La Delegada del Gobierno en Madrid está en lo cierto: tal como se había hecho la convocatoria, hubiese resultado inconstitucional prohibir la manifestación ultraderechista y homófoba de este fin de semana en Madrid. Ahora bien, hasta donde sabemos, las manifestaciones pueden disolverse una vez han empezado.

A propósito, con algunos matices, casi lo mismo cabe decir de las manifestaciones de pasado sábado en favor del señor Parot y otros presos etarras en la localidad de Mondragón. Luego nos volveremos sobre ello.

“tal como se había hecho la convocatoria, hubiese resultado inconstitucional prohibir la manifestación ultraderechista y homófoba de este fin de semana en Madrid. Ahora bien, hasta donde sabemos, las manifestaciones pueden disolverse”

La constitución de 1978 (art. 21) protege el derecho de reunión con las máximas garantías que su texto contempla. Por cierto, en jerga jurídica, se habla indistintamente de derecho de reunión, sea este en lugar público o privado. La constitución es, además, muy expresa y clara en el contenido de este derecho fundamental, si lo comparamos con otros, simplemente nombrados, pero no descritos.

Durante el franquismo las reuniones estaban muy limitadas. Pervivía una ley de 1880 que, con excepción de teatros, procesiones y otros espectáculos religiosos, condicionaba todas las reuniones de más de 20 personas en lugares públicos a la autorización administrativa. Además, recordemos que la policía podía entrar en domicilios particulares sin orden judicial, lo que desamparaba bastante las reuniones privadas.

“en jerga jurídica, se habla indistintamente de derecho de reunión, sea este en lugar público o privado”

En la transición se quiso acabar con este sistema. La autorización administrativa para reuniones en espacios públicos se sustituyó por el deber de comunicación. En ese sentido, conviene aclarar que, en contra de lo que se cree, desde 1978 las manifestaciones no se autorizan. Simplemente se comunican y esto no es un matiz lingüístico.

Si para manifestarnos debemos obtener una autorización administrativa, tendremos que esperar hasta que la autoridad nos la entregue. Tanto si nos la niega como si guarda silencio, no podremos ejercer nuestro derecho. En cambio, en un sistema de comunicación, basta con transmitir nuestra intención a la autoridad, con la antelación exigida.

“desde 1978 las manifestaciones no se autorizan. Simplemente se comunican”

En España la antelación máxima es de 30 días y un mínimo de 10 –contando festivos. Sin embargo, la ley orgánica reguladora del derecho de reunión (1983), contempla la posibilidad de que ante cualquier situación extraordinaria, pueda convocarse una manifestación el mismo día que se comunican. Buenos ejemplos son las protestas en reacción a un atentado, un asesinato o cualquier otro delito. Es más, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos coinciden en que la ausencia de una comunicación no basta para disolver por la fuerza una manifestación pacífica. El derecho a reunión de los concentrados debe prevalecer sobre cualquier trámite administrativo.

“tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos coinciden en que la ausencia de una comunicación no basta para disolver por la fuerza una manifestación pacífica”

Una vez recibe la comunicación, la Administración debe asegurarnos la seguridad en el lugar señalado para la concentración y, en caso de que la manifestación se mueva, diseñar una ruta. Normalmente esto se limita a cortar calles y desplegar algo de policía. En otros casos, puede exigir del despliegue de cordones policiales, poner verjas, rastrear lugares en busca de explosivos o similares…

No es que prohibir la concentración sea imposible. Pero en el modelo de comunicación se invierten los términos respecto al modelo de autorización. Es la autoridad quien debe preocuparse de que los convocantes se enteren de que no pueden reunirse en el lugar solicitado y/o en la fecha solicitada. Además, una manifestación sólo puede vetarse por unas pocas condiciones tasadas, tales como, finalidad ilegal, grave riesgo de desórdenes públicos, peligro para los propios convocantes, otras personas o sus bienes, o que la manifestación será el instrumento para cometer un delito, como puede ser la apología del terrorismo o discurso del odio.

“una manifestación sólo puede vetarse por unas pocas condiciones tasadas”

Poca gente explica en su escrito de comunicación a la Delegación o Subdelegación del Gobierno que convoca una manifestación ensalzar a un terrorista, negar el Holocausto nazi, romper los escaparates que encuentre a su paso o hacer que la gente se mueva con desprecio de las medidas de seguridad, sanitarias o de otro tipo. Por eso resulta complejo negar sin más el ejercicio de este derecho, por mera sospecha. Incluso aunque los convocantes estén vinculados a grupos de ultraderecha, filoterroristas o similares, no podemos asegurar que la manifestación dé lugar a delitos. No se puede privar a sus convocantes y concurrentes preventivamente del ejercicio de este derecho.

Ahora bien, como decía al principio, eso no significa que una manifestación no pueda disolverse. Una democracia debe ser garantista, sin envenenarse de ingenuidad. Nadie debe verse privado preventivamente de sus derechos cívico-políticos porque su pasado o ideas, nos hagan temer que pueda hacer mal uso de ellos. Esto no quita que sí puedan ser indicios razonables para reforzar el dispositivo policial por si, llegado el caso, hubiese que disolver la manifestación.

“Una democracia debe ser garantista, sin envenenarse de ingenuidad”

Pensemos un momento en la concentración ultraderechista en Chueca. Sus participantes, un grupo numeroso, desfilaron gritando consignas homófobas, alzando el brazo derecho al grito de “Sieg Heil”, con bengalas rojas encendidas en un barrio con gran número de vecinos LGTBI. Pospongamos hoy la cuestión de si se trata o no de un delito de odio. La intimidación para los viandantes que esa concentración supone justifica, en términos de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, justifica su disolución; si es preciso, por la fuerza.

Más problemático es disolver una manifestación cuando esta no genera ni desórdenes públicos ni intimidación en el lugar de su convocatoria. Los delitos basados en la expresión verbal, como son la apología del terrorismo, el discurso del odio, injurias, calumnias o amenazas no se caracterizan por su apreciación nítida. Precisamente porque involucran a un derecho fundamental tan importante como la libertad de expresión deben ser objeto de una valoración judicial que a menudo no admitirá una solución indiscutible. En otras palabras, resulta prácticamente imposible que la policía o la autoridad gubernamental disuelva manifestaciones pacíficas por apreciar en sus consignas delitos flagrantes de odio. Debe limitarse a dar parte al Ministerio Fiscal, como ha ocurrido en las concentraciones de Mondragón.

“Más problemático es disolver una manifestación cuando esta no genera ni desórdenes públicos ni intimidación en el lugar de su convocatoria”

Entiendo que este planteamiento resulte de entrada inaceptable a quienes vean en determinadas manifestaciones un atentado contra su dignidad, especialmente a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, me gustaría remarcar que permitir la continuidad de una manifestación no tiene por qué significar impunidad por lo ocurrido en su transcurso. Asimismo, aunque sea difícil disolverla por sus consignas, sí podría disolverse esa concentración por otros motivos, como desórdenes públicos, contexto intimidatorio o riesgo para personas o bienes. El mejor camino evitar el autoritarismo pasar por no anticipar la intervención del poder en la restricción de las libertades.

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