de ajedrez, que anticipa a lo sumo uno o dos movimientos en su rival, pero no más. “Creo que te equivocas: la personalidad política de Cataluña no se niega al rechazar el principio de autodeterminación. Se afirma mediante el principio de autogobierno”. Así acabó el debate en la red.

Por lo demás, ésa es la verdad: lo de la “personalidad política de Cataluña” sólo defendible vía autodeterminación es otra etiqueta brillante, un hallazgo semántico como fue en su día el dret a decidir o la desconexión. Una fórmula a la vez reduccionista y maximalista que encubre, a una clientela rendida a la creencia incondicional, que tal afirmación extrema niega, en contrapartida, la personalidad política de España, es decir, la soberanía de sus ciudadanos. No hay simetría, ni política ni moral, entre la propuesta secesionista y el argumento con que se les hace chocar: tal simetría sería, simple y llanamente, la implementación del más radical nacionalismo español, es decir, la asimilación cultural y la supresión del autogobierno. El independentismo lo sabe y ha exhibido desde tiempo inmemorial, y contra toda evidencia, el espantajo de ese supuesto nacionalismo de Estado. Por ello, hay que reivindicar una y mil veces que la fórmula del autogobierno contiene en sí misma la esencia de lo político en su sentido más noble: reconoce una voluntad política inserta en otra voluntad más general, despliega la inteligencia de traducir una relación de fuerzas existente mediante el reparto territorial del poder. Concibe la política, por tanto, no como una suma cero, con ganadores y perdedores, sino como pacto, y ello, contrariamente a lo que algunos plantearán como salida a la crisis, sin tener que supeditar derechos ciudadanos a blindajes que respondan a entelequias sobre supuestos derechos territoriales.

No se incide lo suficiente en que uno de los mayores destrozos que nos lega el procés es, exactamente, la degradación de la idea misma de autogobierno, corolario de la polarización causada por los profetas de la secesión unilateral. Las dos Cataluñas que cristalizan como tendencias fundamentales y opuestas –lo indica así la anemia electoral padecida por los conatos de terceras vías– podrían llegar, paradójicamente, a una coincidencia en lo esencial: el rechazo significativo, aunque por razones opuestas, al principio de autogobierno. El electorado independentista llega a esa percepción por la propaganda sobre el agotamiento de la vía autonómica y la supuesta inminencia de una república que caerá como fruta madura. El constitucionalismo catalán puede llegar a asimilar el autogobierno como un peligro latente si no ve atisbos de rectificación en la élite nacionalista, y al comparar la situación actual con la de septiembre y octubre no alberga dudas. De momento, ha aprendido que el autogobierno, siendo el principio óptimo para Cataluña en condiciones normales, es mucho menos que subóptimo con una élite guiada por criterios sectarios al frente de la Generalitat. También ha entendido, por la crudeza de los hechos, que el autogobierno no es un bien del mismo rango que otros principios políticos esenciales -la libertad, la igualdad jurídica, la igualdad de oportunidades-, éstos deseables por sí mismos, sin condicionantes. Por ello, a oídos constitucionalistas, las llamadas a revertir, sin mayor explicación, el 155, suenan más bien siniestras. Una muy triste reescritura, cuarenta años más tarde, del entrañable y compartido Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia.

Sin embargo, aquí tampoco hay simetría: el alejamiento de la centralidad que supone la pérdida de apoyo al autogobierno, no aqueja a ambas poblaciones por igual. El constitucionalismo catalán es fácilmente reconducible a la conformidad con esa noción: en realidad, en la mayoría de casos en que la cuestiona, lo hace con el deseo de normalizar la situación lo antes posible. No hay dos Cataluñas que se han lanzado la una contra la otra, sino que una élite ha propiciado la indiferencia hacia una de ellas, invitando a que se ignore su condición política. Así que el problema no es otro que reconducir y reeducar, sutilmente, al elector independentista: toca, pues, a sus dirigentes la tarea fundamental de restablecer la dignidad de la noción de autogobierno. Les toca a ellos, que han convencido a tantos de que la antipolítica era la política. A ellos que han propagado que lo iliberal era la más pura manifestación de lo democrático. No hay indicios para ser optimista, pero nada que merezca la pena podrá construirse si no rectifican en lo esencial.

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