Desde que empezó el juicio, hasta que se sentenció la condena, la polémica ha rodeado el proceso de Alberto Rodríguez. Nada extraordinario en el juicio a un político. Enseguida las redes y los expertos de tertulia nos obsequian con opiniones rotundas que no admiten discusión ni dudas. El análisis pausado de la situación es siempre más complejo y, en este caso, más desalentador.

Sin duda, la sentencia nº 750/2021 del Tribunal Supremo no pasará a la historia como una de las más lúcidas de su Sala Penal. En resumen, esta enjuicia unos hechos que se remontan al 2014. La víctima, un policía, acusa a Alberto Rodríguez de propinarle una patada en una protesta social. Existe un vídeo de los hechos que no permite apreciar que esta se produjera, aunque tampoco desmiente la acusación. No se ven las piernas.

“la sentencia nº 750/2021 del Tribunal Supremo no pasará a la historia como una de las más lúcidas de su Sala Penal”

El diputado de Podemos es condenado por un delito de atentado en su modalidad más leve. Aclaremos que “atentado” en Derecho Penal no es necesariamente poner una bomba. Engloba cualquier agresión a la autoridad pública o agente de la misma mientras realiza sus funciones o por su condición de autoridad. Por otro lado, absuelve al diputado del delito de lesiones que no considera suficientemente probado.

¿La pena? Un mes y quince días de prisión que se sustituye por una multa 540 euros y una pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena. Aquí empiezan las dudas de interpretación y otra clase de problemas.

“El diputado de Podemos es condenado por un delito de atentado en su modalidad más leve”

¿Basta el testimonio de un policía para que te condenen?

La palabra de un policía no tiene presunción de veracidad en un juicio penal. Eso sólo ocurre en la llamada vía administrativa. Cuando la Administración nos sanciona, sea con una multa de tráfico o con una de Hacienda, la palabra de sus agentes y funcionarios sí se presume verdadera. Por eso, el particular debe aportar evidencias contra el relato funcionarial para librarse de la multa.

En el ámbito penal, la voz de un agente de la autoridad pública no vale más que la de cualquier otro ciudadano. Ahora bien, en España, existe la posibilidad de ser condenado con el testimonio de la víctima, vista o no uniforme. Así ocurre en numerosos casos de violencia de género.

“La palabra de un policía no tiene presunción de veracidad en un juicio penal”

El testimonio de la víctima se analiza según una serie de parámetros:

  • La lógica y coherencia del relato.
  • La persistencia del relato.
  • La ausencia de animadversión previa hacia el acusado.
  • La ausencia de móviles económicos u otros motivos espurios.
  • Y que este se corrobore por elementos periféricos.

A partir de ahí cinco magistrados juzgan el testimonio del policía convincente. Otros dos redactan un duro voto particular en que cuestionan que el relato sea lo bastante preciso y coherente para afirmar sin sombra de duda que Alberto Rodríguez es culpable.

“en España, existe la posibilidad de ser condenado con el testimonio de la víctima”

¿Se ha prevaricado al no aplicar el criterio más favorable al acusado o condenado?

Es un error muy común, incluso entre en juristas, sobredimensionar el principio in dubio pro reo. Este se circunscribe a la concreción de los hechos, no a su valoración jurídica. Es decir, si un juez duda sobre si se propinó o no una patada, debe dar por válido que esta no se produjo. Ahora bien, si estima que la patada se produjo, nada le obliga a encajarla en la modalidad del delito más beneficiosa al reo.

Ya veis el problema ¿no? ¿Cuándo debe dudar un juez? Pues, hoy por hoy, no hay parámetros claros. Se trata de una convicción íntima de la persona que juzga. Únicamente cuando albergue dudas debe absolver, ya que si no duda, puede condenar. Donde un magistrado puede ver pruebas insuficientes, otro puede darse por satisfecho.

“Es un error muy común, incluso entre en juristas, sobredimensionar el principio in dubio pro reo

Evidentemente, hay casos tan evidentes que negarse a condenar o a absolver costaría al magistrado una condena por prevaricación. Ahora bien, en supuestos inciertos, la convicción del magistrado en la inocencia o la culpabilidad del acusado degeneran en una valoración enteramente personal.

¿Qué implica la pena de inhabilitación del sufragio pasivo?

Siempre se ha dicho que la pena de inhabilitación para el sufragio pasivo impide presentarse a las elecciones. Esta impresión se ha visto reforzada por el hecho de que normalmente esta pena se haya impuesto acompañada de la inhabilitación para el ejercicio de cargo público cuando se imponía a un funcionario o político y que se impusiera en solitario a quien aún no ostentaba ningún cargo electo.

Como hemos señalado, el principio de favorecer al reo, sólo afecta a los hechos. En otras palabras, no hay obligación alguna de optar por la interpretación normativa que más le favorezca. La máxima prioridad es interpretar la resolución condenatoria de manera que esta tenga sentido.

“siempre se ha dicho que la pena de inhabilitación para el sufragio pasivo impide presentarse a las elecciones”

En principio no habría problema en interpretar que la pena del sufragio pasivo se limita a impedir que te presentes a las elecciones. Ahora bien, entonces no tendría sentido la sentencia del Tribunal Supremo donde deja claro que esa pena sobrevive al pago de la multa.

En estas circunstancias prevale la interpretación de que el derecho al sufragio pasivo no es meramente el derecho a presentarse a las elecciones, sino que abarca el derecho a intervenir en los asuntos públicos a través de cargos electos. En contraposición la pena de inhabilitación para ejercer cargo público afecta a puestos políticos electos, no electos y funcionariales.

Entre esta interpretación en gran medida novedosa del Código Penal y la polémica sobre si el testimonio de la víctima era convincente, ya lo decíamos, la sentencia de Alberto Rodríguez no quedará entre las mejores del Supremo. Por supuesto, si una sentencia es mejor o peor, da pie a un recurso, no a la desobediencia, ni más ni menos que de la Presidencia de las Cortes.

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