Ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contestó a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español hace meses. Preguntaba, en concreto, el Supremo, si Junqueras había adquirido la condición de diputado europeo en el momento de ser elegido, o sí, por el contrario, era necesario el acto formal de retirada del acta en Bruselas, para adquirir tal condición y con ella la inmunidad.

Cuando se preguntó a la justicia europea, en julio, Oriol Junqueras se encontraba en prisión preventiva, ahora ha resultado condenado en firme a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación para cargo público y por tanto, está inhabilitado para ser europarlamentario, por lo que ni será excarcelado, ni se anulará su condena, por mucho que deliren, eufóricos, sus conmilitones.

Del mismo modo, aunque se permita al fugado Puigdemont y a su socio Comin, recoger su acta de eurodiputados y con ello gozar de la inmunidad que la norma europea da a sus representantes, esta no significa que gocen de impunidad. Bastará con que Llarena se dirija a la Eurocámara en una suerte de Suplicatorio para poder proceder penalmente contra sus parlamentarios. Después de unos días de micrófonos, abrazos y alharacas, volverá la cruda realidad de un futuro judicial oscuro y una condena más que segura para ellos.

Esa misma mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenaba a un año y medio de inhabilitación al actual Presidente de la Generalitat, Torra, por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos del balcón de la Generalitat en plena campaña electoral. Aunque esta sentencia es recurrible ante el Supremo, en unos meses será apartado de su cargo por lo que previsiblemente se celebrarán nuevas elecciones en Cataluña, las enésimas en los últimos años.

Por más que unos, los de Junts per Cat celebren el futuro advenimiento del fugado Puigdemont y otros, los de Esquerra, clamen por la libertad del delincuente Junqueras, la realidad es que ni uno ni otro pueden esquivar el pago por sus delitos, que nada tienen que ver con sus ideas políticas sino con meter la mano en la caja para llevar a cabo un delirante plan de independencia en el que ni ellos mismos creían. Recordad a Puigdemont declarando la independencia de Cataluña pero solo la puntita…

Si en España, el principal partido de la izquierda no estuviera secuestrado por la imperiosa necesidad de un pacto anti natura con los independentistas catalanes, todos sus integrantes hubieran salido en defensa pública de la Justicia española como pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, uno de los más modernos y reconocidos internacionalmente. Pero no, todo han sido declaraciones ambiguas rozando la descalificación, para que los de ERC no se les levanten de la mesa de negociación.

Pero el papel de la oposición también ha sido vergonzante. En lugar de explicar a la opinión pública que la Justicia europea no ha puesto en tela de juicio nuestra judicatura sino aclarado una cuestión prejudicial de derecho procesal, en lugar de defender que España es una democracia plena y homologable a las más avanzadas del mundo y ningún rebelde catalán va a hacerla zozobrar, en lugar de pensar en el interés general, andan sacando las cosas de quicio para demostrar que Pedro Sánchez es un descerebrado que quiere pactar con los que humillan a España en los tribunales europeos.

Titulares de prensa desquiciados aparte, el fracaso del independentismo catalán es tan grande que ya no aspiran a ser una república independiente de España sino a que algún Tribunal, aunque sea el de Trinidad y Tobago, les dé la razón en alguna escaramuza procesal y les permita seguir viviendo del cuento y cobrando del momio público unos meses más. Solo así se explican los selfies del fugado Puigdemont en el Pleno de la eurocámara, los tuits eufóricos del rufián de Rufián y los aplausos y vítores del inhabilitado Torra en video conferencia con el fugado.

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