Con todos sus frentes judiciales cerrados, el rey emérito regresó esta semana a España. Después de un fin de semana de regatas en Sanxenxo, apenas ha encontrado agenda para dejarse caer por Zarzuela, antes de volver a Emiratos Árabes Unidos. Aunque, técnicamente, no todas las causas legales se han sobreseído. En Londres siguen pendientes de juzgar a Juan Carlos De Borbón y Borbón por acoso a su otrora amiga entrañable. ¿Cómo es posible que en un país extranjero sí le pueda juzgar y España no?

Aunque prefiero centrarme en aspectos técnicos, rehuyendo la polémica, debo empezar diciendo que, a mi modo de ver, el ex rey era juzgable en España. Sí, una gran parte de hechos polémicos, los ocurridos durante su reinado se encuentran blindados por la inviolabilidad. Sin embargo, desde su abdicación en 2014 hasta la fecha, hay conductas que deberían haberle llevado al banquillo de los acusados. Y fijaos que no habla de condenas. La culpabilidad en la criminalidad fiscal y financiera es muy compleja. Pero como mínimo un juicio.

“técnicamente, no todas las causas legales se han sobreseído. En Londres siguen pendientes de juzgar a Juan Carlos De Borbón y Borbón por acoso a su otrora amiga entrañable.”

Si esto no ha ocurrido, ha sido porque la Agencia Tributaria ha dispensado a Su Majestad un trato mucho más dulcificado que a otros ciudadanos. Más o menos lo mismo cabe decir de nuestra Fiscalía. Baste con recordar que el fiscal suizo se quejó del escaso interés que España mostraba en investigar las cuentas del emérito en la banca helvecia, lo que mataba la investigación en la práctica.

En todo caso, no es menos cierto que la inviolabilidad blinda al rey en una gran parte de su trayectoria personal está amparada por el art. 56 de la constitución que le consagra inviolable, al menos en España. Sin embargo, esto no le ampara en el extranjero. Contra lo que pueda parecer, no somos un caso excepcional tampoco en paradoja.

“la Agencia Tributaria ha dispensado a Su Majestad un trato mucho más dulcificado que a otros ciudadanos”

Muy común es que el Jefe del Estado no pueda ser juzgado mientras ocupa el cargo. Este sería el caso de Francia y Estados Unidos. Si el Presidente de la República comete allí un delito, sólo puede afrontar una destitución, un impeachment parlamentario. Una vez fuera del cargo, un tribunal sí podría juzgarle.

Este modelo presenta importantes diferencias entre países. Francia, sin ir más lejos, suspende los plazos de prescripción de los delitos cometidos por el Jefe del Estado. Gracias a eso Chirac pudo ser juzgado y condenado por delitos cometidos como alcalde de País, en los años previos a su entrada en Elisio (1995), más de una década después cuando dejó la Presidencia gala.

“Ahora mismo, en nuestro país hay dos ciudadanos con pasaporte español que sus propios tribunales no pueden juzgar. Uno es Felipe VI. El otro, Joan-Enric Vives.”

Más difícil será juzgar a un Presidente por delitos cometidos aprovechando su cargo. Tales hechos siempre se enjuiciarán ante un tribunal especial, la Corte de Justicia de la República. Este tribunal híbrido se compone de 3 jueces de la Corte de Casación (una variante de nuestro Tribunal Supremo), seis diputados y seis senadores. Sus veredictos suelen ser un poco… controvertidos.

Sin ir más lejos, cuando juzgó a la actual Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, por hechos ocurridos cuando era Ministras de Finanzas, la Corte de Justicia de la República la declaró culpable, a la vez que se negó a imponerle condena alguna. ¿Motivo? Lagarde era entonces Directora del Fondo Monetario Internacional y la sentencia argumenta que condenarla supondría obligarla a dimitir, lo que sería un agravio para la imagen internacional de Francia.

“En Francia, los delitos de los miembros del gobierno los juzga la Corte de Justicia de la República, compuesta de 3 jueces seis diputados y seis senadores”

Ya vemos que todos los países tienen sus excepciones a eso de que la justicia es igual para todos. En Estados Unidos no existen tribunales especiales, pero no se congelan los plazos de prescripción. Por tanto, si alguien cometió delitos antes de convertirse en Presidente es muy probable que prescriban durante su mandato, especialmente, si aguanta ocho años en La Casa Blanca.

¿Y los delitos cometidos mientras era Presidente? Teóricamente, al dejar el cargo, cualquier tribunal ordinario puede investigarlos. Sin embargo, en la práctica esto resulta extremadamente difícil, pues gran parte de la información a investigar se declararía clasificada. En más de 200 años, únicamente Ulysses Grant (1869-1877) ha afrontado una investigación judicial tras abandonar La Casa Blanca.

“todos los países tienen sus excepciones a eso de que la justicia es igual para todos

En España, las Cortes Constituyentes decidieron hacer al rey inviolable. Algunos juristas sostienen que la inviolabilidad se refiera únicamente a los actos públicos del Jefe del Estado, pero no a su vida privada. El hecho de que no se le pudiera juzgar por delitos como particular, aseguran, sería irracional e incoherente jurídicamente hablando.

Mi opinión es que la constitución es bastante injusta pero cristalinamente clara. El rey no puede ser juzgado por ningún tribunal. Esto no afecta sólo a delitos, no se le puede reclamar judicialmente la paternidad. Técnicamente, un divorcio entre él y la reina tendría que ser de mutuo acuerdo, ya que un tribunal civil no podría tramitar un divorcio contencioso (unilateral) a solicitud de Leticia Ortiz.

“las Cortes Constituyentes decidieron hacer al rey inviolable”

¿Incoherente? Me permito recordar que en España el senado y el congreso tienen que dar su autorización para que se juzgue a senadores y diputados y también… para cobrarles multas de tráfico, entre otras cosas. Y si no autoriza, sus señorías quedan absolutos y/o con las multas perdonadas. Repito que estos privilegios no me agradan lo más mínimo, pero desde el punto de vista de la coherencia, está claro que nuestro ordenamiento jurídico abre la puerta a numerosas excepciones.

Además, hemos de recordar que, en lo que al rey se refiere, la constitución distingue entre “inviolabilidad” e “irresponsabilidad”. La primera se le atribuye genéricamente y sin límites: “El Rey es inviolable” dice el texto. La segunda se refiere únicamente a su rol como Jefe de Estado, señalando que son responsables de sus actos como tal los miembros del Gobierno.

“¿Incoherente? En España el senado y el congreso tienen que dar su autorización para que se juzgue a senadores y diputados y también… para cobrarles multas de tráfico”

Si este estatus, a todas luces abusivo, no agrada la solución es fácil: reformar la constitución.

Ahora volvamos al principio. ¿Por qué Inglaterra puede juzgar a Juan Carlos por hechos ocurridos en su reinado y nosotros no?

La inviolabilidad es una prerrogativa o privilegio permanente. Los diputados, por ejemplo, son inviolables por las manifestaciones que realicen en el ejercicio de su cargo. Luego si en el Congreso un diputado revela secretos, veja a alguien, amenaza o insulta, nunca podrá ser juzgado. Todo lo hecho al amparo de la inviolabilidad de un cargo queda blindado para los tribunales que la reconocen. El problema, salta a la vista, es que el Rey no es sólo inviolable por sus declaraciones -que no es poca cosa- sino por todas sus conductas.

“en la esfera internacional, el rey no tiene inviolabilidad, sino inmunidad internacional como Jefe de Estado”

Ahora bien, en la esfera internacional, el rey no tiene inviolabilidad, sino inmunidad internacional como Jefe de Estado. En principio, cuando un cargo te garantiza inmunidad, esto impide que seas juzgado mientras ocupas el cargo, pero cuando la dejas en teoría ya te pueden juzgar. Si un diputado comete un delito fiscal, el Tribunal Supremo necesita el permiso del Congreso para juzgarle. Pero cuando deje el cargo, cualquier tribunal puede juzgarle.

A nivel internacional, la inmunidad funciona de una manera diferente. Se pide permiso al afectado. Imaginemos que Felipe VI viaja a Francia y roba unos yogurts, la justicia francesa le dirá que tiene 48 horas para abandonar el país. Si decide quedarse, se entenderá que consiente en ser juzgado como un extranjero más. Estos mismos privilegios se aplican a los diplomáticos y sus familiares.

“Felipe VI viaja a Francia y roba unos yogurts, la justicia francesa le dirá que tiene 48 horas para abandonar el país”

Más discutido estaba si la inmunidad internacional persistía después de dejar el cargo. En parte gracias a un juez español, Baltasar Garzón, se clarificó este asunto. Corría el año 1998 cuando Pinochet visitaba una clínica médica en Londres.. Como ex Presidente, en su país, Pinochet tenía reconocida la inviolabilidad reforzada por una amnistía. ¿Pero si viajaba al extranjero como ciudadano privado, le seguía amparando la inmunidad internacional por lo que hubiese hecho cuando era Jefe del Estado?

La orden de detención interpuesta por el juez Garzón acabó en la Cámara de Lores, que entonces aún ejercía funciones de tribunal constitucional. El veredicto fue que la inmunidad internacional no seguía vigente. Para fortuna del dictador, consiguió ser extraditado a Chile y no a España alegando unos dudosos problemas de salud.

“La situación judicial de Juan Carlos se parece a la de Pinochet”

Salvando las importantes diferencias, para lo que aquí nos interesa la situación es parecida a la del emérito. Por eso, Juan Carlos puede ser juzgado en el extranjero por lo que hizo mientras era rey y no en España. Esto me lleva a una última anécdota para cerrar por hoy.

Ahora mismo, en nuestro país hay dos ciudadanos con pasaporte español que sus propios tribunales no pueden juzgar. Uno es Felipe VI. El otro, Joan-Enric Vives. ¿Que quién es? El Obispo de la Seo de Urgell y Copríncipe de Andorra. Nuestro rey es inviolable por mandato constitucional. Monseñor Vives es inmune como Jefe de Estado extranjero. Ahora bien, si ambos abdicaran, la inviolabilidad de Felipe de Borbón y Grecia se mantendría para todo lo que hubiese hecho durante su reinado, mientras que a Joan-Enric Vives sí podríamos juzgarle.