La curva del coronavirus desciende. Los hospitales de campaña apagan las luces. España vuelve a encender sus motores. El Gobierno reparte el pastel de fondos públicos entre los diferentes sectores laborales. Sin embargo, dentro del sector cannabico, transparente para quien no quiere verlo y opaco para quien piensa que opera en una completa ilegalidad, existe la extraña realidad que envuelve a las asociaciones cannabicas. A pesar de dar trabajo a cerca de 4.000 personas y atender en muchos casos a clientes enfermos con prescripción médica de sus productos, debieron bajar el telón al comenzar el Estado de Alarma y no van a recibir ningún apoyo gubernamental para volver a su función como empresa.

Aquellas asociaciones que vuelven a levantar la persiana tras la pandemia están apostando por la regularización de su situación empresarial, desafiando al Estado en el reconocimiento de su potencial como sector en auge. “Creo que es el momento de crear una fuerza única y de conseguir unir distintos actores de la escena cannabica, como las federaciones, el observatorio, los clubs cannabicos, los bancos de semillas y los grow shops, con el fin de crear un diálogo que nos permita debatir, junto al Gobierno, los parámetros de una futura legalización”, asegura Emilio Napoli, presidente de la asociación Weed You de Barcelona.

 

Funcionamiento actual

En España existen alrededor de 1300 asociaciones cannabicas repartidas por todo el territorio, según los datos recolectados por el abogado experto en el sector cannabico, Alejandro Barrantes. “No podemos extraer datos cien por cien seguros porque la opacidad del sector provoca que los registros de asociaciones no estén del todo actualizados”, afirma Barrantes.

Sólo está permitido el consumo de marihuana y hachís en el interior de los clubs de fumadores. Sin embargo, salir del club llevando encima algunos gramos es algo ilegal y que puede ser penalizado con una multa.

Según el Plan Nacional Sobre Drogas, en 2017 se incautaron 370.000 kilogramos entre hierba y hachís. Mucho de este cannabis viaja a lo largo y ancho del país para abastecer tanto a clubes como al mercado negro, pero el trasporte de esta sustancia es ilegal bajo penas de cárcel. Todas estas toneladas de marihuana crecen en cultivos, interiores y exteriores, que también son ilegales y que mantienen a los cultivadores trabajando dentro de la economía sumergida del país. Ninguno de estos growers, ni la mayoría de los trabajadores de las asociaciones cannabicas están dados de alta en la Seguridad Social. Esto significa una pérdida económica en cotizaciones, así como una falta de derechos de estos jóvenes trabajadores. “Legalizar el sector del cannabis, además de generar unos enormes ingresos para el Estado mediante la carga impositiva, daría oportunidades de trabajo a muchísimos jóvenes de las dos o tres generaciones más duramente golpeadas por la crisis económica del 2008 y por esta nueva que se nos viene encima”, asegura Napoli. La legalización del sector abriría la puerta a profesionales de otras disciplinas, como el diseño, la comunicación, la restauración “y cualquier otro tipo de profesionales que puedan hacer falta dentro de una actividad debidamente legalizada, controlada y respetada. Basta ver los países donde se ha legalizado para observar los resultados económicos y los beneficios para todos”, concluye el presidente de Weed You.

 

Legalización del oro verde

Según Pedro Álvaro Zamora, experto del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, “alrededor de un 10% de la población española es consumidora de cannabis y un consumidor medio, ya sea por motivos medicinales o lúdicos, se gasta un mínimo de 100 euros al mes en marihuana o hachís, por lo que legalizando todos los factores que intervienen en el mercado cannabico, el Estado podría ingresar cientos de millones de euros derivados de los impuestos de la venta y consumo legal de marihuana”. A día de hoy, el limbo legal en el que ejercen su actividad las asociaciones de fumadores de cannabis y el incontrolable mercado negro de la marihuana, hacen muy difícil el registro y contraste de datos para llegar a unas conclusiones numéricas y estadísticas del volumen real de gasto que genera el mercado cannabico.

Hasta ahora se han planteado distintos proyectos de ley, siendo el más completo el del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis porque en él se tiene en cuenta “a todos los actores involucrados en el mercado del cannabis, incluidos el cultivador y el consumidor”, asegura Zamora, para quien “lo más correcto sería llegar a una legalización y regularización total como la que disfruta el sector del vino. Que existiera la producción industrial cannabica, así como la artesanal”. El sector verde ha puesto todas sus cartas sobre la mesa y están dispuestos a acabar con el lastre del narcotráfico, que estigmatiza la producción y consumo de una sustancia completamente orgánica. “Es una cuestión de voluntad política que se aproveche o no este momento de crisis y cambios económicos y sociales para poner la guinda verde a la problemática del consumo cannabico”, finaliza el experto del OECCC.

Uno de los desafíos a los que deberíamos enfrentarnos sociedad y Gobierno en la inminente Nueva Realidad será, sin duda, la legalización completa de la marihuana. El momento es ahora. El lugar es España.

 

Fuentes:

Informe Sobre Drogas 2019 del Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

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