Que agentes de Policía Nacional echen una puerta abajo sin amparo legal inquieta. Ver al Portavoz del Sindicato de la Policía Nacional y leer un comunicado amparando dicha conducta indigna. El corporativismo asoma su fea cabeza para justificar lo injustificable.

El Tribunal Constitucional ha dejado claro cristalino que la inviolabilidad del domicilio del art. 18 de la constitución no ampara únicamente a la vivienda o residencia tal como la entendemos. Abarca primera y segundas residencias todo el tiempo, habitaciones de hotel o albergue cuando haya clientes.

Carece de importancia si el inmueble no reúne las condiciones de domicilio o si se ha ocupado ilegalmente. Resulta irrelevante si el residente no se encuentra en ese momento en la casa/habitación de hotel. Tampoco puede vulnerarse la inviolabilidad del domicilio con la excusa de que se entra a detener a quien no es residente allí. La constitución protege la presunta función de domicilio –aunque luego no sea tal- de un espacio.

Por ese motivo, la protección también se extiende a barcos y caravanas, y, excepcionalmente, incluso a coches, si efectivamente son el lugar de residencia (STC 10/2002). No se protegen, en cambio, espacios de la vía pública, tales como cartones ubicados en una esquina o los bajos de un puente. Tampoco las celdas penitenciarias (STC 11/2006). El caso de las chabolas es más controvertido. Habría que atender a cada caso, según sus características y al concreto espacio en que se ubica.

Según el comunicado del cuerpo policial, se actuó debidamente al echar abajo la puerta de un domicilio a golpe de ariete sin orden judicial. ¡¿Por qué?! La peregrina excusa es que se estaba cometiendo un delito flagrante de desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

Y yo que pensaba que después del microchip 5G de la vacuna tardaría en volver a oír una de tan gorda…

A ver, en efecto, se puede entrar en domicilio con orden judicial, consentimiento del propietario/inquilino/okupa, o si se está cometiendo un delito flagrante. Empecemos por matizar que ha de tratarse de un delito suficientemente grave para una persona y/o sus bienes como para justificar que no saltemos la orden. ¿Ejemplos? Alguien está secuestrado, siendo agredido o bien un tercero se ha colado en su casa y le está prendiendo fuego.

Aunque hay excepciones, en general, en los delitos sin víctima concreta, casi mejor que pedir la orden antes de echar la puerta abajo.

Luego está la cuestión de la desobediencia a la autoridad. El art 556 del Código Penal, efectivamente, castiga la desobediencia o resistencia grave a la autoridad que no pueda considerarse delito de atentado (art. 550 CP). El atentado del Código Penal es cualquier agresión o resistencia grave a la autoridad, con violencia o intimidación.

En su sentencia 837/2017, la Sala Penal del Tribunal Supremo aclaró que serían formas de atentado la residencia activa grave. En la ratio del art. 556 CP encontramos la resistencia pasiva grave –no hacer, no obedecer- o la resistencia activa no grave –sin violencia o intimidación o cuando estas tengan “carácter moderado”.

En cuanto a la resistencia pasiva no grave, sólo será delito cuando ser utilice contra la orden de una autoridad, como un juez o un ministro. En cambio, desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, la resistencia pasiva no grave contra agentes de la autoridad –policías- es una infracción administrativa.

A más a más, recordemos que el delito de desobediencia grave protege el orden público, entendido como “la tranquilidad o normalidad para el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas” (STS 108/2015). Por mucho ruido que se haga en un piso en una fiesta, cuesta imaginar una lesión grave del orden público.

En resumen, en mi humilde opinión, no había delito de desobediencia grave. La orden judicial era inexcusable. ¿Alternativas al juzgado de guardia? Se deja a alguien en el rellano y en el portal y conforme vayan saliendo, identificación y multa.

En estas últimas horas, la desestimación del habeas corpus solicitado por los detenidos ha embravecido a los portavoces de la Policía Nacional. Como no sé qué ha pasado, no quiero ser categórico con este tema, pero dejo algunas ideas:

  1. Si se detuvo por delito del 556 CP, sin dar a los sospechosos ocasión de identificarse, en mi entender, la detención es inadmisible… por este motivo.
  2. Si hubo negativa a identificarse, la Ley de Seguridad Ciudadana permite una modalidad de detención especial y breve para identificar en la comisaría a las personas en cuestión –sean o no sospechosas de un delito. Esto podría llegar a tener un pase, aunque para mí todo está viciado por la vulneración de la inviolabilidad del domicilio.
  3. Importante, en el habeas corpus se hace un examen muy limitado del caso. No se entra a valorar si había o no delito por parte de uno u otro. Simplemente si la detención es o no ilegal.
  4. La autoridad de un juez no deriva sin más de su cargo, sino de la calidad de su argumentación jurídica. No sería la primera vez que se desestima un habeas corpus y luego el Tribunal Constitucional (sentencia 83/2019) corrige y dice que lo correcto hubiese sido poner en libertad a los detenidos.

Un último detalle y perdonad si sueno equidistante, no es mi intención. La chica del vídeo va un poco de enterada. La policía debe lucir su número de identificación en lugar visible o en su caso solicitarlo. Eso sí, ni están obligados a dar su nombre y apellidos ni existe un ¿estatuto orgánico? –creo que eso dice- de la Policía Nacional.

Y una posdata si me permitís. Por diversos motivos, siento un gran afecto y aún más admiración por los cuerpos policiales. Por eso, creo que flaco favor se les hace defendiendo lo indefendible.

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