Montreal es una ciudad “diferente”. Bonita, coqueta y que ha sabido fusionar de una manera muy acertada la tradición colonial francesa con la realidad de una gran urbe norteamericana. Con todo ello no es extraño que el turismo sea uno de sus grandes activos, sobre todo el gastronómico. Hay multitud de restaurantes (dicen que tendrías que comer fuera de casa todos los días durante más de una década para probar todos los establecimientos). Pero su popularidad, sobre todo en determinados ámbitos, también viene fijado por su particular idiosincrasia política. Con una mayoría de población francófona Montreal nunca ha renunciado a sus orígenes galos. Y es que en Montreal la política esta en todas partes, incluso en la gastronomía. Así, en los restaurantes es obligatorio poner la traducción francesa junto a la denominación en ingles de los platos, estando controlado este hecho por la Oficina del Lenguaje, (la conocida por la prensa de Quebec como la “policía lingüística”). La normativa de Quebec exige que en todos los carteles comerciales se utilice el francés como primera lengua, llegando al extremo de que si el mensaje aparece en inglés, el otro idioma oficial del país, deberá ser un 30% más pequeño que la versión francesa. ¿Les resulta familiar esta obsesión…? Efectivamente, Cataluña…

Actualmente, y de acuerdo con su orden constitucional vigente Canadá está integrado por diez provincias y tres territorios estructurados en torno a un modelo federal. Entre esas provincias, es Quebec la que hoy en día goza de mayor relevancia en lo que respecta a los hechos que están ocurriendo a raíz del procés en Cataluña. Y es que para mucha gente Quebec ha supuesto tanto un modelo a seguir para el independentismo catalán como una hipotética fuente de legitimidad exterior a sus propias pretensiones. Cierto es que un porcentaje de sus ciudadanos desean la independencia, pero ahí terminan las similitudes, tanto de iure como de facto, para quienes pretenden ampararse en el modelo quebequés.

¿Pero qué es lo que sucedió en Quebec realmente para ser merecedor de tanta atención por parte del ideario independentista catalán? Fundamentalmente los dos referendos que han tenido lugar en dicha provincia en el siglo pasado, en 1980 y 1995.

El referéndum de 1980 se celebró no muchos años después de la creación del Partido Quebequés –Parti Québécois– y cuando éste llevaba escaso tiempo en el gobierno regional. El apoyo a las pretensiones independentistas perdió por algo menos de 20 puntos frente al “No”, cifra que cayó hasta un 1,16% de diferencia en 1995, o dicho de otra manera, el independentismo se quedó a tan solo 54.228 votos de alzarse con la victoria en el segundo referéndum. Pero hay que resaltar que ninguno de los dos referendos llegó a tener carácter vinculante y ni siquiera postulaban la independencia, per se, de Quebec. De hecho, tanto en 1980 como en 1995, el gobierno quebequés solicitaba la autorización a sus ciudadanos para negociar con el Estado Canadiense la relación entre ambos, reformando el presente modelo de soberanía. No obstante, el 49,42% de quebequeses que habían dado su “Sí” en 1995 hizo que saltaran las alarmas a partir de aquel momento.

Canadá se hizo entonces consciente de las consecuencias de permitir un acto como la celebración de un referéndum por mucho que hubiera sido no vinculante: el establecimiento de un precedente, máxime en un Estado cuyo ordenamiento jurídico se rige por el Common Law. A modo de resumen, en el Common Law –en contraposición al Derecho continental Europeo-, la interpretación de las normas jurídicas otorgada por jueces y tribunales es la primera fuente del Derecho, por encima de los propios textos legales. Por ello, toda sentencia jurídica que autorizara la celebración de los referendos podrá ser apelada en el futuro cuando se estimara oportuna la realización de un tercero.

Por esa razón movió ficha el Gobierno de Canadá, que en el año 2.000 aprobó, con los votos favorables del Congreso y del Senado, la llamada Ley de Claridad, con la que se blindaron de una forma pragmática frente a futuros intentos de independencia de Quebec. La Ley de Claridad fue redactada luego de considerar todas las recomendaciones y observaciones enunciadas por la Supreme Court of Canada, instancia equivalente a nuestro Tribunal Supremo.

Su contenido confería al Congreso Canadiense la potestad para estimar la mayoría cualificada necesaria para que un eventual referéndum de independencia fuera válido, así como para rechazar el proyecto de entenderse que la pregunta planteada era ambigua y referente a cuestiones ajenas a la propia independencia. Además, se introdujo como requisito la necesidad de enmendar la Constitución Canadiense antes de cualquier proceso de independencia. Como dato último cabe destacar que, si bien es evidente que la Ley de Claridad se promulgó a efectos quebequeses, su contenido legal no hace referencia a ninguna provincia en concreto, pues todas adquirieron semejante derecho.

La magistral jugada del Gobierno Canadiense no goza en España de una fama acorde con su trascendencia político-constitucional, pero es considerada por algunos de entre quienes la conocen, como una posibilidad a tener en cuenta para poner fin al conflicto catalán. El que lograra solventar la situación actual en Cataluña queda abierto a consideraciones por parte de cada uno, pero desde luego el experimento canadiense consiguió reconocer un derecho a la autodeterminación de sus provincias –bajo ciertas condiciones- que a la par fuera constitucional y conforme con el ordenamiento jurídico. Dicha fórmula salva la principal barrera que obstaculiza la celebración del referéndum catalán, que no es otra que la promulgación de la indivisibilidad de España en la Constitución de 1978, y la clave reside en que se exige la enmienda del texto constitucional como requisito previo.

Sin embargo, existe aun así una diferencia jurídica insalvable que impediría al Gobierno Español trasladar a Cataluña el modelo quebequés, y es que una enmienda de la Constitución Española de tanto calibre como la sugerida no es posible salvo mediante un proceso de reforma agravada de la Carta Magna. El artículo 2, donde se promulga la indivisibilidad de la nación española, pertenece al Título Preliminar de la Constitución –una sección que no puede ser reformada por la vía “ordinaria”, por establecer los principios más fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico-. Concretamente, sería necesaria una mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado. Pero las complicaciones residen en que, en caso de lograr semejante consenso político, se debe proceder a la disolución inmediata de las Cortes, seguida de la convocatoria de elecciones generales y, el parlamento que resulte elegido ha de volver a votar el texto por la misma mayoría de dos tercios para, finalmente, someter su ratificación a referéndum nacional.

Dos tercios de mayoría en un Parlamento tan fragmentado, una disolución de Cortes, unas elecciones generales, una ratificación y un referéndum se antojan ardua tarea para únicamente reconocer un limitado derecho a la autodeterminación de una Comunidad Autónoma –o de su totalidad-, pero de darse los requisitos, se trataría de una vía perfectamente constitucional que ni el mismo Tribunal Constitucional podría frenar. Con todo, de conceder el mencionado derecho a todas las Autonomías que integran el Estado Español, no se resolvería a mi juicio el problema. ¿Se conformaría  la Generalitat con un paradigma jurídico en el que Cataluña siguiera sin tener una mayor consideración especial dentro de España, sabedores de que cualquier región podría plantear lo mismo que ellos?

Y en segundo lugar, no deberían olvidar los futuros gobernantes que, a buen seguro, lo que lleva buscando el nacionalismo catalán desde que recuperamos la democracia no es la independencia sino un sistema fiscal similar al que poseen Euskadi y Navarra. Supondría demasiado esfuerzo y tiempo para obtener un resultado incierto, pues no olvidemos que unas Cortes Constituyentes significan cambiar el régimen político y constitucional, algo semejante a lo que ocurrió con la proclamación de la V República Francesa en 1958. Todo, quizá, para ver una década después cómo se vuelven a suceder las pretensiones nacionalistas.

Por todo ello, cabe mantener la consideración de que la Ley de Claridad Canadiense supuso un brillante despliegue de la maquinaria jurídico-constitucional del Estado para poner solución a una problemática de índole política y social que les ha funcionado considerablemente bien, pero todos nosotros sabemos que ni España es Canadá ni Cataluña es Quebec. Para bien o para mal, tenemos una historia, una realidad jurídica y un paradigma social diferentes, y bien está. Podemos inspirarnos en el modelo quebequés, pero nuestros políticos habrán de fabricar sus propias soluciones si se tercian a ello.

“Canadá será un país fuerte cuando los canadienses de todas las provincias se sientan como en casa en todas partes del país, y cuando sientan que todo Canadá les pertenece.”

Pierre Trudeau

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