Mucha gente sabe que la Filosofía política es el pariente rarito de la familia de disciplinas que integran la Política entendida como ciencia. Ese pensamiento especulativo, muchas veces abstracto, que explora lo que debería ser, ocupa el rincón oscuro de un aula deslumbrada hoy por todo lo que tiene que ver con la tarea mucho más terrenal de convencer a los electorados de casi cualquier cosa. Curiosamente, se podrían intuir huellas de un parecido desdén hace nada menos que 500 años. Pensemos en las ciudades-estado italianas medievales y renacentistas, a la vanguardia de la organización y la práctica política de su tiempo. La consecución del poder, ni en las repúblicas ni en los señoríos, dependía de elecciones democráticas o medios de masas, y es lógico pensar que quienes mandaban no habían desarrollado aún nuestra plena conciencia sobre una crucial dimensión comunicativa de la política, aunque de algún modo sí pudieran tenerla en cuenta: siempre hay alguien a quien mantener convencido para conservar el poder. Precisamente, un tipo de conocimiento prescriptivo sobre la materia, un deber ser riguroso –y a la vez de aplicación práctica-, era una parte no menor del capital intelectual que Maquiavelo quiso aportar en su afán personal por huir del ostracismo. Pero, avanzado a su tiempo –y a la vez superado por el nuevo tiempo político-, no logró ser valorado como el pionero de los actuales gurús de la comunicación y la asesoría que también fue, sino más bien percibido sólo en su otra obvia -y extraña- dimensión a ojos de todo político convencional: la intelectual y reflexiva. Por tanto, fue ignorado: cuando, tras un trabajo ingente y solitario, pudo enviar el manuscrito de El príncipe a Lorenzo II de Medici, con la esperanza de retornar a la primera línea de los asuntos públicos, el nuevo hombre fuerte de Florencia le dispensó, por respuesta, el envío de unas melancólicas botellas de vino.

La Filosofía política sigue siendo hoy una vía incierta para ganarse la vida, en nuestra apoteosis de inmediatez y cortoplacismo en los asuntos públicos, pero no deja de ser a la vez un área que cuenta con su nutrida nómina de especialistas, que contribuye día a día al acervo de la politología. De modo excepcional, alguno de esos académicos, salta a la arena pública, abandona la relativa aridez de los circuitos profesionales y llega a ser conocido y divulgado por el periodismo político. Ello ocurre por puro azar, porque por un motivo o por otro el campo de investigación de esta clase de politólogos pasa por sorpresa al primer plano de la actualidad mediática. Es el caso del que ha sido, en los últimos años, el filósofo político más citado en relación con el proceso secesionista de Cataluña: Allen Buchanan. Una especie de fulgurante estrella mediática de la academia que sugiere de modo vívido el reverso de la moneda del desdichado Maquiavelo. Aunque es cierto que, al observar su evolución, nos podemos preguntar si, parte de la notoriedad lograda no se deberá, en realidad, al menos entre cierto público, a la llamativa adaptación de sus presupuestos teóricos desplegada para complacer los oídos de quienes han querido utilizarlo como fuente de legitimación de su plan: los secesionistas catalanes.

“De modo excepcional algun académico salta a la arena pública y llega a ser divulgado por el periodismo político, como en el caso del filósofo político más citado en relación con el proceso secesionista de Cataluña: Allen Buchanan, una especie de fulgurante estrella mediática que sugiere de modo vívido el reverso de la moneda del desdichado Maquiavelo”

La aportación capital de Buchanan está en su defensa de la necesidad de someter al Derecho Internacional Público, en un futuro, los casos de secesión disputada, es decir, aquellos en que no hay acuerdo entre el Estado madre y el territorio aspirante a la independencia. Por ello, buena parte de su trabajo consiste en deducir, desarrollar y proponer principios y procedimientos internacionales coherentes y aceptables por los Estados para lograr un consenso normativo. Al leer Autodeterminación, secesión y primacía del derecho, uno de sus artículos más sintéticos, nos sorprende –por tener en mente sus últimas declaraciones a medios catalanes- la contundencia y claridad de sus argumentos. La secesión debería ser considerada siempre un recurso extremo, como remedial secession o secesión para restituir un agravio, como un derecho de reparación. Ese agravio puede venir por tres vías únicas y exclusivas: la lesión sistemática y continuada de los derechos humanos de una minoría localizada territorialmente, la apropiación indebida de un territorio por parte de un Estado, o la redistribución económica discriminatoria. Este último motivo, que el autor reconoce como difícil –aunque no imposible- de conceptualizar, constituye su propuesta de ampliación desde los dos supuestos primeros, los ya clásicos fundamentos para la autodeterminación según NN.UU.  Por tanto, no existe un derecho a la secesión genérico, y en ningún caso debe plantearse en función de lo que él llama la perspectiva democrática: es decir, no es legítimo plantear la secesión porque una mayoría dentro de un territorio lo reclame en ausencia de esos tres motivos. No hay que olvidar, al contrario, el principio del respeto a la integridad de los Estados, que se legitima porque protege la autodeterminación de las comunidades políticas existentes mediante su control sobre el territorio que ocupan. La secesión es la forma extrema de autodeterminación, y debería aplicarse de modo restrictivo. Otras formas de autodeterminación –soluciones federales, de distribución del poder- serán a priori, por ello, siempre preferibles.

Por tales razonamientos, sorprende la amabilidad casi obsequiosa que este catedrático de Duke despliega de forma invariable en las frecuentes entrevistas que se le dedican desde Barcelona. Su empatía con el secesionismo catalán ha crecido visiblemente, además, tras los sucesos del 1-O, y su persona casi nos sugiere el efecto Zelig, una camaleónica capacidad de mutar modulando la propia opinión para acercarla, en lo posible, a la del interlocutor. Sobre todo, si recordamos que, en el arranque del procés, Buchanan no dudó en reconocer a Arcadi Espada que el derecho a decidir era un artefacto antidemocrático. Pues bien, hoy Buchanan, en entrevistas a medios como Ara, da golpecitos en la espalda a los dolientes secesionistas, practica un rictus compungido y, ante la ansiedad del periodista, a lo sumo se atreve a responder con “un único referéndum con mayoría simple no es suficiente para hacer la independencia”. Por supuesto, no recuerda a quien le entrevista su tesis citada arriba, la de que el principio mayoritario, a falta de motivos de agravio, no justifica nunca la secesión. Al contrario, Buchanan orienta sus respuestas una y otra vez hacia los supuestos déficits del Estado español: exagera la acción policial del 1-O para casi sugerir que se podría abrir una rendija por la que colar la primera causa de agravio, la de lesión de los derechos humanos. Aprovecha la aplicación del 155 para sugerir que revocar la autonomía –obvia el porqué de la suspensión- es también un motivo de legitimación para los secesionistas. Sugiere, incluso, que el Estado se haya negado reiteradamente a negociar la autonomía con los nacionalistas catalanes. Que, al no tener efecto legal la declaración de independencia del 27-O, el Gobierno actuó de modo absurdo al criminalizar y acusar a los líderes independentistas de sedición y rebelión. Por supuesto, los catalanes, son presentados, en su batería de respuestas, en bloque, y equivalen a los secesionistas. La cultura política española, claro está, no es la canadiense, y los políticos españoles deberían tener en cuenta la sentencia del TS de ese país en relación con el Quebec. A fin de cuentas, nuestra clase política está presa del dogma de la unidad del Estado. Por supuesto, de toda la trayectoria iliberal del secesionismo durante el procés, Buchanan no dice una palabra.

“Buchanan orienta sus respuestas una y otra vez hacia los supuestos déficits del Estado español: exagera la acción policial del 1-O para casi sugerir que se podría abrir una rendija por la que colar la primera causa de agravio, la de lesión de los derechos humanos”

Quedan a cierta distancia afirmaciones de su producción académica como: “Reconocer el derecho a la secesión de una mayoría en un territorio (…) es nada menos que conceder a la mayoría el poder de determinar unilateralmente la nacionalidad de otros (la de la minoría que no vota a favor de la secesión), lo que les priva de la ciudadanía en el país en el que siempre han vivido y les transforma en ciudadanos de otro Estado (o en residentes extranjeros en él), a pesar de que ni ellos ni su Estado sean culpables de ningún género de injusticia, ya sea hacia los secesionistas, ya hacia cualquier otra persona.”

El precio de conseguir algo más que unas botellas de vino.

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