Tanto fuera como dentro del R.U., estos días la gente está un poco en shock ante la crisis constitucional que se ha desatado. ¿Cómo puede el Primer Ministro cerrar el Parlamento? ¿La Reina podía haberse negado? En resumen, ¿qué ha pasado? y ¿por qué?

Bien, empezando por el final, en muchas monarquías constitucionales es habitual que el monarca inaugure el Parlamento con un discurso consensuado con el gobierno y los partidos políticos. Bien puede hacerse para abrirlo después de unas elecciones -y a veces también al disolverlo- o, como ocurre en Westminster, al inicio de cada curso político.

El problema es que lo que en la mayoría de países es mero protocolo, en R.U., supone la habilitación de las cámaras para legislar. La tradición dicta que el monarca hace un discurso breve, de unos quince minutos, en el que resume el programa del gobierno y sus líneas legislativas hasta el siguiente verano. En caso de que Isabel II, o su hipotético regente, si ella estuviera indispuesta, no inaugura el curso político con su discurso, los diputados pueden reunirse, pueden discutir, pueden censurar al gobierno…, pero no aprobar leyes.

«Johnson no ha pedido, exactamente, a la Reina la clausura del Parlamento, simplemente que retrase su discurso de apertura unas semanas lo que asegura que no se apruebe una ley en trámite que impediría un Brexit sin acuerdo, antes de la fecha en que tal evento está previsto»

Boris Johnson no ha pedido, exactamente, a la Reina la clausura del Parlamento, simplemente que retrase su discurso de apertura unas semanas. Haciendo esto, se asegura que no se apruebe una ley en trámite que impediría un Brexit sin acuerdo, antes de la fecha en que tal evento está previsto: el 31 de octubre.

¿Anacrónico? Pues sí, ¿para qué engañarse? Eso sí, no es el único anacronismo ni el peor. Hablamos de un parlamento cuyas cámaras sólo pueden desempeñar sus funciones si están presentes en ellas unos centros-maza de gran tamaño. Si no lo están, nada de lo que se diga o se vote tendrá validez. En uno de los recientes debates del Brexit, el speaker de los Comunes, o presidente de la cámara, en nuestra terminología, ordenó a los ujieres retirar la maza para detener el acalorado debate.

Ya que le mencionamos, los speakers de cada cámara, la de los Lores y los Comunes, tiene la obligación legal de vivir en el parlamento. Si no, no puede ocupar el cargo. Ah y el monarca tiene prohibido, también por ley, pisar la Cámara de los Comunes. Su discurso debe hacerse siempre en la de los Lores.

De todos modos, para mí, el anacronismo principal es que R.U. es el único país occidental que todavía no ha consagrado formalmente la soberanía popular/nacional. Los constitucionalistas hablan de un régimen de soberanía parlamentaria. En otras palabras, son sus representantes y no el pueblo, en quienes descansa formalmente la soberanía. Para más inri, el Parlamento británico, constitucionalmente, se entiende conformado por tres partes: Comunes, Lores y la Corona. De ahí que los tres órganos deban asentir para que una ley quede aprobada. Si bien, desde 1949, el poder de los lores se reduce a vetar la ley por un año. Si pasado ese tiempo los comunes la aprueban de nuevo, ya se envía a Buckingham Palace.

«Hablamos de un parlamento cuyas cámaras sólo pueden desempeñar sus funciones si están presentes en ellas unos centros-maza de gran tamaño»

¿Y la Reina puede vetar una ley? En teoría sí, ella podría denegar el Royal Assent, dice la mayoría de expertos. Pero la Corona no veta ninguna ley desde 1708 e incluso entonces, la Reina Ana, negó la sanción a la Scottish Militia Bill, por consejo de sus ministros. De todos modos, no hay consenso en la cuestión. Algunos constitucionalistas sostienen incluso que el veto regio ha quedado derogado por la desuetudo, concepto legal que implica la derogación de facto de una norma, por su falta de uso. Una opinión minoritaria condiciona la validez del veto a la petición de los ministros; pero, como digo, esta opinión es minoritaria porque atentaría contra la primacía del parlamento cuando el gobierno perdiera un debate.

Una prerrogativa similar es el Royal Consent, o consentimiento de la monarca para que las cámaras puedan debatir leyes que afectarían a la Corona y su estatus. De esta prerrogativa sí ha hecho uso Isabel II, aunque siempre a petición del gobierno. La última vez, en 1999, cuando los Comunes querían que ser ellos y no la Corona quien autorizara las acciones militares concretas en Irak. En otras palabras, que el gobierno pasara de un control simbólico y formal, comunicarle a la Reina sus acciones bélicas, a un control efectivo del Primer Ministro. Tony Blair pidió a la Soberana que vetara el debate y así ocurrió en efecto.

Aunque no está escrito en ningún lado, la Reina no hace nada si no es a petición del gobierno y del Privy Council, un órgano asesor de la Corona integrado por algunos nobles, obispos anglicanos, miembros de la Familia Real y sobre todo, políticos de alto nivel y jueces. Este órgano, prevendría al monarca de actuar inconstitucionalmente aunque fuera a petición del gobierno. Si bien, hoy día, la Corte Suprema tiene la última palabra en el control de constitucionalidad, y, como prueba esta crisis constitucional, su operatividad no es demasiado ágil y suele mojarse muy poco, a fin de no comprometer la imparcialidad de la Corona.

Imparcialidad, realmente esa es la palabra. Como sus inmediatos predecesores desde su bisabuelo Eduardo VII, Isabel II ha mantenido una estricta imparcialidad política y su línea política pasa por un estricto apoyo a las peticiones de su gobierno. Únicamente, en dos ocasiones, la Reina se ha visto en un compromiso constitucional: en 1964 nombró Primer Ministro a Douglas-Home al dimitir Harold Macmillan, bajo consejo del último -quien, al dimitir, carecía de derecho a aconsejarla-; y otros, diez años más tarde, cuando el Primer Ministro Heath que había perdido las elecciones por escasa mayoría, solicitó a la reina que lo mantuviera en el poder y llamara a nuevas elecciones. En su lugar, la monarca, nombró Primer Ministro a líder laborista, Harold Wilson, pues tenía más diputados que él premier conservador y convocó elecciones anticipadas. En esa ocasión los laboristas sacaron mayoría absoluta.

«Isabel II ha mantenido una estricta imparcialidad política y su línea política pasa por un estricto apoyo a las peticiones de su gobierno»

Estas situaciones son el producto de un país cuya constitución no puede ser más ambigua. Suele decirse que el R.U. no tiene constitución. Eso no es exacto. Tampoco lo es decir que tiene una constitución oral. Hay un cuerpo de textos que, junto a una serie de convenciones y costumbres, forman la constitución. El problema es que a diferencia de Israel, que tampoco tiene constitución, sino una serie de leyes fundamentales, que hacen más o menos el mismo efecto, el caso británico es algo más complejo…

De los textos escritos, el primero es un pelín antiguo… La Magna Carta otorgada por el rey Juan Sin Tierra en 1215. Ahí se consagra la soberanía compartida entre el Rey, sus barones (luego los lores), toda vez que se aseguran una serie de derechos a los súbitos. Más actualidad tienen la Petition of Rights de 1628 y la Bill of Rights de 1689… En esta última se consagra el deber del Rey de gobernar con un Parlamento y convocarlo regularmente -hasta entonces este se podía disolver y no convocarlo de nuevo hasta mucho tiempo después. Desde 1689, los textos constitucionales se ocupan de cuestiones muy puntuales, tales como reformar el parlamento para asegurar la preeminencia de los Comunes (1911, 1949, 1999) o acabar con la preferencia masculina en la sucesión al trono (2013), pero nunca de una regulación general del Estado.

¿El gobierno? No existe sobre el papel. Lo ha creado la costumbre a lo largo de dos siglos, consolidando el poder del Primer Ministro, pero formalmente, la jefatura del poder ejecutivo corresponde aún a la Reina.

¿Pero cómo sigue en vigor un texto legal de 1215?, me diréis. Bueno… dicho en simple, el sistema legal del R.U. tira mucho de interpretación, una interpretación que va mucho, mucho más allá de la letra escrita de sus normas constitucionales y atiende a interpretaciones vinculadas a la trayectoria histórica de sus instituciones y los principios que de ella se derivan. A veces casi se convierte en un constitucionalismo de intuición.

A propósito, nuestra vecina Andorra tenía un modelo constitucional parecido hasta aprobar su vigente carta magna en 1993. Eso sí, el país pirenaico mantiene en vigor el Código Civil de Emperador Justiniano.

«La Reina ha sido coherente con su trayectoria de neutralidad. Si se hubiera negado, Johnson podría haber dimitido y la crisis constitucional entonces sí habría sido absoluta, con la Corona en primera fila»

Recapitulando, parece que la Reina ha sido al menos coherente con su trayectoria de neutralidad. Si se hubiera negado, Johnson podría haber dimitido y la crisis constitucional entonces sí habría sido absoluta, con la Corona en primera fila. En realidad, no es ella quien pisotea el Westminster, sino su Primer Ministro, que la usa obscenamente de zapato.

¿Es constitucional lo que intenta hacer Johnson? Sin poder asegurar que dirán los tribunales, para mí la respuesta tiende a lo negativo. Como hemos dicho, el constitucionalismo británico vive de principios, por encima de normas escritas. Y aquí, bajo la apariencia de un receso ligeramente prolongado, el Primer Ministro evade la efectividad del parlamento para limitar su acción de gobierno, un principio esencial de la democracia británica, en el que desde hace cuatrocientos años muchos países han visto un referente.

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