La ilustrísima titular del Ministerio de Igualdad este fin de semana envío un tuit a la red de redes:

Como ya he mencionado en alguna ocasión, estoy bastante sensibilizado con la tragedia de la mutilación genital femenina (MGF). Y creo que, si me habéis leído, se me nota un poco que estudié Derecho. Apenas había acabado de leer el tuit y ya tenía en la mente el art. 149.2 del Código Penal, redacción de 2003:

“El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años”

Os prometo que releí el tuit y antes de responderle con indignación –cosa que al final hice- tratando de buscarle algún sentido a aquellas palabras. No se me ocurría cómo…

Escrito por la Ministra o por quien quiera que gestione esa cuenta, ese tuit sólo pueden escribirlo las manos frívolas de una mente desinformada. ¿Dónde queda la dignidad de las víctimas de la MGF, cuando quien integra el Consejo de Ministros desconoce la regulación penal contra sus verdugos?

Aclaremos que desde el Código Penal de 1822 hasta el actual de 1995, mutilar cualquier parte del cuerpo ajeno ha sido delito. A instancias de diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Derechos del Niño y, por supuesto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 2003, se introdujo en España una muy necesaria precisión que nos permite castigar la MGF como una modalidad específica de lesiones muy graves.

«¿Dónde queda la dignidad de las víctimas de la MGF, cuando quien integra el Consejo de Ministros desconoce la regulación penal contra sus verdugos?»

El lenguaje es perverso en la boca de los políticos. Le pregunto al lector, leyendo el tuit de Irene Montero ¿qué entiende cuando la ministra dice que la MGF es una forma de violencia machista? Y lo más importante ¿puede una mujer ser autora de violencia machista? Lo digo porque en la vasta mayoría de los casos, la MGF la inflige otra mujer.

Los orígenes de esta brutal costumbre parecen remontarse más de 3.000 años a la región que hoy ocupan Sudán, Etiopía y Somalia. De ahí se ha ido extendiendo a otras regiones y tribus africanas. Además, se ha documentado su presencia en pueblos indígenas americanos, si bien, a fecha de hoy sólo la tribu emberá de Colombia la practica de modo generalizado. Para muchas de estas culturas, la MGF se concibe como una especie de ritual de paso de la niña a la mujer. En otros casos, especialmente cuando la mutilación se provoca en la temprana infancia, subyace detrás una concepción de pureza e inocencia castradora, en el sentido literal y metafórico de la palabra.

Pese a admitir que el machismo afecta a hombres y mujeres, el feminismo institucional siempre ha vedado la posibilidad de que una mujer pueda ser autora violencia machista. De ahí que me sea aún más difícil hallar una interpretación comprensible del tuit de Irene Montero, a no ser que…

¿No se referiría nuestra ministra a reconocer la MGF como violencia machista a efectos estadísticos? No, no puede ser, ya hemos dicho que en la mayoría de los casos la autora suele ser una mujer. Aunque quién sabe… quizás aprovechando el desconocimiento social sobre la MGF el Ministerio de Igualdad quiera engrosar algunas estadísticas sin desdecirse de algunos dogmas.

«La MGF suele producirse durante unas vacaciones en el país de origen o bien la víctima ya llega mutilada por primera vez a nuestro suelo»

¡Nah! Nunca hay que culpar a la maldad de lo que podamos culpar a la estupidez. Menos aun cuando se trata de políticos.

¿Quiere el Ministerio de Igualdad una propuesta útil sobre la MGF? Contrarreformen el art. 23.4.l de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde 2015 sólo podemos juzgar a un autor de MGF cometida fuera de nuestras fronteras si:

  1. El autor/sospechoso tiene nacionalidad española,
  2. El autor/sospechoso es un extranjero que reside habitualmente en España; o
  3. La víctima, en el momento de ser mutilada, tuviera nacionalidad española, residencia habitual en España, siempre que el presunto autor se encuentre en España.

Por tanto, si se encontrara de paso en España quien se sospechara que cometió MGF y su víctima no era española ni residía en nuestro país cuando fue mutilada, ni siquiera podríamos detener a esta persona y menos juzgarla o condenarla.

Aclaremos una cuestión, en la mayoría de casos es imposible para las autoridades españolas, determinar quién mutiló. La MGF suele producirse durante unas vacaciones en el país de origen o bien la víctima ya llega mutilada por primera vez a nuestro suelo.

«La MGF suele advertirse durante exámenes ginecológicos o pediátricos de menores con residencia en España»

Por eso, la práctica totalidad de las condenas de nuestros tribunales recaen sobre padres y madres que, si bien es incierto que fueran los autores activos, son condenados en comisión por omisión, es decir, por no haber protegido a sus hijas de la MGF, pese a tener, como titulares de la patria potestad, el deber de hacerlo.

Imaginemos ahora este caso: una familia extranjera pasa unos días en España o se encuentra en uno de nuestros aeropuertos a la espera de un trasbordo. En ese momento, su hija se empieza a sentir mal, pongamos que le dan fuertes vómitos y hay que llevarla a un hospital de urgencias, donde por casualidad el examen médico advierte que ha sido mutilada. ¿Os creéis que tendremos que dejar partir a los padres y la hija sin más en cuanto la pequeña mejore? Pues eso.

¿Se trata de supuestos raros e improbables? Ciertamente. La MGF suele advertirse durante exámenes ginecológicos o pediátricos de menores con residencia en España. Sin embargo, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que no quede ninguna laguna de impunidad contra esta práctica, cuando un tribunal español tenga ocasión de perseguirla, parece mucho más útil y, desde luego, menos insultante que tuitear frivolidades con una cartera ministerial bajo el brazo y un perpetuo tono de superioridad moral en la boca.

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